El Gobierno nacional anunció una recomposición de entre el 29,7% y el 35,4% en los valores del nomenclador para los prestadores de discapacidad, que se aplicará en tres tramos —octubre, noviembre y diciembre—, pero el anuncio fue recibido con fuerte rechazo por parte de familias, organizaciones y trabajadores del sector, que lo calificaron de “insuficiente” y “contrario a la ley vigente”.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó que la medida se acordó en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, de la que participaron también el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, residencia y apoyo recibirán un 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, mientras que el resto de los servicios tendrán subas del 12%, 8,25% y 7%, respectivamente.
Sin embargo, desde las organizaciones advirtieron que los incrementos “no alcanzan ni de lejos” a cubrir la pérdida acumulada de los últimos años, que ronda el 70%. En diálogo con La Marca de la Almohada, Laura Alcaide, integrante de Orgullo Disca, explicó que “cuando el Gobierno nacional decide no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad lo que hace es enviar una partida de dinero hacia la Agencia Nacional de Discapacidad, pero ese presupuesto se demora y mientras tanto los prestadores y las familias seguimos sin respuestas”.
Alcaide sostuvo que el aumento se dio como respuesta a las movilizaciones recientes: “La lucha popular logró generar este pequeño aumento, que no le sirve a los trabajadores y en la cadena no le sirve a las familias ni a las personas con discapacidad que no tenemos las prestaciones que nos corresponden”. Y agregó que “el gobierno sigue encaprichado con sostener el déficit cero, mientras la Cámara empresarial pelea por el aumento pero no exige la aplicación de la ley”.
Desde el Foro Permanente de Discapacidad (FORO) también expresaron su rechazo al anuncio y remarcaron que “el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada y los costos reales de funcionamiento”, advirtiendo además que los nuevos montos “se terminarán de cobrar recién entre marzo y abril de 2026”.
Las organizaciones insistieron en que el gobierno debe cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y promulgada en agosto, que establece un esquema de recomposición inmediata para evitar el colapso del sistema de prestaciones. “No se trata solo de números —cerró Alcaide—, sino de garantizar derechos que hoy están siendo vulnerados”.
