El concejal libertario Martín Antolín quedó en el centro de la polémica tras ser detenido en San Rafael, Mendoza, mientras manejaba un BMW sin patente, con 1,15 gramos de alcohol en sangre y una copa de vino en la mano. El episodio derivó en una multa de casi $4 millones -que el edil ya pagó-, el secuestro del vehículo y la inhabilitación para conducir durante un año. Pese a las sanciones, Antolín adelantó que no piensa renunciar ni a su banca ni a su partido.
La madrugada del lunes no fue una más para Martín Antolín. Cerca de la 1, el concejal libertario fue sometido a un control de alcoholemia sobre Arístides Villanueva, la avenida que concentra la vida nocturna de San Rafael. Conducía un BMW descapotable sin patente visible, acompañado por su pareja. El resultado fue claro: 1,15 gramos de alcohol en sangre, más del doble del límite permitido. La policía secuestró el vehículo y el edil quedó demorado varias horas.
El martes se presentó ante el Primer Juzgado Contravencional. Reconoció los hechos y aceptó un juicio abreviado. El juez le aplicó una multa de casi 4 millones de pesos y un año de inhabilitación para conducir. Antolín pagó la multa en el momento.
Una explicación “incómoda”
Como un intento de defensa, el libertario dijo que desconocía que el test iba a darle positivo. Afirmó que pudo evitar el control, pero prefirió no hacerlo.
Añadió que no llevaba una copa, sino dos, porque eran un obsequio del restaurante donde había cenado. Según su versión, estaban vacías y su pareja se las pasó apenas detuvo el auto, para liberar las manos y buscar los papeles en la guantera.
La sesión que puede decidir su futuro
Los cinco concejales de la UCR en San Rafael anticiparon que reclamarán la renuncia “sobre tablas” en la sesión de este miércoles, aún sin estar en el orden del día. La movida apunta a dejarlo sin margen de maniobra y obligar a que el tema se discuta en vivo, frente a la opinión pública.
Del otro lado, el PJ -con seis bancas y poder para definir el resultado- todavía no fijó una postura común. El Concejo se compone de doce miembros: cinco radicales, seis peronistas y Antolín.
Desde el radicalismo difundieron un comunicado que habla de “responsabilidad institucional” y subraya que quienes ejercen cargos públicos deben asumir las consecuencias de sus actos. En el entorno del edil respondieron con un mensaje lacónico: no renunciará “ni al Concejo ni al partido”.
Fuentes cercanas al edil insisten en que el episodio ya fue resuelto judicialmente y que cualquier sanción política sería “excesiva”.
En esa tensión se cocina la sesión del miércoles. Si radicales y peronistas deciden avanzar, no solo estará en juego el futuro de un concejal, sino también la consistencia de un espacio que hizo de la moral individual su bandera.
