En los últimos días se difundieron las imágenes de dos jóvenes semidesnudos y atados a un poste y quien los puso ahí fue un hombre que esgrimió haber sido víctima de un robo, sin embargo, ahora está siendo investigado por incurrir en hechos de violencia. Aunque no son parte de la causa, el fiscal Daniel Escalante y el abogado penalista Ricardo Belbruno reflexionan aquí sobre este tema y advierten de lo riesgos de estas acciones, que son ilegales en un Estado de derecho.
La escena de los jóvenes fue tomada en el barrio San Justo en la ciudad de Salta, donde un vecino, luego de que le robaran, ante lo que señaló como una inacción de las autoridades, investigó y encontró por sí mismo a los supuestos ladrones. “Lo que no hace la Policía lo hacemos nosotros, por rastrero”, sostuvo en un video que filmó.
Esas imágenes encendieron el debate, que se renueva cada vez que surge un caso similar. Aunque la exaltación de esa figura del justiciero preocupa a profesionales del derecho y a las autoridades. Del otro lado, quienes justifican “la justicia por mano propia” evidencian también la crisis de credibilidad de las instituciones del Poder Judicial, el Ministerio Público y de Seguridad.
Ante el caso en cuestión, la fiscala Elisa Pérez inició una investigación para esclarecer “la posible responsabilidad” del vecino y lo investiga por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y lesiones. La causa se abrió tras la difusión de lo ocurrido por iniciativa del propio implicado, y por “otros incidentes similares ocurridos antes”, informó el Ministerio Público aunque no detalló mucho esos hechos.
El organismo dio a conocer que la madre de uno de los jóvenes atados, denunció que su hijo tiene una discapacidad física y resultó lesionado. Aseguró que el domingo, “día de la Mmdre”, se encontraban en Rosario de Lerma, lo que descartaría su participación en el robo señalado en esa fecha.
Además, el titular del predio de Bomberos denunció que un grupo de vecinos ingresó al lugar produciendo desmanes.
Pérez dio a conocer que respecto a los hechos de robo denunciados, no se presentaron pruebas ni se acreditó la participación de los jóvenes. Durante la requisa policial, tampoco se encontraron pertenencias ajenas en su poder, lo que obligó a una identificación simple, mientras continúa con la investigación.
El fiscal Daniel Escalante conversó con Salta/12 sobre las implicancias y las consecuencias que puede generar la justicia por mano propia. “El derecho a la justicia está contemplado, es un derecho humano y se le respeta, ahora bien canalicémoslo a través de las vías legales”, sostuvo.
“Esto no es un hecho novedoso, recordemos que hubo casos también en Buenos Aires y en otras provincias en donde se tomó este tipo de prácticas. Obviamente esto no está permitido por la ley actual”, señaló.
“El Estado se arroga la solución del conflicto, se lo quita al ciudadano”, explicó el fiscal. Antes de esto, “estaba la famosa ley del talión, la famosa vendetta y después aparecen otro tipo de sanciones pero eran más bien sociales, lo manejaba la sociedad. Esto trajo consecuencias obviamente y después con el devenir del tiempo en épocas actuales (…) se crean diferentes figuras, primero estaba el juez, después se crea el órgano fiscal, en donde ya directamente el órgano fiscal se arroga y ahora por la Constitución nacional, la fiscalía representa los intereses generales de la sociedad y el principio de legalidad“.
“La víctima no queda afuera. Hay diferentes figuras ahora y hubo una reforma muy importante a nuestro código procesal en donde la víctima tiene también injerencia para definir el conflicto a través de lo que se llama el querellante particular. A través de los métodos composicionales, la mediación, la conciliación, llamamos a la víctima para que nos dé su punto de vista. También inclusive en la ejecución de la pena cuando se condena a un sujeto y se le están por dar algunos beneficios”, explicó.
