Carlos Sein Atachahua Espinoza, uno de los mayores narcos de la historia reciente y oriundo de Perú, fue condenado a nueve años de prisión a fines de diciembre pasado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal, que lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar más de siete millones de dólares del negocio de la droga.
En el juicio -en donde intervinieron la PROCUNAR y la PROCELAC, con el fiscal general Marcelo Agüero Vera-, Atachahua fue condenado también a pagar una multa de $154 millones. Otros seis miembros de su clan como su mujer y su hija fueron condenados junto a él.
Hoy, Atachahua enfrenta a la Justicia con un planteo por el dinero de sus viejas empresas, entre ellas, Rosgar SA, la firma que controla su mayor lavadero de plata en territorio porteño, un estacionamiento de grandes dimensiones sobre la calle Rosario al 700, en un punto neurálgico de Caballito.
Irónicamente, el creador de Rosgar SA -y su director suplente- fue el ingeniero de su grupo económico, Diego Xavier Guastini, el financista asesinado a tiros por un sicario en octubre de 2019. Guastini declaró como arrepentido ante la PROCUNAR antes de su muerte; su testimonio fue clave para condenar a Atachahua, su viejo cliente, entre otros traficantes. La muerte de Guastini sigue impune hasta hoy. En su confesión a la PROCUNAR, Guastini aseguró que la propiedad de Rosario al 700 fue comprada por “cinco millones de dólares”.
El estacionamiento, una pequeña máquina de imprimir plata, todavía funciona; registros previsionales muestran que Rosgar SA tiene sus pagos de aporte al día. Un interventor judicial está a cargo de su control. Ante el Tribunal que lo condenó, el narco peruano de 56 años -detenido bajo prisión domiciliaria en su mansión de Caballito por motivos de salud- pidió por el dinero de Rosgar junto al resto de su familia condenada. Solventar su caja chica es el problema.
La defensa del capo narco “solicitó que el Tribunal dispusiera que el interventor judicial designado en las empresas vinculadas al grupo económico Atachahua continuara cubriendo los gastos personales y familiares básicos de los señores Carlos Atachahua y su familia”, asegura un documento judicial al que accedió Infobae, “imputándolos a los dividendos o utilidades que les corresponden como accionistas”.
La defensa “indicó que sus asistidos continuaban siendo accionistas y legítimos propietarios de las sociedades intervenidas, las cuales mantenían operaciones regulares y generaban utilidades», bajo control del interventor. El fideicomiso que controla al estacionamiento, por otra parte, es manejado en conjunto con la AABE, que administra los bienes del Estado.
Los gastos del clan Atachahua incluyen “cuotas de medicina prepaga, gastos de alimentación, servicios esenciales y tratamientos médicos actualmente en curso”. A excepción de Atachahua y su mujer, el resto de los condenados del clan tiene condenas de prisión en suspenso.
Entonces, se le dio voto al interventor judicial, que notó ciertas cuestiones llamativas. En su tarea, el interventor había advertido la falta de confección de balances y la falta del pago de impuestos, con manejos varios en efectivo.
Ante el reclamo, explicó que los gastos de los Atachahua venían directo de la caja del estacionamiento, algo que “no correspondía”, según su declaración. Encontró pagos a veterinarias, restaurantes, panaderías, ropa, dos conocidas prepagas, viajes en taxi “y otros conceptos varios que no podían ser computados y abonados por Rosgar SA”.
Los gastos referidos “representaban más del 50 %, de los ingresos mensuales del garage”, con un promedio de $15 millones mensuales. En síntesis, condenados o no, los Atachahua seguían viviendo como siempre. A pesar de este planteo, la defensa insistió con su reclamo. El fiscal general le dio la razón al interventor: plata a los Atachahua, no. Que se arreglen.
Finalmente, de cara a lo obvio, el Tribunal que condenó a los Atachahua les negó ayer lunes su pedido. “No corresponde que sea evaluada la pretensión de los condenados de que se abonen sus gastos de subsistencia con los ingresos que produce la explotación del garaje”, afirmaron los jueces Karina Perilli, Jorge Zabala y Fernando Machado Pelloni.
No solo rechazaron el pedido de los Atachahua: también ordenaron al administrador del fideicomiso de la propiedad de Rosario que cese toda actividad y entregue todos los documentos y billeteras virtuales al interventor.
En su fallo, Justicia habló, literalmente, de “un grupo económico” trasnacional creado en torno al dinero de Atachahua, registrado como empresario en la vieja AFIP, con diversos negocios registrados por Guastini, entre 2008 y 2009 en territorio porteño y viajes de mulas a Europa. La Justicia revocó la personería jurídica de cuatro sociedades, entre ellas Rosgar SA. Los jueces ordenaron también decomisar seis propiedades en CABA, así como autos, motos y dinero en efectivo encontrado en los allanamientos de la causa.
