
El caso por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, ingresó en las últimas horas en una nueva etapa judicial. El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, solicitó el rechazo del recurso presentado por la defensa de Néstor Pavón, en un intento de impedir que se realice un nuevo juicio en su contra, pero esta vez bajo la acusación de coautoría del crimen. Esta postura se fundamentó en lo resuelto previamente por la Corte Suprema, que dispuso un replanteo integral del caso contra quien había sido condenado primeramente como encubridor.
El hombre fue condenado a cinco años de prisión como encubridor, y su taller fue uno de los puntos señalados por la Fiscalía en la reconstrucción de los hechos. El Tribunal de Juicio de Gualeguay descartó inicialmente la hipótesis de una participación más directa. Esta actitud fue revertida por la Cámara de Casación Penal de la provincia que anuló la sentencia y dispuso un nuevo juicio por entender que las pruebas existentes no habían sido debidamente valoradas en relación con la presunta colaboración de Pavón con Sebastián Wagner, el hombre condenado a prisión perpetua por la violación y homicidio de García.
Tras este giro, el caso quedó nuevamente en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, que atendió los planteos formulados por la defensa del dueño del taller y restableció la condena bajo el mismo delito. Así, el acusado recuperó su libertad en agosto de 2024 tras cumplir dos tercios de la pena y ser beneficiado por la excarcelación. Paralelamente, la querella y los fiscales insistieron en la revisión integral de la causa, gestionando recursos extraordinarios ante la Corte Suprema en busca de un nuevo juicio y una redefinición del alcance de la responsabilidad penal de Pavón. Finalmente, en septiembre el máximo tribunal ordenó realizar un nuevo juicio.
Frente a esto, la defensa del hombre alegó que proceder en un nuevo proceso violaría el principio ‘ne bis in idem’, que indica que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, el Procurador instruyó en su dictamen que el planteo carece de sustento jurídico para frenar el avance del proceso.
A su vez, detalló que la supuesta afectación del principio de ne bis in idem no es aplicable, ya que en este contexto no existe una sentencia definitiva e irrevocable sobre el fondo de la acusación. Por esto mismo, argumentó que la decisión de convocar a un nuevo juicio obedece a “vicios esenciales” en la sentencia previa y responde al deber estatal de proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, según pudo saber el medio local ElOnce.

El crimen de Micaela García marcó un antes y un después. De hecho, su caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para funcionarios públicos.
La joven fue encontrada muerta en Gualeguay luego de una intensa búsqueda que comenzó el 1 de abril de 2017, cuando salió a bailar y nunca regresó. En el camino, fue interceptada por Wagner, quien la subió al Renault 18 Break que manejaba, la sometió sexualmente y la mató. Tenía antecedentes y estaba en libertad gracias al beneficio que le otorgó el entonces juez Carlos Rossi.
El hallazgo del cuerpo se produjo una semana más tarde, en una zona rural a las afueras de la ciudad. Según los testimonios recabados durante la investigación, en el sitio donde fue encontrada se observó el mencionado vehículo ocupado por dos hombres, un hecho que fue reportado entre las 8 y las 8.15.








