El broker amigo de Alberto Fernández se quedó con el 60% de las comisiones pagadas a las aseguradoras

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Maria Cantero, Hector Martinez Sosa y su amigo Alberto Fernandez.

Héctor Martínez Sosa aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. Desde el comienzo del escándalo, “Hecky” intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja, María Cantero, la histórica secretaria, para abrir puertas en reparticiones oficiales. El poder lobby se traduce en los números: Martínez Sosa y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.

Al momento de citar a indagatoria a Alberto Fernández y a otras 38 personas, el juez Julián Ercolini destacó la relación de amistad de “Hecky” Martínez Sosa y el expresidente y los regalos que le hacía el empresario junto a su pareja. En los chats de la causa se mencionan corbatas, relojes, y hasta un cuadro original de Perón y Evita abrazándose.

En 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero compró un Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada, pero los peritos lograron recuperarla. El destinatario era el “Gordo” Daniel Rodríguez, un nexo privilegiado entre el Presidente y Martínez Sosa.

No fue el único reloj lujoso que compró Cantero. El 8 de diciembre de 2019, dos días antes de la asunción del flamante presidente, la secretaria entró a la oficina a los gritos y se dirigió a Alberto Fernández: “Mirá lo que te compramos con Héctor”. Adentro de la bolsa había un Rolex.

El reloj Tag Heuer que Cantero compró en 2019 para el “Gordo” Daniel Rodríguez, un nexo privilegiado entre el Presidente y Martínez Sosa.

Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. La cifra crece a $ 416.546 .348 si se suman las comisiones cobradas en 2024 ($ 21.732,54 en 2020, $ 29.750.137 en 2021, $ 156.679.420 en 2022, $ 228.982.902 en 2023, y $ 1.112.155 en 2024).

Pero detrás de Martínez Sosa había varios “satélites” que actuaban como una pantalla del empresario. Sumando a esos intermediarios, las comisiones treparon a $ 2.297.820.134, un 59,6% de todas las comisiones liquidadas por Nación Seguros entre 10 de diciembre 2019 y el 09 de diciembre de 2023.

En su resolución, Ercolini citó a ocho empresas y brokers que funcionaban como satélites. Muchos de ellos también deberán declarar ante el juez en las próximas semanas: Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.

A eso se suma la empresa Bachellier, que obtuvo la póliza de Gendarmería y sumó otros $1.363 millones.

Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Martínez Sosa gestionó esa póliza de manera directa. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza. “Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante”, le cuenta a su mujer el 8 de julio de 2021.

Severino es uno de los citados. Deberá presentarse el 2 de diciembre.

Martínez Sosa y Andrés Severino, el ex jefe de Gendarmería.

Martínez Sosa figura en la declaración jurada de Fernández por una vieja deuda en dólares. “Es real que tengo una relación de muchos años con el expresidente Alberto Fernández y que hace 15 años le hice un préstamo (aún impago) expuesto en mis declaraciones juradas”, dijo el broker apenas estalló el escándalo en el comunicado. Desde que Alberto Fernández asumió como presidente, la deuda mantuvo la misma cifra y el mismo acreedor: $102.240.

Detrás de “Hecky” aparece Pablo Andrés Torres García, que tiene conexiones aceitadas con el PRO y otras fuerzas políticas. Sumando a sus intermediarios (San Ignacio, TG Broker, y París Broker), ese empresario acumuló comisiones por $654.396.501, un 16,96% de las comisiones liquidados por Nación Seguros entre 10 de diciembre 2019 y el 09 de diciembre de 2023.

En tercer lugar, siempre según la resolución de Ercolini, aparece la empresa Castello Mercuri. Con sus intermediarios, habrían recibido $412.306.308, es decir, un 12,25% de las comisiones.

La acusación con Fernández y las irregularidades detectadas

Luego de ocho meses de investigación, el juez Julián Ercolini acusó a Fernández de controlar la maniobra para designar a los brokers de seguros, con la asistencia de un grupo de ex funcionarios de Nación Seguros que le respondían de manera directa: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo (de Nación Seguros) y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.

Los investigadores detectaron que las irregularidades para designar a los brokers para la ANSeS, donde un funcionario mandó un nota firmada de puño y letra por fuera del sistema oficial de comunicación, denominado GDE, se repitieron en más de 20 organismos como la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, y el Ministerio de Seguridad de la Nación. “El titular del organismo o el encargado del área correspondiente emitía una carta de designación por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónico, mediante un claro proceso irregular y direccionado en beneficio estos últimos”, detalló el juez.

La lista de organismos donde se detectó algo similar incluye a la Gendarmería, Corredores Viales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Vialidad, el Ministerio de Turismo y Deportes, INVAP, la Casa de Moneda, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; y el Ministerio de Ambiente.

También aparece el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Fondo Nacional de las Artes, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Dioxitek SA, y la Junta de Seguridad del Transporte.