El Gobierno trabaja en un plan de auditoría a las universidades públicas, que será llevado a cabo por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), bajo la dirección de Miguel Blanco. Esta medida implica un cambio en el enfoque de control de los fondos públicos destinados a las universidades que, desde 2022 y hasta ahora, había estado a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de las auditorías internas, si existiesen. El anuncio marca un nuevo paradigma en el control de los recursos universitarios, y, según el funcionario, la Sigen “está rearmando el equipo de trabajo para comenzar cuanto antes”.
Blanco explicó que la Sigen ya tenía experiencia en auditar universidades, pero esta tarea se había interrumpido en 2022 tras el dictamen de Carlos Zannini, entonces Procurador del Tesoro, que limitaba el control del organismo sobre las instituciones académicas, que fue revertido ayer por un dictamen de Rodolfo Barra, el nuevo jefe de los abogados del Estado.
Otra baja en Capital Humano: Leila Gianni dejará el ministerio de Pettovello
“La Sigen ya había auditado en el pasado hasta el dictamen de 2022. Ahora, estamos rearmando el equipo para retomar esas tareas, enfocándonos principalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, explicó Blanco. El funcionario destacó que, aunque algunas universidades habían solicitado auditorías de manera voluntaria, como la Universidad Nacional de La Matanza, el nuevo programa de auditorías será más abarcador y riguroso.
El síndico apuntó a que el criterio de prioridad tendrá en cuenta volúmenes de recursos. “En el caso de la UBA, habrá que comenzar por las facultades que reciben mayores montos de fondos y convenios, dado que cada facultad gestiona su parte del presupuesto de manera independiente”, señaló Blanco, anticipando que la magnitud de la UBA requerirá una planificación minuciosa.
El objetivo principal de estas auditorías, según Blanco, será verificar tanto los recursos que provienen del presupuesto nacional como aquellos que surgen de los convenios que las universidades firman con otras reparticiones del Estado. “Los fondos que manejan las universidades provienen de dos fuentes principales: el presupuesto nacional, que llega a través del Tesoro, y los convenios de trabajos que las distintas reparticiones encargan a las universidades. Ambos tipos de recursos serán auditados, especialmente en lo que refiere a cómo se utilizan y si las universidades subcontratan servicios en lugar de realizarlos con sus propios recursos, algo que ya ha sucedido en algunos casos”, agregó el síndico.
El proceso de auditoría se centrará en la revisión del sistema de control interno de cada universidad, así como en un muestreo que permita evaluar el uso de los fondos. “Lo que hacemos es verificar el sistema de control interno, estudiar los procesos y los controles que existen en cada repartición, y a partir de ahí, revisar el uso de los fondos mediante un muestreo”, detalló Blanco. Sin embargo, aclaró que la Sigen no intervendrá en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, como la designación de autoridades, la selección de profesores o el desarrollo de carreras académicas. “Nuestro trabajo no abarca la autonomía universitaria. Nos enfocamos exclusivamente en el uso de los recursos públicos”, subrayó.
El plan de auditoría será gradual y podría tomar varios meses antes de arrojar resultados concluyentes. No obstante, Blanco confía en que, en un plazo de uno a dos meses desde el inicio de las tareas, ya se podrán emitir informes parciales. “Dependiendo del volumen de trabajo, podríamos tener los primeros resultados en uno o dos meses. Estudiaremos los procesos y podríamos emitir informes parciales en ese tiempo”, estimó el funcionario, quien también señaló que los informes de auditoría serán públicos y estarán disponibles para cualquier ciudadano a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Los informes son públicos y pueden solicitarse a través de la web de Sigen. Además, estamos evaluando la posibilidad de publicar algunos de los informes directamente en la página web, como hicimos con los fondos fiduciarios este año”, añadió.
Blanco también explicó que, en caso de detectar irregularidades graves o indicios de corrupción, la Sigen no tiene la potestad de realizar denuncias judiciales, pero sí puede derivar los casos a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. “Si encontramos irregularidades serias, como indicios de corrupción, derivamos los casos a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía. Nuestro rol no es hacer denuncias judiciales, pero sí canalizar la información para que se investigue en profundidad”, aclaró.
La decisión del Gobierno de derogar el dictamen de 2022 que impedía a la Sigen auditar universidades fue recibida con satisfacción por el organismo, que venía solicitando esta medida desde hace tiempo. “Nosotros, junto con la Secretaría de Educación, veníamos pidiendo la derogación del dictamen. Considerábamos que no estaba en línea con la Ley de Administración Financiera, que establece que los recursos públicos están sujetos a auditoría por parte de la Sigen”, explicó Blanco, quien además de ser el síndico general es un conocedor del mundo universitario por su formación en la Universidad de Buenos Aires, donde además fue docente.
El desafío de auditar a las universidades públicas no es menor. Si bien algunas instituciones han mostrado resistencia en el pasado, Blanco confía en que la actual coyuntura permitirá avanzar sin mayores obstáculos. “Ha habido resistencia en el pasado, pero confío en que ahora se entienda la importancia de estos controles. Al final del día, se trata de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos”, finalizó.
