Duro reclamo del Gobierno a la UBA en plena puja por el presupuesto universitario

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En medio del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales por la asignación del presupuesto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, emitió un duro reclamo a la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego de que anunciara que iniciará acciones legales ante la intervención de la Sigen para auditar los fondos.

A raíz del documento publicado por la UBA en el que argumentó “por qué el Poder Ejecutivo”, a través de esta medida, busca “controlar lo que se enseña y aprende”, Álvarez se mostró en contra y apuntó a la institución por las auditorías. “Es interesante porque desde 1994 tenemos la misma Constitución y misma Ley de Educación Superior y Ley de Administración Financiera. Sin embargo, en 2011 la Sigen hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, no hubo ningún planteo. En 2017 se hizo una completa revisión y tampoco hubo problema. Hay antecedentes de la Sigen sobre la UBA y el resto de las universidades nacionales hasta 2022″, indicó el funcionario en diálogo con radio Mitre.

En esa misma línea, continuó: “De pronto se dieron cuenta en 2022 de que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo de [el vicerrector de la UBA Emiliano] Yacobitti con el kirchnerismo a través del [exprocurador del Tesoro Carlos] Zannini, le cerraron la puerta a la auditoría de la Sigen, que volvimos a abrir con un dictamen”.

Además, contó un episodio en la Universidad Nacional de Tucumán. “La Sigen detectó una irregularidad muy grande, hoy están en juicio, cobraba regalías de una minera para la construcción de una ciudad universitaria, no la construyeron y el dinero no está. El secretario de Hacienda se esa universidad, que está procesado junto al rector es de Yacobitti, se llama Luis Sacca”, dijo Álvarez.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación de la Nación

Tras esto, aseguró que el presupuesto necesario está garantizado, a excepción de los salarios de los docentes, que se establecen a través de las paritarias. “Todos los programas que están en ejecución están financiados. Que alguien me explique dónde está el recorte. Todo lo que estamos haciendo está financiado y actualizado, ¿dónde está el recorte?”, justificó, para luego sumar sobre la pérdida de poder adquisitivo de los docentes: “La actualización salarial no está en el presupuesto. Eso se da con paritarias. Si la oposición lo quiere incluir [en el Presupuesto 2025] haciendo una previsión, es correcto eso”.

“Si yo te financio todas las carreras y no te incluyo la actualización salarial que es por paritarias, ¿dónde está el recorte? ¿Cómo querés expandir la matrícula si no estás generando graduados? Tenés que retener a los alumnos y proyectar la graduación. No podés construir edificios si no tenés demanda de alumnos. La inclusión no se hace construyendo edificios y nombrando docentes, se hace reteniendo a los alumnos y que se gradúen. El sesgo que se ha tenido durante mucho tiempo es que construir edificios es defender la educación, pero defenderla es que los chicos aprendan”, aseveró el funcionario.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra tomas, paros y clases al aire libre, minimizó las marchas y aseguró que el cuatrimestre va a terminar con normalidad. “Supongamos que aproximadamente el sistema universitario tiene entre 1.000.000 y 1.700.000 alumnos. No podemos tomar de referencia a 60 alumnos mezclados con médicos en la Plaza de Mayo como una medida de lo que está pasando”, insistió. “Yo te puedo contar lo que está pasando en la realidad de las universidades. El cuatrimestre no se perdió, se dan clases. Como los alumnos no quieren paros ni tomas han optado por el paro activo sin interrumpir las clases. Va a terminar con normalidad el cuatrimestre”, agregó y remarcó que con los paros se “están violando el derecho de los alumnos” a aprender. “Hay un profesor que amenazó con no tomar exámenes, es una violación directa al derecho”, reveló.

El comunicado de la UBA

La UBA señaló en un comunicado este viernes que realizará ”una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno” y aclaró cuáles son los mecanismos a los que se somete regularmente “en cumplimiento de las leyes vigentes”. En tanto, indicó que “defenderá el principio de la libertad de cátedra utilizando todos los medios y recursos que estén a su alcance”.

En un documento titulado “SÍ a las auditorías, no a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la institución educativa superior detalló cómo rinde sus gastos regularmente “mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y la convierte en uno de los entes más auditados y controlados del sector público”. Además, insistió en que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores.

Por otra parte, señaló que la Sigen no tiene las competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N°24.156 dice “en términos indudables” que ese ente “puede controlar las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.

Además, la universidad denunció que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y sostuvo que el Ejecutivo “quiere controlar la libertad académica”.

Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.

El conflicto universitario escaló cuando el Presidente vetó la ley de financiamiento universitario, aprobada en el Congreso, que asignaba mayores partidas para las instituciones nacionales. Desde aquel entonces, estudiantes y docentes realizaron una masiva marcha en defensa de la universidad pública. Frente a esto, Milei aseguró que el no arancelamiento de la educación “no está en discusión” y defendió las auditorías. Mientras tanto, el sector universitario denuncia una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los docentes y materializa su reclamo a través de paros, tomas de varias sedes y clases al aire libre.

Tras el comunicado de la UBA del viernes, el Presidente cargó contra el sector universitario al estimar que la negativa a las auditorías “no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginado, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es peor a lo imaginado”.

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