La Justicia avanza en la investigación del ataque al Comité Nacional de la UCR y pidió al partido aportar pruebas, como las grabaciones que registraron las cámaras ubicadas en la puerta del edificio y en el hall de entrada. Si bien en la madrugada del sábado intervino la Policía de la Ciudad, que tomó las huellas y la declaración de los caseros de la sede radical, esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le envió un mensaje al presidente del radicalismo, Martín Lousteau, para informarle que las fuerzas de seguridad nacionales colaboran con sus pares porteños para esclarecer los hechos.
La conducta conciliadora de Bullrich contrasta con las declaraciones de Javier Milei, que a través de sus redes sociales sugirió la idea de que el ataque a la sede radical se trataría de un autoatentado por parte del Lousteau. El mismo día de los hechos, el Presidente vinculó al senador con el asalto en sus propias oficinas y deslizó, sin brindar explicaciones, que el episodio podría estar relacionado con la negativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
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LA NACION consultó con el Ministerio de Seguridad respecto de si hay evidencias suficientes para que Milei sostenga esta acusación en sus redes sociales, pero no obtuvo una respuesta.
“La documentación que hay en el Comité Nacional está relacionada con las actividades partidarias. Lo que dijo que el Presidente no tiene nada que ver”, confiaron en la UCR.
Este contrapunto constituyó el porqué del tenso ida y vuelta de Lousteau y la ministra. El senador no dejó pasar esta divergencia entre el Presidente y su funcionaria. Si bien le agradeció a Bullrich la información, cuestionó “la compatibilización” de estas dos posturas y le envío una nota con las declaraciones de Milei, según pudo saber LA NACION.
“Tremenda casualidad”, escribió el Presidente en su cuenta de X, donde compartió un artículo alusivo a lo sucedido en la sede partidaria, en Alsina 1786, a 100 metros del Congreso. “Justo cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorías, a 125 le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos”, agregó en referencia al presidente del partido centenario, autor de la resolución 125 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Las declaraciones del Presidente generaron el repudio de funcionarios de la Justicia, como Martín Ocampo, procurador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la UCR porteña. “El Presidente es el encargado de la seguridad federal y de los partidos nacionales. ¿Qué hizo Milei para garantizar la seguridad del partido?”, retrucó.
El jurista y especialista en derecho constitucional Roberto Gargarella también objetó la postura del Presidente. “Creo que la Corte debería tomar cartas en el asunto/ dictar una acordada/ exhortar al presidente a que deje de usar su lugar de privilegio para promover violencia, deje de acusar a personas por cometer crímenes que luego no prueba. Una tarjeta amarilla, antes de sacarle roja”, consideró en su cuenta de X.
Creo que la Corte debería tomar cartas en el asunto/ dictar una acordada/ exhortar al presidente a q deje de usar su lugar de privilegio xa promover violencia, deje de acusar a personas por cometer crímenes q luego no prueba. Una tarjeta amarilla, antes de sacarle roja https://t.co/q06Rjesnuo
— roberto gargarella (@Rgargarella) November 3, 2024
La causa del ataque a la sede de Alsina al 1700 se inició de oficio en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, producto del llamado a la policía por parte de los cuidadores del edificio. Bajo el número de expediente 1078568, tramita en la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Federico Tropea, que junto a la fiscal auxiliar Malena Mercuriali llevan adelante la investigación de los delitos previstos en los artículos 150 (violación de domicilio) y 183 (daños) del Código Penal. Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Falta N°28, a cargo de María Julia Correa, subrogado por la jueza Rocío López Di Muro.
Según pudo saber LA NACION, los caseros del Comité Nacional de la UCR, un matrimonio y su hija, habían salido esa misma noche, poco antes del ataque, para acompañar a un familiar a tomarse un colectivo. Por eso, cuando inició el asalto, a la 1.18 de la madrugada, la familia no se encontraba en el lugar. Cuando volvieron, casi quince minutos antes de las 2, los hombres que habían ingresado al Comité escaparon por donde habían entrado: el edificio lindante a la sede partidaria.
Los atacantes lograron irrumpir en la planta baja, así como en el primer y el segundo piso, donde “revolvieron y rompieron” lo que encontraron en las oficinas principales. Entre los elementos, referentes de la UCR aseguran que dejaron tirados notebooks, elementos de oficina, un proyector y otros materiales de trabajo. No reportaron ningún robo.
Desde el llamado a las fuerzas de seguridad y tras la intervención de la Justicia, hay una consigna policial en la puerta del Comité Nacional.
“Tiene todas las características de un acto intimidatorio contra el presidente del partido”, afirmó un colaborador de Lousteau a este medio. El senador nacional se encuentra en los Estados Unidos.
En un comunicado del Comité Nacional, el partido repudió el ataque y exigió “un rápido esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables“.
