La exprimera dama Fabiola Yáñez mandó una carta manuscrita al fiscal Ramiro González, en la que pide “expresas garantías” respecto de que únicamente se extraerán de su celular las conversaciones que mantuvo con Alberto Fernández.
El pedido se realiza después de dos negativas de Yáñez para entregar el móvil. Según Yáñez, en esos diálogos están las supuestas agresiones por las cuales fue imputado el expresidente.
Se lee en el escrito: “Señor fiscal: yo, Fabiola Yañez, por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chat que mantuve con Alberto Fernández de los cuales surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia”.
Las ausencias de Yáñez en la Justicia española no fueron bien vistas por la fiscalía, lo mismo que las condiciones escritas por carta, dado que se trata de garantías que se habían establecido al comienzo de la causa. González acusó recibo del escrito de Yáñez y le aseguró que “el objeto de la medida de obtención de prueba tiene como único fin conocer los actos ilícitos denunciados en autos que se desprenden de las conversaciones mantenidas entre las partes en la presente causa”.
A su vez, el fiscal pidió al juez Julián Ercolini que intervenga un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal para poder eliminar los registros que no correspondan a conversaciones entre Fernández y Yáñez. Y recordó que por el incumplimiento de Yáñez en España, la vía diplomática está “obturada”, no obstante lo cual la querella puede presentar “la prueba que estimen pertinente a través de los canales que consideren apropiados”.
Ante la Justicia de España se iba a realizar una copia forense como parte de un convenio de colaboración entre las fiscalías de ambos países, tras lo cual esa copia se remitiría a Buenos Aires vía valija diplomática par seleccionar el material.
González fue recusado por la defensa de Fernández: lo acusa de falta “de objetividad” y estima que carta de Yáñez, interpretaron que la carta de Yañez es una “maniobra de dilación que debilita la prueba y pone al fiscal en una situación incómoda”.
