El plazo de más de un mes que se tomarán los jueces de la Cámara Federal de Casación para resolver el 13 de noviembre próximo si confirman la condena a 6 años de cárcel contra Cristina Kirchner, alimentó las especulaciones en los tribunales y en el mundo político acerca de las razones de fondo para un pronunciamiento que estaba previsto hace diez días. Para muchos, ese compas de espera imprevisto tiene relación con otro tema, aparentemente ajeno: el pliego del juez Ariel Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema.
Todas las fuentes señalan que se confirmará la sentencia a 6 años y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Los más maledicentes señalaron que esta demora en el dictado del fallo es coincidente con la elección de la presidencia del Partido Justicialista, que se define el domingo 17 de noviembre, la misma semana de la sentencia. El plazo es funcional al relato del Cristina Kirchner, que se prenuncia presidente del PJ y que siempre dijo que no se buscaba una condena en su contra sino la proscripción del peronismo.
Los corrillos, que recrudecieron, arrancan en el Palacio de Justicia y se extienden en el edificio de Comodoro Py 2002 en Retiro, donde tienen sus despachos los jueces de la Cámara de Casación que deben resolver el caso, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Los plazos procesales en este caso están todos vencidos. Los jueces concluyeron una serie de audiencias para escuchar a todas las partes antes de las vacaciones de invierno y desde ese día tenían 20 días hábiles para fallar. Pero eso no ocurrió.
El primer juez que votó es Gustavo Hornos, que preside la Sala. Su decisión está escrita desde mediados de agosto. Hornos se inclinaría por endurecer la condena a 12 años de prisión e incorporar el cargo de asociación ilícita, que reclamó el fiscal de Casación, Mario Villar, del mismo modo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani.
Ese voto empezó a circular entre su colega Borinsky, que le sigue en el orden de votación, que comenzó a debatir el asunto con el juez Barroetaveña. Para ese momento primaba en Borinsky la idea de que no correspondería aplicar la pena máxima para el delito de fraude, incluso tomando las 45 licitaciones como un solo hecho de fraude, tratándose de una persona primaria y sin antecedentes penales.
Borinsky, de hecho, participó en un fallo del 1° de agosto pasado que dejó firme la responsabilidad penal del exministro kirchnerista Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, pero se pronunció a favor de que se revise la pena de 5 años y ocho meses de prisión porque se aplicaron agravantes que no correspondían y no se aplicaron atenuantes que si correspondían. Un anticipo de lo que puede ser su voto en esta causa de Vialidad. Lo mismo sucedió en otra sentencia dictada en la ruta del dinero K, donde se pronunció por reducir las penas impuestas por el tribunal oral federal.
Pero al avanzar la deliberación, el juez Barroetaveña no compartía esta idea de Borinsky y su posición era dejar los 6 años como estaban y rechazar todos los recursos de todos los acusados y del fiscal Villar, Es decir dejar las condenas tal como fueron dictadas por el tribunal oral. Como para que haya una sentencia en un tribunal colegiado es necesario que haya dos votos coincidentes, Borinsky acordaría con Barroetaveña esta solución.
El Código Procesal Penal refiere en el art. 458 inciso 2 que el fiscal puede apelar la sentencia condenatoria, “cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida”. En este caso el fiscal de juicio, Diego Luciani, pidió 12 años y el tribunal oral impuso la condena de seis años, es decir que no es inferior a la mitad de lo pedido, sino justo la mitad. Este sería uno de los argumentos para rechazar el recurso de la fiscalía.
Hay otra cuestión. Si la Casación cambia las penas, el caso debería ser revisado en un recurso de Casación horizontal por otra sala del mismo tribunal, lo que habilita el “efecto extensivo” del recurso que permite que los jueces alteren otras condenas y no solo las corregidas en un primer momento. Todo esto representaba un escenario imprevisible. Entonces primó la idea de dejar todo como está.
Estas posiciones eran las que estaban presentes en el tribunal hasta el último día de septiembre, cuando parecía inminente un fallo. Pero esa decisión fue aplazada porque la defensa de la exvicepresidenta hizo planteos: un recurso extraordinario para apartar al juez Hornos del tribunal y, luego de que LA NACION informara sobre como estaban las posiciones en el tribunal, se presentó para dejar constancia de que las deliberaciones son secretas, bajo pena de nulidad.
