Para el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la “deep motosierra” está funcionando a pleno, con perspectivas de seguir sumando miles de despidos en la administración pública hasta fines de año.
A las 10.000 intimaciones –6800 de ellas a empleados de planta permanente– que ordenó hoy Sturzenegger a través del Boletín Oficial para avanzar con el trámite de jubilaciones, se suman los 40.000 contratos transitorios que vencen a fines de año y que deberán atravesar previamente el examen de idoneidad, establecido también por el ministro al que Milei llama “coloso”.
A este recorte se uman los 3000 despedidos que dejará como saldo la reciente disolución y reconversión de las AFIP, anunciada el lunes pasado; las bajas en el Senado dispuestas por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y la “reorganización” de distintas áreas de gestión. Todo junto conforma un combo que busca aproximarse a los 75.000 despidos que el propio Milei planteó como meta en junio pasado. Precisamente ese número de empleos, para el gremio de los estatales, ATE, es el que “está en riesgo”, según estimaron fuentes de ese sindicato. ATE, uno de los gremios estales junto con UPCN, lleva ya contabilizados 28.000 despidos.
Fuentes oficiales defendieron la ofensiva, que comenzó a principios de año, con el objetivo de contribuir al equilibrio fiscal y el déficit cero que promueve el Gobierno como uno de los pilares de su política económica.
“En diversas áreas hay reducción de personal y pase a disponibilidad o se trata de organismos que se achican, se eliminan o se fusionan”, explicaron desde un importante despacho oficial.
Desde la Jefatura de Gabinete, que encabeza Guillermo Francos ,explicaron que “en una primera etapa quedaron afuera de la planta los ñoquis que no venían a trabajar”. Poco después comenzó la evaluación de los empleados que sí concurrían, pero que no tenían “funciones relevantes”. Ahora, argumentaron, se acelerará en la fusión o cierre de organismos, secretarías y direcciones, tal como ocurrió, por ejemplo, con el INADI, el Ministerio de la Mujer, la agencia de noticias Télam, organismos que fueron cerrados o reducidos a su mínima expresión.
En la lista de despedidos podrían incluirse, en breve, parte de las plantillas de las empresas estatales a privatizar, como AySA (podría suceder en marzo), Aerolíneas Argentinas y Arsat, en un futuro no tan cercano.
Dos días después de anunciar, a través del portavoz Manuel Adorni, el cierre de la AFIP y su reemplazo por otro organismo denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno intimó, a través de la Resolución 3/2024, a 10.000 empleados públicos a que comiencen el trámite jubilatorio. Son aquellos empleados que ya cumplen con los requisitos para jubilarse, con un plazo máximo de 30 días.
“Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en respuesta a la medida de ajuste.
La amenaza para los 40.000 empleados públicos cuyos contratos vencen el último día de 2024 será el examen de idoneidad, a rendirse en las próximas semanas. Según fuentes oficiales, “uno de los requisitos que deberán cumplir para continuar en sus cargos”, será precisamente ese examen, cuyo contenido se mantiene en reserva, aunque su formato sería digital. Fuentes oficiales estimaron que “no todos los que rindan ese examen quedarán afuera”, aunque evitaron precisar un estimativo del porcentaje de empleos que serán ratificados.
Aunque lejos de la mesa chica del poder, la vicepresidenta Victoria Villarruel también lleva adelante un ajuste en la planta de empleados del Senado. Ayer se conoció el despido de 20 empleados con contratos transitorios que desempeñaban funciones en comisiones bicamerales. Se suman a los 36 trabajadores de la planta permanente que fueron despedidos el viernes.
Ante este panorama, desde ATE plantearon una jornada nacional de lucha, con un paro de 36 horas a partir del martes 29 próximo a las 12 del mediodía, que incluirá una movilización a las puertas del ministerio que encabeza Sturzenegger. El reclamo, según explicó ATE en un comunicado, será “la inmediata reapertura de las paritarias para frenar la pérdida del poder adquisitivo en el sector público”, más “la exigencia por el cese de despidos y cierre de organismos, y la reincorporación de todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados durante esta gestión”, explicaron.
