Dos centros médicos de Rosario y una escribanía fueron allanados al descubrirse un aparente negocio ilícito dedicado a la explotación de mujeres gestantes, a partir del mecanismo de subrogación de vientres, para entrega de recién nacidos en Argentina a adoptantes en el exterior, a cambio de importantes sumas de dinero.
La medida es parte de un operativo que en total incluye otros cuatro centros médicos especializados en técnicas de fertilidad, tres de ellos en la ciudad de Buenos Aires y uno en Quilmes, estudios jurídicos y escribanías, según dijeron fuentes judiciales . El caso que destapó la pesquisa es el hallazgo de una niña nacida en Buenos Aires que fue llevada a Alemania donde las autoridades comunicaron lo ocurrido al consulado argentino.
Los sitios allanados el miércoles último de manera simultánea por la Policía Federal fueron cuatro centros de fertilidad de Capital Federal y dos en Rosario. Allí las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro. En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos.
Los centros de fertilidad y estudios profesionales allanados no serán identificados hasta que se determinen con precisión las imputaciones que analiza la fiscalía actuante, dijeron a este medio fuentes judiciales. Los delitos considerados implican pena de presión efectiva. Y para concretarlos se utilizó el sistema de escritura pública que garantiza legalmente un proceso de filiación al margen de un juez que rige en muy pocos países porque genera altos riesgos de comercio con recién nacidos. Ahora esta posibilidad en Argentina está trabada por un fallo de una Cámara Civil.
Se investiga a una organización trasnacional que desde 2018 gestionó al menos 49 nacimientos de niños que terminaron en el exterior, la mayoría en países europeos aunque en algunos casos de la región. El costo por el servicio para los solicitantes bordeaba los 50 mil dólares. Las mujeres captadas se encontraban en general en situación de carencia económica y eran sometidas a una explotación equiparable, según la fiscalía, a la reducción a la servidumbre.
Las investigaciones se iniciaron en enero pasado en Buenos Aires en la fiscalía nacional a cargo de Alejandra Mángano con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En la maniobra participaron en apariencia personas y empresas constituidas en el extranjero que tienen actividad en Argentina, a través de lo cual los implicados obtienen importantes ganancias. También intermediarios que reclutaban mujeres jóvenes en general de situación vulnerable para la prestación de vientres. Asimismo están en la mira profesionales médicos, abogados y escribanos que tramitaban esta particular prestación.
“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un «servicio» les con un valor aproximado de 50 mil dólares”, indicó la fiscal Mángano al portal del Ministerio Público Fiscal. En algún caso el servicio se denominaba “Programa Argentina”.
La fiscal federal explicó que el servicio ofrecido por 50 mil dólares “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la PROTEX, indicó que “otra cara de este negocio ilícito, es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas intermediarias contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de 10 mil dólares por llevar adelante la gestación. A ese monto se le sumaba monto de dinero un plus de entre mil y dos mil dólares si el parto era por cesárea.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y se llevaron a cabo el miércoles pasado en forma simultánea con personal de las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).
El caso se inició el 25 de enero de este año. Autoridades alemanas comunicaron al consulado argentino en que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina. Para ello acreditó su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.
“Quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de gestación por sustitución'”, remarcó la fiscal Mángano en su dictamen.
La dependencia alemana advirtió que la niña se encontraba en muy malas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en posición de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local, le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.
Eso dio lugar en Argentina al rastreo que permitió detectar esta organización que durante los últimos seis años sacó del país a 49 niños de manera ilegal. En estos casos la evidencia de búsqueda de un fin lucrativo de por medio son elocuentes. Los que recibían a los bebés son personas residentes en el exterior que nunca habían estado en el país y sin contacto previo con argentinos.
La mayoría de los casos de estos 49 casos son gestaciones con embriones criopreservados que no tienen aporte de material genético por parte de los comitentes, es decir, los compradores.
En total los procedimientos de subrogación de vientre en las clínicas investigadas son 147. Pero no todos son casos ilícitos. Fuentes judiciales contaron que hay casos de personas que buscaron vientres subrogados entre personas amigas o sin intermediación comercial.
Las condiciones para las mujeres gestantes eran duras en lo emocional. Si el embarazo resultaba interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles 10 mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar la gestación con controles y entregar al niño nacido por esta práctica. Todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes.
Las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, señala el dictamen.
