El Consejo de Mayo sigue trabajando en la elaboración del proyecto de reforma laboral que presentará a mediados de diciembre en el Congreso, mientras la mesa chica de la nueva CGT definirá este lunes la estrategia que seguirá ante una certeza: la mayoría de las propuestas de esa iniciativa rescata artículos del DNU 70 que el sindicalismo ya rechazó y logró frenar en la Justicia.
Gerardo Martínez (UOCRA), el líder cegetista que participa de aquella instancia de diálogo multisectorial, ya advirtió públicamente que en “en las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos artículos inspirados en el decreto 70/23″.
En diálogo con Infobae, el sindicalista dijo que el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos “incluye compromisos laborales como eje fundamental”.
Martínez precisó, en ese sentido, que el capítulo laboral del acuerdo contempla textualmente: ”La Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, Argentina adoptará y aplicará una prohibición sobre la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales».
“Esto es como una declaración de buena fe. Es muy abstracto. La Argentina tiene la obligación de respetar no sólo los derechos laborales reconocidos internacionalmente sino también derechos laborales específicos en virtud de los convenios que ha ratificado -advirtió-. Esto es lo mínimo que cualquier Estado se compromete por ser miembro de la ONU y de la OIT”.
De esta forma, según el titular de la UOCRA, lo que figura en el acuerdo con Estados Unidos implicaría reformular artículos de la reforma laboral argentina que serían incompatibles con convenios internacionales en materia de libertad sindical y ejercicio del derecho de huelga.
Por ahora, de acuerdo con fuentes del Consejo de Mayo, hay al menos 10 propuestas del proyecto de reforma laboral que la CGT rechaza y que preanuncian una guerra con el Gobierno si se mantienen en la versión final.
Punto 1: la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo. Así se llama al principio por el cual esos acuerdos firmados entre empresarios y sindicalistas mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. El proyecto oficial mantiene la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio. Para la CGT, la ultraactividad “implica la protección de la voluntad de las partes que entienden que hay cláusulas que pueden mantenerse en el tiempo y que eso garantiza la paz social”.
Punto 2: darle prioridad a los convenios por empresa. En el proyecto oficial figura que los convenios de ámbito menor (empresa u regionales) se impondrán sobre los convenios de un ámbito mayor (los de actividad), al revés de lo que estipula hoy la ley. Esa propuesta implica la pérdida del poder centralizado que mantienen los sindicatos y empodera a las comisiones internas en las empresas al delegarles el poder de negociar y firmar los convenios, aunque la idea igual sería que tengan que ser refrendados por los gremios con personería.
Punto 3: la limitación de las cuotas solidarias. Esos aportes son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo. Al igual que en el DNU 70, el proyecto oficial establecerá que no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Si se concreta, será un golpe letal para el financiamiento de los sindicatos.
Punto 4: la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se redefinirá el listado de servicios esenciales y fijar mínimos de cobertura: 75% en servicios críticos y 50% en servicios trascendentales. Es otra de las medidas que figuraban en el DNU 70 y que, según la CGT, es mucho más restrictiva de lo que establecen los convenios de la OIT en la materia.
Punto 5: la incorporación del concepto de salarios dinámicos. Es una idea del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que apunta a crear un ítem variable y transitorio para reconocer en los sueldos el mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa. Según Héctor Daer (Sanidad), ex cotitular de la CGT, así “se pretende que el salario básico sea mucho más reducido y que luego, a partir de una prestación individual, uno pueda tener una mejora, jugando a un tema de desempeño totalmente individualista”.
Punto 6: la obligación de pedir autorización para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas, como una forma de evitar que se conviertan en medidas de fuerza encubiertas, como sucedió en 2024, por ejemplo, en el conflicto de Aerolíneas Argentinas. Otro de los artículos del DNU 70 rechazados por el sindicalismo, que considera que de esa forma se restringirá el ejercicio de la acción colectiva en los lugares de trabajo.
Punto 7: la modificación del principio de la norma más favorable al trabajador. En el proyecto oficial se mantiene, aunque con reglas de interpretación más objetivas y claras, según sus impulsores. El objetivo, aseguran, es reducir la litigiosidad y promover la contratación, equilibrando la protección de los derechos laborales con la estabilidad normativa que requieren los empleadores para invertir y crear empleo. Para el sindicalismo, al debilitarse el principio de norma más favorable al trabajador se habilitará a que los jueces se pronuncien en sentido contrario.
Punto 8: se introduce la figura del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada laboral en base a promedios semanales, siempre dentro de los límites legales. La opinión predominante en el Consejo de Mayo es que estas herramientas permiten adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades productivas, “respetando los descansos legales y favoreciendo la conciliación entre empleo y vida personal”. Si bien se fija que estos cambios deberán ser pactados por empresarios y sindicalistas en los convenios, la CGT teme posibles abusos del sector empleador y la virtual eliminación de las horas extra.
Punto 9: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes. Esta flexibilidad, aseguran en el Consejo de Mayo, facilita la planificación empresarial y respeta las preferencias del trabajador. El sindicalismo cree que es una flexibilización extrema que puede darle al empleador excesivas atribuciones en la materia.
Punto 10: la ampliación de las infracciones graves en materia de bloqueos sindicales. Según la dirigencia sindical, en el proyecto oficial se considera como infracción grave “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento” cuando la ley actual sólo habla de “provocar”. De esa forma, se amplía el espectro de responsables de los bloqueos contra las empresas, que desalentará aún más ese tipo de protestas extorsivas, que ya están en jaque luego de que la Ley Bases las calificó como una “injuria grave” y, por lo tanto, se convirtieron en causal de despido justificado. Los gremialistas opinan que el añadido propuesto “acentuará la criminalización” del derecho a la protesta.