Los jueces de la Casación se reunieron entonces el 8 de octubre, tras los festejos del año Nuevo Judío y decidieron aplazar todo un mes hasta el 13 de noviembre.
Hay razones formales, informaron fuentes del tribunal: le dieron vista del recurso extraordinario por la recusación de Hornos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y el 15 de octubre vence el plazo par que responda; la semana del 20 de octubre el juez Borinsky tiene previsto viajar a París, con la delegación oficial que recibirá el resultado de la evaluación del GAFI acerca de si la Argentina zafa o no de ingresar en la lista gris de países que no combaten el lavado de dinero; y el juez Barroetaveña tiene a fin de mes otro viaje previsto por lo que se tomará licencia.
La otra razón que explicaron en los tribunales obedece a la mecánica de elaboración de una sentencia: ya votó el juez Hornos, también lo hizo Borinsky y debe terminar de hacerlo Barroetaveña. Los tres votos, deben no obstante circular entre los jueces, que deben nuevamente ajustar su redacción para luego, compaginar la sentencia final que debe ser protocolizada y notificada a las partes.
Se eligió hacerlo mediante la convocatoria a una audiencia pública para leer el veredicto el 13 de noviembre, lo que también es inusual. Está previsto en el Código Procesal (art.469) y hay antecedentes de que en Casación se recurrió a este mecanismo en causas importantes como por ejemplo en los casos ESMA, Cromagnon, la tragedia de LAPA u Hotesur.
Si la Casación confirma la condena a seis años contra Cristina Kirchner, se descuenta que todos recurrirán a la Corte Suprema de Justicia, el fiscal y las defensas. Solo cuando la Corte rechace el último recurso de las defensas, es cuando el fallo queda firme y se ejecuta. Es decir Cristina Kirchner deberá cumplir su pena. Su edad de 70 le permite pedir al tribunal que la cumpla en su casa.
Los jueces de Casación tiene sus propias aspiraciones: Borinsky no oculta su deseo de ser procurador o juez de la Corte, Hornos fue mencionado en algún momento para la Procuración, y Barroetaveña aspira a seguir teniendo ascendencia para mejorar su situación y la de sus allegados.
La eventual llegada de Lijo a la Corte habilitó la versión de que podría pedir el expediente para analizarlo y que eso demoraría todo el proceso. Cualquier demora en estas circunstancias es tiempo a favor de la expresidenta. En consecuencia, la demora de la Casación jugaría como una ventana para esta jugada.
En el Gobierno, los negociadores del pliego de Lijo -ante la consulta de La Nacion– negaron haber intervenido para aplazar cualquier decisión de la Cámara de Casación. Sugirieron en cambio, que ese tiempo extra fue dispuesto por los propios funcionarios judiciales para conversar.
Mas allá de estas razones para la demora explicadas en los tribunales, el plazo de un mes para que se dicte el fallo alentó las especulaciones pues esta misma semana se supo que el dictamen con el pliego del juez Lijo para la Corte está cerca de ser aprobado por la Comisión de Acuerdos del Senado. Faltan dos firmas. Luego el dictamen debe ser tratado por el Senado y sólo el voto de los dos tercios de los senadores lo convertirá en juez de la Corte.
Uno de los elementos que puede ayudar en la negociación política con el kirchnerismo para la firma del pliego de Lijo -creen en los tribunales- es que su llegada ayude dilatar una sentencia que deje firme y ejecutable la condena a Cristina Kirchner.
El otro elemento es que la Cámara de Diputados avance un proyecto de ley de ampliación de la Corte, lo que permitiría también sumarle las cinco firmas que le faltan al pliego del otro candidato del gobierno para la Corte, Manuel García-Mansilla.
Mientras tanto, en el Palacio de Tribunales, la Corte espera, sin apuro. Tiene en sus manos otros dos recursos contra los otros dos juicios orales que debe enfrentar Cristina Kirchner: el del caso Hotesur y Los Sauces y el de la firma del Memorándum con Irán, ambos casos frenados en los tribunales orales que no convocan a las audiencias a la espera del fallo del máximo tribunal.
