En agosto, el mes de las infancias, el gobierno le brindó dos regalos a los niños, niñas y adolescentes del país. Por un lado regaló el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad, y por otro, regaló cifras de miseria para todas las infancias de la patria. Probablemente el dato más revelador haya sido el de UNICEF que señaló que en Argentina un millón de niños se saltean una comida diaria. Por otro lado, el siempre citado Observatorio Social de la UCA informó que más del 60% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina viven en la pobreza. En un contexto marcado por la profunda pauperización de las condiciones materiales de las mayorías, las infancias son las más afectadas, mientras que el Estado nacional oscila entre la gestión ineficaz a la parálisis absoluta. El gobierno de Javier Milei no ignora la problemática, por el contrario, ante este escenario propone reducir el presupuesto destinado a comedores y escuelas públicas. Mientras tanto, a los adolescentes varones racializados, los negros en el más amplio sentido de la palabra, se les plantea una reforma de la ley penal juvenil contraria a los estándares mínimos de protección. Si bien es cierto que el régimen penal juvenil vigente en Argentina data de la última dictadura militar, y que se trata de un debate pendiente que la democracia ha evitado, también es importante aclarar que los regímenes de justicia juvenil en otros países de la región enfrentan problemas similares. El uso excesivo de la fuerza, la falta de personal especializado, la violencia y el racismo forman parte del accionar estatal. La violencia y la delincuencia, que surgen en contextos de pobreza y marginalidad, afectan desproporcionadamente a los niños y adolescentes varones negros. Aunque son las principales víctimas, la percepción de la sociedad es que son la causa del problema. El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia han argumentado al presentar públicamente el proyecto, que el delito juvenil está en aumento, pero los datos del propio informe que citan muestran un registro estable de intervenciones de la Justicia Nacional de Menores. La falacia de Bullrich y Cúneo Libarona consiste en tomar como referencia el año 2020. Si se comparan los últimos 10 o 15 años, los números son distintos. La disminución de intervenciones durante la pandemia debe interpretarse en el contexto de las restricciones de circulación. Más allá de las estadísticas, cada historia es única. Como trabajador social, en mi ejercicio profesional tengo contacto constante con casos de violencia institucional. Sin embargo, en los últimos meses, algunas situaciones han empeorado considerablemente. En la primera semana de agosto, mientras en las comisiones de la legislatura nacional se comenzaba a discutir la reforma de la ley penal juvenil, realicé una visita profesional al domicilio de un preadolescente de 13 años en el primer cordón del conurbano bonaerense. El niño me relató una serie de incidentes en los que la policía lo detuvo sin motivo aparente durante el último mes. La última vez había sido la semana anterior a mi visita, en la esquina de su casa. Un oficial le levantó la visera y le tomó dos fotos con su celular después de hostigarlo un rato, para luego dejarlo ir, en un claro acto de abuso de autoridad, violación de la intimidad y violencia institucional. El niño no tiene opción, tiene que salir igual a cartonear para poder comer, pero el miedo lo tiene paralizado, me transmite que no quiere salir ni siquiera para asistir a la escuela por el pavor de volver a encontrarse con sus verdugos. El control urbano racista no es una novedad en el conurbano, pero menciono este caso porque, más allá de las estadísticas o las recomendaciones políticas, valorar cada historia nos permite dimensionar la urgencia del debate. La licenciada Florencia Castro, trabajadora social afroargentina del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos del Consejo Profesional de CABA y especialista en niñez y adolescencia, conoce profundamente, a través de su experiencia profesional, los enfoques implementados en distintos niveles del Estado en el área metropolitana. Señala que, aunque algunos gobiernos locales muestran mejores resultados que otros, la situación de pobreza ha empeorado en los últimos meses, afectando a todos los distritos. Sobre el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Seguridad al Congreso, afirma: “En definitiva, la idea es ir contra los adolescentes pobres, negros, y que viven en las villas. Se penaliza a los negros; ese corte racial es imposible de evitar en el análisis”. No son pocas las voces referentes del tema que se pronunciaron en contra del proyecto de ley. La defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez firmaron un documento conjunto dirigido a las comisiones de legislación penal, de justicia, de presupuesto y hacienda, y de familias, niñez y juventudes de la cámara de diputados, donde dan cuenta de lo pernicioso del proyecto de ley del ejecutivo para con las niñeces y las adolescencias. En el informe señalan como puntos álgidos las penas desproporcionadas que llegan en algunos casos a los 20 años, la posibilidad de “internación” para niños de 4, 5, 6, y 7 años, dando vía libre a los jueces para encerrar niños y niñas de manera indefinida; la falta de penas restaurativas, siendo el enfoque exclusivo la privación de la libertad, entre otros puntos. Los temas que señala el documento, van en consonancia con las múltiples recomendaciones que le hizo al Estado argentino el Comité de Derechos del Niño. Vale recordar que el Estado argentino cuenta con una sentencia desfavorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se conoció como “Mendoza vs. Argentina” desde mayo del año 2013. Allí, la Corte da cuenta de la vulneración de derechos de personas menores de 18 años por parte del Estado y hace hincapié en el principio de proporcionalidad, dando cuenta que no cualquier condena puede ser válida cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Tras el fallo, periódicamente, el órgano publica una supervisión del cumplimiento de la pena, y como el Estado no realizó en más de diez años avances significativos, la Corte ha realizado varias publicaciones donde da cuenta de la situación específica, pero realiza también recomendaciones generales para que se regule el sistema penal juvenil conforme a los estándares internacionales. El ejecutivo actual justifica estas violaciones a la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Convención sobre los Derechos del Niño que el propio Estado firmó y ratificó, alegando una situación desbordante, inédita en nuestro país y la región. Sin embargo, las estadísticas marcan que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran comprendidos en la ley penal juvenil por la presunta comisión, o la comisión de un delito, son apenas el 0,45%. Al respecto, la abogada Ángeles Frezza, especialista en niñez y adolescencia, que desarrolla su actividad profesional en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, señala de manera contundente: “Las cifras son absolutamente ignoradas por quienes legislan, y cuando lo hacen, ignoran su impacto en las personas concretas. (…) Para legislar, resulta prioritario conocer las diversas realidades de los niños, niñas y adolescentes. Realidades que se deben analizar con un enfoque interseccional, (…) teniendo en cuenta que impactan en la conformación de la identidad, como lo son la raza, el género, la sexualidad y la nacionalidad. Este es un proyecto de ley penal juvenil estigmatizador y punitivista, dirigido específicamente contra los sectores populares, con una mirada regresiva y violatoria de las garantías y derechos humanos de las infancias y adolescencias”. Es crucial contar con un Sistema Penal Juvenil que respete plenamente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que se enmarque en los instrumentos internacionales que garantizan su protección. Este sistema debe asegurar el acceso a los múltiples derechos que les han sido negados y centrarse en su reinserción social, considerando que muchos de ellos han sido víctimas de exclusión social, violencia en sus diversas formas y abandono estatal. Los jovenes negros, son los que se ven afectados en mayor grado por estas políticas, pero la narrativa sobre ellos los coloca como sujetos peligrosos a los cuales debemos castigar. En definitiva, el proyecto de ley impulsado por este gobierno es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad, lo cual implica que en materia de derechos humanos no se puede legislar de forma tal que se retroceda en los derechos ya conquistados. Pero ante todo es un proyecto inmoral, cabe recordar una vieja consigna que lamentablemente no pasa de moda, ningún pibe nace chorro.
