El retroceso en materia de derechos de las políticas de La Libertad Avanza impacta en comunidades históricamente golpeadas como la comunidad LGBTIQ+. En esa línea, el Gobierno nacional presentó un presupuesto 2026 que consolida el desamparo del Programa 22, incumpliendo la Ley Nacional 27.675 y el Fallo Benghalensis. En ese marco, se ve en peligro la posibilidad de acceder a la PrEP –profilaxis preexposición– que reduce en hasta un 99% el riesgo de adquirir VIH.
Ese desfinanciamiento agrava la crisis, debilita la prevención y deja a miles de personas sin el acceso básico que el sistema público está obligado a garantizar. Respecto al PrEP, no habrá compras, tampoco de PEP —de postexposición—, dejando sin prevención a más de 11 mil personas.
Después de la marcha del orgullo de este año, se viralizó un informe de la Fundación GEP —Grupo Efecto Positivo— que denunció que el presupuesto 2026, que el oficialismo busca aprobar en sesiones extraordinarias tras su victoria legislativa, promueve “el abandono estatal de la respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual”.
La profilaxis pre-exposición (PrEP) es una de las estrategias de prevención del VIH más reconocidas y eficaces del mundo. Su particularidad es esencial: está destinada exclusivamente a personas que no contrajeron el virus, pero que tienen prácticas o situaciones de exposición que podrían implicar riesgo de transmisión.
Es un comprimido antirretroviral de uso diario, una dosis cada 24 horas, siempre a la misma hora. No funciona “creando defensas”, como se suele simplificar: la PrEP bloquea el VIH e impide que el virus se establezca en el organismo en caso de exposición, evitando que infecte las células del sistema inmunológico y deteniendo su replicación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la PrEP como parte central de la prevención combinada, junto con el preservativo, la vacunación, el testeo temprano y la detección de otras ITS. Y en Argentina, además, la PrEP es un derecho consagrado en la Ley 27.675.
Natalia Nelson, abogada del Servicio de Atención Personalizada de la Fundación Huésped, explica : “La PrEP forma parte de la prevención combinada, igual que el preservativo, y el Estado es el garante de que cualquier persona pueda acceder sin barreras al tratamiento integral que necesita”, remarca.
La ley no deja zonas grises: independientemente de la cobertura que se tenga, todas las personas deben poder acceder a la profilaxis sin discriminación ni obstáculos administrativos.
Nelson advierte además que actualmente el problema no es solo presupuestario, sino estructural: la falta de educación sexual integral y el acceso desigual al sistema de salud generan brechas profundas que terminan dejando afuera justamente a quienes más necesitan estas herramientas de prevención.
Según alertó la Fundación GEP, el presupuesto proyectado para el Programa 22 del año que viene será de $62.087.000.000, equivalentes a U$S 43.650.000 al tipo de cambio oficial. En comparación con el presupuesto estimado para 2024 (U$S 70.750.591), esto implica una reducción del 38% en dólares en un programa que depende casi por completo de insumos internacionales. La caída es aún más grave cuando se observa su peso dentro del Gobierno: el Programa 22 pasará a representar apenas el 2% del presupuesto total, cuando en 2023 representaba el 4,8%.
Las metas del presupuesto 2026 confirman un retroceso deliberado: se planifica atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170; se recortan 23 millones de preservativos, en pleno aumento de sífilis y otras ITS tras la falta de compras en 2024/2025; se elimina la producción de materiales educativos, anulando la prevención comunitaria; y como broche final, no se prevén compras de PrEP ni PEP, dejando sin prevención a más de 11.000 personas que hoy dependen de esas herramientas para no adquirir el virus.
José María Di Bello, psicólogo y prosecretario de la mencionada organización, explica a este diario que, tras detectar la magnitud del recorte, la organización se reunió con el diputado Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) y planea solicitar encuentros con otros legisladores para visibilizar el retroceso que implica. “Son políticas públicas que deben estar y que deben estar garantizadas. Es una ley que costó ocho años y el Estado es quien debe asegurar el acceso para las personas más vulnerables, además de acompañar a quienes pueden obtener la medicación a través de obras sociales y prepagas”, señala.
Di Bello remarca que la propia Ley 27.675 establece que la respuesta al VIH debe ser integral, tanto en el tratamiento como en el suministro de insumos preventivos. “La mejor manera de prevenir es que todas las personas con VIH estén en tratamiento, junto con aquellas que desean acceder a sus medicamentos de prevención“.
