Desde Roma Después de 10 años de trabajo, la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores creada por el Papa Francisco en 2014, dio a conocer este martes su primer balance mundial que no habla de éxitos completos a nivel de protección de los menores en materia de abusos, pero sí de una mayor apertura para tomar conciencia de las responsabilidades y para hablar y discutir sobre el tema. Pero menciona también varios fracasos.
“Reconozco que todavía queda mucho por hacer” pero “agradezco al Papa Francisco por haberse ocupado de los sobrevivientes y por haberse comprometido en este esfuerzo”, declaró en la rueda de prensa de presentación del documento el chileno Juan Carlos Cruz, que fue victima de repetidos abusos de parte de un sacerdote cuando era jovencito y hoy es parte de la Comisión Pontificia. Cruz, cuyo abusador fue el cura chileno Fernando Karadima, a quien el Papa expulsó de la Iglesia por sus crímenes contra menores y seminaristas, empezó a luchar para que se condenaran estos hechos hace 15 años. Hoy es arquitecto y periodista y vive en España. “En aquel momento nunca me habría imaginado que este día llegaría, que llegaríamos a este resultado”, añadió. “Me preocupan todavía, por ejemplo, algunos obispos del mundo que no obstante todo lo que ha sucedido, ignoran estos casos. Y hay víctimas inocentes que son invisibles al mundo, que no quieren hablar porque es demasiado doloroso. Y nadie ha presentado a ellos hasta ahora un proyecto o un lugar donde pueden ir a hablar y ser acompañados”. Algunos, si viven en buenas condiciones, pueden “tener un abogado” para defenderse. “Pero muchos otros, que viven sufriendo, han perdido toda esperanza y se han suicidado”, concluyó Cruz que recordó en sus palabras a todos los ya desaparecidos.
Por su parte el canadiense cardenal y arzobispo emérito de Boston (USA), Sean Patrick O’Malley, que es presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, dijo que “en estos diez años nuestro trabajo no ha sido fácil. Hemos escuchado muchas víctimas y ahora somos capaces de compartir el fruto de nuestras investigaciones. La Iglesia está haciendo un gran esfuerzo por promover un ambiente seguro para los menores”.
El Informe
El Informe anual se basa en una serie de datos e informaciones proporcionados por distintas instituciones de la Iglesia en distintos países a los miembros de Grupo Regional de la Comisión. Pero no todas las iglesias regionales del mundo han proporcionado información. “Mientras algunas instituciones y autoridades eclesiásticas demostraron un claro compromiso en materia de tutela, otras están recién comenzando el proceso de asunción de la responsabilidad”, dijo el texto. En algunos casos, en efecto, la Comisión descubrió una “preocupante falta” de estructuras dentro de la Iglesia que estén preparadas para que la gente pueda señalar los casos de abusos y para que se dé asistencia y acompañamiento a los abusados, como había sido pedido por el “Vos estis lux mundi” del Papa Francisco en 2019.
El texto señaló asimismo que en estos diez años de servicio se ha visto a líderes de la Iglesia que han sido objeto de medidas administrativas ineficientes o de ninguna sanción. “Esta realidad revela la necesidad de un procedimiento disciplinario o administrativo que conduzca a la dimisión o la eliminación del cargo” del acusado, subrayó.
En algunos países, la Iglesia ha decidido respetar primero las decisiones de la justicia penal local y luego empezar un juicio por derecho canónico (es decir vaticano), como por lo demás había sido indicado por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe en 2022. Pero esta espera viene interpretada por muchas víctimas como un “ulterior silencio de parte de la Iglesia”, dijo la Comisión, que aclaró además que “grupos de víctimas han referido que en algunos países, la reputación de la Iglesia aparece como una prioridad respecto a la protección de las víctimas y sobrevivientes”.
La Comisión propone además promover una visión común en toda la Iglesia sobre los abusos y recoger información confiable, a fin de favorecer una mayor transparencia también en los procedimientos que se inician por abuso clerical.
En cuanto a las compensaciones para los abusados y sobrevivientes, de lo que se ha hablado en muchos países y que están vigentes, la Comisión explicó que no se trata sólo de recursos financieros sino que se trata de ayudar a las víctimas a emprender un camino de recuperación. Y en este camino es importante también el reconocimiento de los errores de parte de la Iglesia local, las excusas públicas y otras formas de acercamiento a las víctimas y a su comunidad.
Para seguir progresando en su trabajo, la Comisión dijo además que quiere ampliar la participación de víctimas en la misma comisión, aunque ya están incluidas algunas además de Juan Carlos Cruz.
En las Américas
Las comisiones nacionales, los laicos y en particular las mujeres, han tenido un rol importante en materia de tutela en distintos países, dijo el documento.
Pero los “elevados riesgos sociales, sobre todo en América Central, contribuyen a difundir el abuso, la explotación y la violencia contra menores y adolescentes. Según Unicef, dos tercios de los menores de 15 años sufren alguna forma de violencia con castigos corporales, a veces permitidos incluso en las escuelas. En América Central, una mujer joven de cada cuatro convive con un hombre o se casa antes de los 18 años. Los abusos son cometidos principalmente en el ámbito familiar, en el 74% de los casos.
Pero si bien se conocen estos datos sociales, “faltan detalles sobre los abusos en el ámbito eclesiástico”, destacó el texto. El Grupo Regional de la comisión que ha estado trabajando lo atribuye a una “cultura del secreto o a estructuras que señalan inadecuadamente los casos o tienen recursos limitados”.
En América Latina las iniciativas de tutela han sido más lentas y menos comprensivas respecto de los países de Norteamérica. Las conferencias episcopales locales han demorado mucho en proporcionar documentación respecto de los abusos. “La cultura del machismo, la violencia y la falta de conciencia en materia de derechos de los menores y de los adultos vulnerables plantea grandes desafíos a las iglesias locales. Otro factor de riesgo que golpea sobre todo América Central es el uso de drogas y de bebidas alcohólicas, los casos de menores no acompañados y las dificultades en los sistemas de seguridad publica y de justicia civil. Ha habido un número de casos de abusos y de negligencia que se han verificado en el periodo que se confeccionó el Informe especialmente en Bolivia, México, Venezuela y Chile. “Muchas de estas comunidades no hacen públicos sus procedimientos ni estructuras no obstante sean objeto de graves casos de abusos y negligencia en al gestión de las denuncias”, concluyó el informe.
Esta síntesis no significa que los abusos no existan o no hayan existido en los demás países latinoamericanos. Es posible que en muchos casos simplemente no haya información suficiente, negada tanto por la justicia local como por las iglesias locales.