De esta manera el fiscal sostuvo que en el sistema normativo actual, “a través de diversos remedios procesales o herramientas procesales se le da este derecho a la palabra a la víctima. O sea, el sistema judicial no le quitó completamente el derecho a la participación a la víctima”, resaltó.
“Vamos a esta hipótesis de decir, bueno, la víctima resuelve por sí sola el conflicto. Hay un riesgo importante“, advirtió Escalante. Uno de esos riesgos latentes es que se acuse a la persona equivocada y que se determine la supuesta autoría sólo en base a comentarios. También, que se incurra en delitos, que pueden ser más graves que el cometido por la persona a la que se acusa. El fiscal recalcó que “hubo muchos casos así”. Precisamente, para contrarrestar esto, “existe el proceso penal”.
Que el enojo no obture la verdad
“Yo entiendo a la gente porque el derecho penal maneja mucho el tema de las emociones y las pasiones. Está indignada y es entendible. El sistema penal lo comprende y lo entiende, pero es necesario pasar todo este tamiz procesal para decir que existió el hecho (o no) y (si existió) quién fue el autor. Estos son los dos aspectos importantes para un proceso”, indicó el fiscal.
En el mismo sentido, el abogado penalista, Ricardo Belbruno, quien se dedica sobre todo a la defensa, dijo a Salta/12, que “es entendible a veces el enojo, la molestia que tiene la persona al ser pasiva de un hecho delictivo, pero hay que saber también que el Estado le dio la potestad de perseguir los delitos al Ministerio Público Fiscal. Entiendo que se debe dejar que el Ministerio Público Fiscal a través de sus auxiliares y la policía puedan llevar a cabo su tarea”.
Belbruno consideró que “si avanza la cuestión de la venganza por mano propia, en vez de ser un progreso para la sociedad, va a ser un retroceso, volviendo a lo que era el ojo por ojo, diente por diente. Eso de que la violencia genera más violencia es cierto, hay que darle un corte, pero no es la salida que se tomen estas medidas”. El penalista sostuvo que “es necesario que la sociedad reflexione”.
Destacó también la necesidad de la “confianza” en la justicia, y manifestó que “muchas veces hay cuestiones que la sociedad desconoce de cada caso en particular“.
Por su lado, el fiscal señaló que “el sistema penal no puede permitir este tipo de acciones donde exista el serio riesgo de sancionar o condenar o hacer la vindicta pública a alguien que capaz que no fue o no estuvo en el lugar del hecho”. Mencionó que incluso en algunos casos puede haber alguna “razón o excusa absolutoria”, de las previstas en el Código Penal.
“Pueden haber pasado un montón de cosas que uno no sabe. Cuando uno llega al lugar del hecho, sobre todo la fiscalía (…) tiene que investigar el trasfondo, que es todo lo que pasó y esto lleva un tiempo“, sostuvo.
Juicio por jurados
Ante la sociedad “que reclama justicia”, para el fiscal Escalante, una respuesta interesante serán los jurados populares que se pretenden implementar en Salta.
“Creo que es la expresión máxima de intervención de la ciudadanía. Los mismos ciudadanos van a estar sentados escuchando todos los pormenores del caso para que decidan si una persona es culpable o no. Este proyecto si es que se da, bienvenido. El mismo ciudadano va a escuchar todo lo que pasó, todos los pormenores y todo lo que se investigó”, sostuvo el fiscal.
Sin embargo, Escalante evaluó también que para implementar el juicio por jurados tiene que haber más capacitación y concientización en la sociedad y difundirse los derechos de las víctimas para que sepan cómo proceder por las vías legales.
“Te lo digo a nivel personal, siempre vi que la rama, el derecho penal, tiene que ser la salvadora de todos los conflictos sociales, cuando muchas veces se puede resolver multidisciplinariamente”, dijo además Escalante. Resaltó la importancia de instancias como la mediación para la resolución de diversos conflictos que pueden evitar el proceso penal y también la relevancia de la intervención de otros organismos competentes e incluso de otras ramas del derecho a la hora de aportar soluciones.
