Desde inicios de su mandato, el gobierno de Javier Milei ha brindado muestras sobradas de una posición geopolítica controvertida. No solo niega el cambio climático –y con ello se opone a toneladas de papers que aseguran la participación humana en el fenómeno–, sino que de manera reciente, se opuso a la Agenda 2030, propuesta en 2015 por Naciones Unidas y firmada por los jefes de Estado de 193 países. De manera reciente, un grupo de científicos del Conicet publicó un editorial en Biological Conservation, que recibió el respaldo de reconocidos investigadores del área y referentes de otros campos. En el artículo, observan: “Esta nueva posición de Argentina deja al ambiente y al bienestar del país en una situación cada vez más precaria”.
En declaraciones durante su última participación en la Asamblea de la ONU, el presidente argentino señaló que la Agenda 2030 era de “corte socialista”, y exhortó a todo el cuerpo diplomático y a la cancillería a alinearse con las ideas del gobierno. Así lo expuso el mandatario: “Aunque bienintencionada en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”.
Para poner en contexto, dicha Agenda constituye una hoja de ruta de amplio consenso en 2015, en donde los países firmantes se comprometieron con el desarrollo sostenible. Un plan de acción “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, que actualmente el gobierno libertario rechaza. A partir de 17 objetivos y 169 metas, Naciones Unidas buscaba abarcar las esferas económica, social y ambiental, de cara al final de esta década. Al ofrecer su compromiso, las naciones –entre las que se halla Argentina– se comprometían a realizar acciones orientadas a responder a las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Javier Nori, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, es uno de los principales responsables del artículo y lo explica a Página 12. “La Agenda 2030 es un esfuerzo intergubernamental promovido por la ONU para mitigar, entre otras cosas, la crisis ambiental sin precedentes, como lo señalan prestigiosos artículos. Fue adoptada en 2015 y casi 10 años después, tras una evaluación minuciosa de los avances y desafíos, la agenda ha sido reforzada por el reciente Pacto para el Futuro”. Y continúa con el detalle: “La Agenda y el Pacto, basados en ciencia, buscan guiar a tomadores de decisiones, académicos, donantes, empresas y la sociedad civil hacia una visión y metas compartidas que vinculen sociedad y naturaleza”.
Afuera del mundo
Al respecto, otra de las autoras principales, Micaela Camino –Investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Nordeste– apunta: “Las metas incluyen cuestiones como la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, abordando al mismo tiempo aspectos sociales como la erradicación del hambre. Esto tiene gran relevancia para América Latina y, en particular, para Argentina, ya que los problemas que busca resolver son urgentes”. Por ello, “separarnos de la Agenda 2030 nos aleja de un esfuerzo internacional amplio y nos posiciona junto a un grupo reducido de países que han optado por no adherirse, como Irán, Rusia y Corea del Norte. Esto también limitará nuestras oportunidades de cooperación internacional para enfrentar la policrisis actual”.
En el texto, Nori y compañía destacan algunos datos del país que son alarmantes. Por ejemplo, que la desertificación avanzó en un promedio de 650 mil hectáreas por año; que el área cultivada creció de 15 a 40 millones de hectáreas en el lapso 1988-2000; que en 2020 más de un millón de hectáreas fueron quemadas. A ello, se suman otros datos de corte estructural que vuelven cada vez más difícil, para Argentina, cumplir con las metas de desarrollo sostenible. En 2024, la pobreza casi alcanza el 53 por ciento y la extrema pobreza el 18 por ciento; así como también, refieren que prácticas como la pesca ilegal en el Mar Argentino ocasiona pérdidas que rondan los 2.6 billones de dólares anules.
Alejandro Valenzuela, también referente del trabajo y científico del Conicet, relata: “El rechazo a la Agenda 2030 podría aislar al país y reducir su acceso a fondos internacionales cruciales para inversiones en infraestructura resiliente y políticas de conservación y adaptación climática, así como a capacitaciones y apoyo para políticas que aborden la crisis social y ambiental en Argentina. En esencia, nos alejamos de una visión integradora de desarrollo que busca incluir a las poblaciones marginadas, reducir la pobreza y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de los sistemas naturales que sustentan nuestras vidas”.
Compromiso científico
El aporte fue firmado por Alberto Kornblihtt, Esteban Jobaggy, Rubén Quintana, Pablo Penchaszadeh, Bibiana Vilá y Juan Carlos Reboreda, entre otros científicos y científicas que se dedican a los más diversos campos disciplinares, pero que exhiben su compromiso con un enfoque integral de cuidado de la naturaleza y reducción de la desigualdad socio-económica imperante.
Según precisa Nori, la Agenda 2030 y sus metas condensan el resultado de años de trabajo y evidencia científica. “Estas metas surgen del trabajo de científicos destacados a nivel global en nuestro campo. Según la evidencia científica más contundente generada hasta la actualidad, trabajar en función de estos objetivos tendría impactos socioambientales positivos, en este, y en cualquier país”.
La mirada integral, que conecta la relación entre las distintas crisis como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la distribución desigual de los efectos de la contaminación, es sintetizada por Christopher Anderson, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Son problemáticas que no pueden abordarse de manera aislada y requieren una aproximación integral que conecte la conservación ambiental con el bienestar humano”.
Y luego Anderson opina sobre la necesidad de sumar a otros actores a las metas de desarrollo sostenible: “Es necesario incorporar también perspectivas no solo científicas, sino de actores sociales como las comunidades locales y los pueblos originarios. Además, los factores que generan estas crisis ocurren en escalas locales, nacionales y globales, lo que subraya la necesidad de una acción articulada, como lo propone la Agenda 2030 ”.
