Uruguay cierra el calendario electoral de Latinoamérica en una semana. El domingo 27 se realizará la primera vuelta de las presidenciales con once candidatos. Si ninguno obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el desenlace se postergará para el segundo turno del 24 de noviembre. Yamandú Orsi del Frente Amplio lidera todas las encuestas y Álvaro Delgado, del Partido Nacional es el mejor posicionado entre sus socios de la Coalición en el actual gobierno. Andrés Ojeda, del Partido Colorado, creció en los sondeos pero sus porcentajes no le alcanzarían para desplazar al delfín político del actual jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, en el muy probable balotaje.
Las elecciones no solo definirán al futuro presidente – la posibilidad de reelección está vedada en Uruguay – ya que también se renovará la totalidad del parlamento. Los 30 senadores y 99 diputados que lo integran. Pero además, en los comicios donde el voto es obligatorio se someterán a plebiscito dos temas: una reforma previsional que promueve la baja en la edad jubilatoria y fue promovida por la central sindical del PIT-CNT y la atribución para que el Estado ejecute allanamientos nocturnos que prohíbe la Constitución. Esta iniciativa partió de la coalición conservadora en el gobierno.
En el país vecino el padrón tiene 2.766.323 electores, hay que ser mayor de 18 años para participar en los comicios y no se permite el sufragio consular. Uruguay y Surinam son las dos únicas naciones de América del Sur con ese impedimento. El Frente Amplio intenta modificar esa restricción hace muchos años, por ahora, sin éxito. Promovió un plebiscito en 2009 y lo perdió.
Se calcula que casi 600 mil uruguayos viven en el exterior y un gran porcentaje de esa cantidad en la Argentina. Muchos procuran regresar para votar el próximo domingo con su credencial cívica. Con relación a los comicios de 2019, hay 240 mil personas más en el padrón.
Las cuatro principales encuestadoras, Cifra, Equipos, Opción y Factum dan ganador en primera vuelta a Orsi, el exintendente de Canelones. En dos casos con el 44 por ciento, una el 43 y la restante 42. En promedio todas las consultoras reflejan una distancia de veinte puntos sobre el veterinario Delgado, y exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou entre 2020 y 2023. Un mandatario que se aleja en medio de denuncias de corrupción contra su gobierno.
El candidato con más expectativa de voto en la Coalición que completan el ultraderechista Cabildo Abierto y los partidos Colorado, Independiente y de La Gente, también tiene otro problema. Delgado y los blancos ven cómo se les acercó en los sondeos la candidatura de Ojeda, un joven abogado y habitual panelista de TV.
Entre los socios de la entente liberal-conservadora el que bajó de manera considerable sus porcentajes es el general retirado Guido Manini Ríos, hoy entre el 1% y el 4 en el mejor de los casos. En 2019 había acariciado el 11 por ciento de los votos en la primera vuelta.
Para el Frente Amplio el objetivo a cumplir en esta primera vuelta es obtener la mayoría que le permitiría dominar con más espalda política la Asamblea General, el equivalente a nuestro Congreso. Sobre todo en el Senado – en Diputados es más dispersa la composición de la Cámara – donde la fuerza de izquierda hoy tiene trece bancas. “La elección de octubre define fundamentalmente el parlamento”, había declarado Orsi en una entrevista reciente que le realizó este cronista en Buenos Aires.
El escenario para las elecciones dentro de siete días difiere de la potencial segunda vuelta que se daría el 24 de noviembre. Y es que, como hace cinco años cuando el Frente ganó con comodidad el primer turno – su candidato Daniel Martínez superó por diez puntos a Lacalle Pou -, en el balotaje se unieron las fuerzas de derecha y permitieron que el actual presidente ganara en una reñidísima votación.
Pero hay una diferencia que puede ser crucial con relación a 2019. Orsi, a diferencia de Martínez, saca hoy una diferencia de veinte puntos y no de diez sobre el candidato mejor posicionado del Partido Nacional. Y otro dato clave es que el Frente es la única fuerza que por sí sola y sin aliados, crece en las segundas vueltas.
La unidad que componen el Movimiento de Participación Popular (MPP) de José Mujica, los partidos Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano y varias expresiones de la izquierda uruguaya que forman el Frente, es una fuerza con militancia territorial en todo el Uruguay que tiene unos 500 comités de base. Su participativa vida política interna quedó demostrada en las últimas elecciones donde se decidió la fórmula presidencial Orsi-Cosse. Con holgura superó en votantes a los blancos.
La principal tensión que ha soportado en los últimos meses es la convocatoria al plebiscito para reformar el régimen de Seguridad Social. Cuando se confirmó que la junta de firmas había superado el 10 por ciento del padrón electoral en julio pasado, festejaron los sectores del Frente Amplio que impulsaban el cambio. Respaldan el referéndum el PIT-CNT, con su presidente a la cabeza, el dirigente metalúrgico Marcelo Abdala, los comunistas y socialistas. En cambio, el MPP, el propio Pepe Mujica y otros sectores agrupados en Frenteamplistas por el No, se pronunciaron en contra.
Carolina Cosse, la candidata a vicepresidenta de Orsi, expresó en diálogo con Página/12 el 30 de septiembre: “tenemos una mala ley ahora, producto de este gobierno que incumplió promesas de campaña. La organización de los trabajadores planteó un plebiscito modificando la constitución. En el programa del Frente Amplio hay algunas ideas que coinciden con el contenido de la papeleta del PIT-CNT. Por ejemplo, la jubilación a los 60 años, que el pilar del ahorro sea no lucrativo y algunas otras cosas”. En definitiva, se dejó en libertad de acción a la militancia del Frente para que decida.
El otro plebiscito que idearon los aliados de la Coalición en el gobierno se convocó para modificar el artículo 11° de la Constitución que establece: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo con orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. La derecha pretende habilitar los allanamientos nocturnos, según el senador blanco Carlos Camy porque “es importante que la Policía y la Justicia tengan una herramienta más para dotar de mayor eficacia su tarea de combatir el delito, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado”.
La historia uruguaya demuestra que solo una vez se aprobó un tema sometido a referéndum. Fue en 1989. Incluso veinte años después, en 2009, fue rechazada la posibilidad de terminar con la Ley de Caducidad o llamada Ley de Impunidad que impedía juzgar a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. La norma era de 1986 y solo había sido votada en la asamblea Nacional con el apoyo de blancos y colorados.
