La Secretaría Penal de la Cámara Nacional Electoral confirmó los procesamientos sin prisión preventiva contra los apoderados de cuatro partidos políticos, que se presentaron en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2023 por los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
El fraude le costó al Estado más de 500 millones de pesos y el juez federal con competencia electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, había dictado embargos sobre sus bienes en agosto de 2024.
Los camaristas Hernán Corchera, Daniel Bejas, Ricardo Dalla Vía y Silvia Cabrera resolvieron rechazar los pedidos de nulidad y sostener las medidas cautelares ordenadas por Ramos Padilla contra los apoderados de Encuentro Republicano Federal, Ernesto Raúl Habra; Justicia y Dignidad Patriótica, Sergio Jesús Medrano; Proyecto Joven, Yamil Eloy Salerno; y Esperanza del Pueblo, Matías Mauricio Burgos.
Las cuatro causas penales fueron acumulados en un único expediente por tratarse de maniobras de fraude repetidas. En los primeros allanamientos de la causa, se encontró prueba como para sospechar que Habra, apoderado de Encuentro Republicano Federal, sería quien encabezaba la red debido a que se le halló documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos.
En su dictamen, el Ministerio Público Fiscal sostuvo, entre otros argumentos, que los imputados pusieron en marcha “la confección y utilización de documentación falsa, para lograr la aprobación de precandidaturas para las elecciones primarias del 2023 en la provincia de Buenos Aires, de forma tal de obtener financiamiento para la impresión de boletas, pero sin una real vocación de competir electoralmente”.
“Perseguían defraudar al Estado, en tanto dicha erogación no fuera destinada a tal fin sino utilizada en beneficio propio”, sentenció la fiscalía, sobre las mismas pruebas que llevó a Ramos Padilla a embargarlos y dictar procesamientos sin prisión preventiva. La Cámara ratificó las imputaciones en línea con la fiscalía.
Ramos Padilla, en una resolución de más de 180 páginas, ordenó los embargos de sus bienes y les prohibió salir del país. La resolución de la Cámara, en 44 páginas, sostuvo la decisión por “maniobras fraudulentas”.
La investigación se inició en julio de 2023, cuando la Justicia Electoral bonaerense confeccionó informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos permitió constatar que los cuatro sellos incluían como postulantes a personas fallecidas —en varios casos, desde hacía más de una década—.
Para alcanzar esas conclusiones, la investigación se enfocó en un seguimiento de gastos, en trabajo conjunto con la entonces AFIP, y se citó a declarar a 216 candidatos. Del total de los declarantes, 170 jamás habían firmado los permisos para integrar las listas y muchos desconocían la existencia de los sellos fraudulentos.
Los nombres de las identidades utilizadas para el fraude figuraron como precandidatos a diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur.
Con esas maniobras, Yamil Eloy, por ejemplo, llegó a recibir 352.050.020 de pesos en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para Proyecto Joven. En tanto, el sello Justicia y Dignidad Patriótica recibió 124 millones de pesos, mientras que los otros dos partidos no llegaron a recibir fondos para la campaña porque sus listas fueron rechazadas con anterioridad por las autoridades electorales.
