Con la justicia de Estados Unidos mordiéndole los talones a Hayden Davis, este lunes una de las billeteras virtuales en la que podría esconderse parte del botín de la estafa $LIBRA registró movimientos sospechosos: más de US$9 millones fueron transferidos hacia otras billeteras y plataformas donde se pierde el rastro del dinero, con el objetivo plausible de ocultar la evidencia y resguardar los fondos. Las transferencias se realizaron horas antes de que la jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, convocara a Davis y a otros demandados en el país del norte a una audiencia este martes, con el objetivo de “evaluar” si debe congelar los activos, tal como se lo pidieron los abogados de los estafados. La novedad cobra relevancia dado que el propio Davis se había jactado poco después de que estallara el escándalo de que esa billetera –de nombre “Milei” en una de las plataformas– contenía “dinero de la Argentina” o en su defecto del Gobierno libertario, con quien se reunió más de una vez antes del fraude tanto en Casa Rosada como en la Quinta de Olivos.
Las manos detrás de los últimos movimientos, por ahora, permanecen anónimas. Los abogados de los estafados, que impulsan la demanda colectiva (“Class action”) en los tribunales de Nueva York, habían solicitado como medida de “emergencia” que se congelen una serie de billeteras donde se sospecha estaría parte del botín. Lo hicieron para evitar la destrucción de la evidencia, dado que el flujo de bitcoins a distintas cuentas virtuales puede derivar en que sea imposible dar con los titulares del dinero.
En ese marco, horas después de que se movieran los US$9 millones –los movimientos fueron detectados por el especialista Fernando Molina– la jueza Rochon convocó a las partes involucradas en la demanda a una audiencia virtual, que tendrá lugar a las 18 horas de este martes hora argentina. Allí se podría definir qué sucederá con el congelamiento o no de las cuentas y los fondos denunciados.
Según el análisis que realizó Fernando Molina en su cuenta de X, la resolución de la jueza norteamericana se comunicó cuando faltaban derivar sólo 800 mil de los 9 millones de dólares transferidos originalmente desde la billetera “del gobierno Argentino”. Es decir, los receptores de esos millones habían repartido a su vez la casi totalidad del dinero a otras billeteras y plataformas, con el objetivo de volver irrastreable su destino. Según publicó Molina, los dólares fueron a parar a “wallet de TRON”, es decir hacia “una red que Davis no usa”. “¿Le está enviando el dinero a alguien?”, hipotetizó. Algunas de esas respuestas podrían surgir en la audiencia convocada por Rochon para este martes.
Davis se había jactado en una entrevista en febrero de este año, pocos después de consumado el fraude, de que tenía en su poder alrededor de US$100 millones “listos para inyectarlos a $LIBRA”, y que ese capital “es de Argentina”, y “del Gobierno argentino” sin dar más detalles de cuál es el origen del dinero.
Esos fondos estaban, además, depositados en una billetera de nombre “Milei”, lo que coincide en apariencia con su testimonio. La billetera estuvo congelada, sin registrar movimientos, desde el 15 de febrero hasta este mismo lunes, en que se movieron US$9 millones. Es decir, estuvo nueve meses sin registrar actividad.
Esa y otras billeteras vinculadas a la estafa, además, eran de tipo “multisig”, es decir, que necesitan de la “firma” o la aprobación de por lo menos tres personas más para poder movilizar fondos. Es decir que presumiblemente, además del propio Davis, alguien más participaba de esa cuenta.
Rochon, en uno de los últimos dictámenes, en octubre, había afirmado que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios de la estafa podrían ser, entre otros, “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, aunque concluyó también que las pruebas hasta ahora recabadas resultan “insuficientes” para culpabilizar al gobierno argentino.
En la argentina hay dos empresarios cripto bajo la lupa de la justicia, con sus bienes congelados: uno es Mauricio Novelli, dueño del Tech Forum del que Milei participó en 2024, y quien registra varias visitas a Casa Rosada autorizadas por el propio Presidente y su hermana; el otro es Manuel Terrones Godoy, un youtuber vinculado a distintas estafas previas con criptomonedas.
“Participación imprescindible”
De acuerdo al informe final de la Comisión Investigadora del Congreso, el Presidente fue la primera persona en el mundo que compartió el número de contrato de forma pública en una red social, un número de contrato que no era de acceso público. Todavía sigue sin explicar –la justicia aún no se lo requirió– cómo lo obtuvo. La comisión dio casi por probados sus vínculos directos con Novelli, Terrones Godoy, Davis y Sergio Morales. También, el análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre estos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a “monetizar” la imagen del Presidente Javier Milei. Su participación en el escándalo, escribieron en el dictamen, fue “imprescindible”.
Para la Comisión, la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación. Señalan que, en consecuencia, las afirmaciones de Milei, de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública son falsas. Tampoco existió motivo fundado para las dieciséis reuniones mantenidas con los actores involucrados, las cuales constan en los registros de Ingresos a Casa Rosada y Olivos.
En el informe final, la Comisión $LIBRA, ya en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, indicó que “por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta Comisión señala: Que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”. Además, resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
