En el gobierno de las mil internas, el Senado no es la excepción. El blanco preferido es Victoria Villarruel, a quien el “triángulo de hierro” que componen Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo pretende reducir a la ominosa función de “tocar la campanita” para llamar a sesión, frase con fuerte carga peyorativa con la que tradicionalmente se describió el limitado rol que la Constitución le asigna a los vicepresidentes.
Por atrás de los fuegos de artificios verbales de la diputada nacional Lilia Lemoine, que de manera periódica se encarga de atacar públicamente a la vicepresidenta, la Casa Rosada ha venido realizando una tarea de zapa con el objetivo de socavar el poder de Villarruel, en un intento por quitarle protagonismo y correrla del sitial de interlocutora privilegiada del Poder Ejecutivo en la Cámara alta.
En el entorno de la vicepresidenta reconocen los embates y no disimulan el disgusto, pero tratan de bajarle el tono a la disputa, en particular en la relación con el Presidente, a pesar de que Milei se encargó en las últimas dos semanas de agitar la interna y cuestionó sin medias tintas la decisión de Villarruel de reivindicar la figura de María Estela Martínez de Perón instalando un busto de la expresidenta en el Salón de las Provincias del Senado, luego de visitarla en España.
Al amparo de las negociaciones por el tratamiento de cuestiones que requirieron la atención del Gobierno –la Ley Bases y la reforma fiscal, los pliegos para la Corte de Ariel Lijo y Manuel García-Masilla, por ejemplo–, la Casa Rosada se preocupó por desplazar a Villarruel del centro de la escena y direccionar las negociaciones con los senadores hacia funcionarios con despacho o con terminal política en Balcarce 50.
Así, en los últimos meses Santiago Caputo aceitó de manera acelerada sus contactos con varios senadores, de quienes se ha convertido en el interlocutor exclusivo en su relación con el Gobierno, sobre todo de aquellos que provienen de bloques menores o que no tienen o están enfrentados con los gobernadores de sus provincias. Este grupo fue, junto a la UCR y Pro, uno de los pilares que le permitieron a Villarruel asentar su poder en el Senado en diciembre pasado, cuando logró armar una mayoría funcional de 39 votos para contener la ofensiva de un kirchnerismo, que pretendía impedir que la vicepresidenta ubicara a personas de su confianza en las secretarías Administrativa y Parlamentaria, órganos clave para controlar el funcionamiento de la Cámara alta.
Pueden dar fe de esta relación directa con la Casa Rosada senadores como Lucila Crexell (Neuquén) y los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, quien en hace ya varios meses que tienen fluidos contactos con Caputo, con quien negocian sus respaldos a las políticas del Gobierno de manera directa, sin pasar por el despacho de la vicepresidenta.
En el caso de Espínola, la confianza que ha establecido con el todopoderoso asesor presidencial llegó al extremo de que, según coinciden varios de sus colegas del Senado, es a quien la Casa Rosada le encomendó la tarea de conseguir las firmas para el dictamen que impulsa a Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Como informó LA NACION, el trámite del pliego del juez federal se encuentra estancado por la negativa del Gobierno a negociar la ampliación del tribunal o ceder uno de los dos lugares y entregárselo a quien elija Cristina Kirchner, exigencia planteada por el kirchnerismo para aportar sus votos en el recinto.
“No lo vemos como una amenaza, es lógico que el Gobierno tenga que negociar con los senadores”, replica un colaborador de Villarruel con despacho del primer piso de la Cámara alta, quien asegura que la vicepresidenta sigue manteniendo con la mayoría de los bloques la buena relación que supo forjar desde que asumió el cargo.
Las negociaciones por las nominaciones a la Corte también le permitieron poner un pie en el Senado al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, satélite de Caputo en el manejo de la cartera que, en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona.
Amerio se ha convertido en el nexo de la Casa Rosada con la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), presidenta de la Comisión de Acuerdos y quien tuvo a su cargo conducir el trámite legislativo de los pliegos judiciales que impulsa el Poder Ejecutivo.
Ante la negativa de Tagliaferri, por no ser oficialista, a involucrarse en las negociaciones políticas por las nominaciones a la Corte, fue el segundo del Ministerio de Justicia quien recorrió algunos despachos buscando las firmas para el dictamen de García-Mansilla, tarea en la que también se involucró el jefe del bloque libertario de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). El resultado, en este caso, tampoco es satisfactorio. Ya han pasado más de dos meses desde que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral expuso en audiencia pública en el Senado y su dictamen tiene, según habría admitido Amerio en charlas con senadores, menos apoyos que el de Lijo.
Contactos con el kirchnerismo
Caputo, es además, quien mantiene una interlocución mucho más fluida de lo que se podría creer con senadores kirchneristas, una veta que Villarruel nunca exploró en profundidad por su pública aversión a los legisladores que responden a Cristina Kirchner.
Los contactos con Eduardo De Pedro (Buenos Aires) por los cargos en la Corte Suprema no son los únicos que el asesor presidencial tiene en el bloque de Unión por la Patria. La firma en el dictamen que impulsa el pliego de Lijo de un senador de la bancada que preside José Mayans (Formosa) es un claro testimonio de los meandros subterráneos que unen la Casa Rosada con miembros de la principal bancada de oposición de la Cámara alta, que van mucho más allá de las buenas relaciones públicas de la Casa Rosada con gobernadores peronistas como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En el caso de otros bloques, como la UCR, el Gobierno apeló a otros funcionarios que empezaron a desplazar a Villarruel del centro de las negociaciones. En este caso, cobran protagonismo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su segundo, José Rolandi. Este último se convirtió en un verdadero comodín para la Casa Rosada desde que comenzó a recorrer los despachos de la Cámara alta a partir de la trabajosa negociación que demandó la Ley Bases.
Polea de transmisión entre el Gobierno y el Congreso, Rolandi integra hoy la comisión de enlace designada por el oficialismo para trasladar a la Cámara baja los pedidos de cambios al presupuesto 2025 de los bloques en el Senado.
La misión de este grupo, que además integran el diputado José Luis Espert y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, es evitar que la versión que apruebe Diputados sufra cambios cuando pase, casi seguro en diciembre, a la Cámara alta. La semana pasada, esta comisión mantuvo encuentros con bloques de la Cámara alta (UCR y Provincias Unidas), para coordinar acciones.
