Al expresidente Alberto Fernández le llueven malas noticias en el marco de la causa Seguros, que lo tiene procesado. Este lunes trascendió que la empresa Bachellier S.A, propiedad de su amigo personal Héctor Martínez Sosa, y que percibió más de 1.600 millones de pesos en contratos de pólizas emitidas a organismos públicos, operaba en una sede que estaba.. “en ruinas”. Según consta en el expediente, Martínez Sosa declaró como domicilio esa firma que recibió esas sumas multimillonarias una vivienda prácticamente abandonada ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, donde sólo hay paredes descascaradas y ningún rastro de actividad comercial.
Según trascendió, el juez federal Sebastián Casanello, a quien Fernández intentó recusar sin éxito en reiteradas oportunidades, constató que esa vivienda declarada por su amigo “broker” es “absolutamente incompatible con la gestión de una empresa que percibió comisiones” de parte del Estado.
Cuando la Policía Federal llegó al domicilio de Juan B. Justo 2444 —la dirección donde operaba Bachellier— encontró una vivienda abandonada. Sin empleados ni actividad. El abandono, para el juez, qcontradice por completo los millones que la empresa movía durante el gobierno de Fernández.
La relevancia para la investigación está determinada en que detrás de Bachellier operaba Héctor Martínez Sosa, amigo personal del ex presidente Alberto Fernández y uno de los principales apuntados en el expediente.
La semana pasada, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa que investiga la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato como presidente. El tribunal ratificó también el procesamiento de Martínez Sosa, de su esposa y entonces secretaria privada del mandatario, María Cantero, y del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros.
Martín Irurzun y Roberto Boico, en el voto mayoritario, consideraron probado que hubo un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que incluyó un “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘Nación Seguros S.A”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y de 2023. “El ejercicio de influencia” por parte del entonces Presidente a través de su secretaria “tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”, en referencia a Martínez Sosa.
Desde la asunción de Fernández, el bróker percibió el equivalente al 59,6 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales, precisaron. Consideraron que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etcétera”. Además de confirmar el procesamiento, dispusieron embargar sus bienes por 14.634 millones de pesos.
Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Tribunal de Apelaciones confirmó así las medidas resueltas por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo y advirtió además que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
