El accidente de una avioneta siniestrada en Horcones, Rosario de la Frontera volvió a exponer la magnitud del corredor aéreo del narcotráfico que atraviesa el norte argentino. Dentro del aparato, cuya matrícula boliviana había sido intencionalmente borrada, se encontraron 136 kilos de cocaína. Un día después, con datos aportados por los primeros detenidos, se hallaron otros 228 kilos enterrados en un campo cercano a Antillas.
Era una aeronave Cessna, similar a las que desde hace más de una década cruzan los cielos de Salta cargadas de cocaína. En lo que va del siglo, decenas de avionetas han sido destruidas o abandonadas en el norte argentino, pero por cada una perdida hay al menos diez listas para despegar nuevamente desde Bolivia o Paraguay.
Avionetas recicladas desde Estados Unidos
Las aeronaves empleadas en estos vuelos clandestinos comparten un mismo origen. Son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde La Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, donde son recicladas, rematriculadas y adaptadas para transportar hasta 500 kilos de droga.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia, solo entre 2012 y 2014 se autorizaron más de 200 importaciones de este tipo, y más de la mitad terminó en manos del narcotráfico. En la última década, siete de cada diez narcoavionetas caídas o incautadas en Argentina tenían matrículas recicladas en Santa Cruz o Beni.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) geolocalizó entre 2018 y 2023 más de 440 pistas aéreas ilegales en Bolivia, de las cuales al menos 270 permanecen activas. Muchas fueron “inutilizadas” solo de manera simbólica. El diario El Deber definió a ese espacio como “un cielo convertido en corredor aéreo de cocaína”.
El fenómeno también se extiende a Paraguay, donde en 2015 las autoridades incautaron diez avionetas usadas para traficar hacia el litoral argentino, todas antiguas aeronaves estadounidenses habilitadas irregularmente con documentación fraguada.
Pilotos jóvenes: el otro eslabón de la cadena
Detrás de cada narcoavioneta caída o interceptada hay casi siempre un piloto joven, inexperto y captado por las redes criminales. La mayoría se forma en academias privadas de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad, donde un curso de vuelo puede costar entre 30.000 y 40.000 dólares.
Muchos de estos jóvenes —bolivianos, colombianos o peruanos— provienen de familias humildes o son becados directamente por organizaciones narco. Algunos obtienen su licencia con apenas 17 o 18 años, y en poco tiempo pasan a comandar aeronaves viejas, sobrecargadas y sin mantenimiento.
En 2015, por ejemplo, Carlos Torrico Ortiz (18) y Nilo Suárez Torrez (19), formados en las escuelas Sky Team y Alas Beni Flight Training, fueron detenidos en Salta Forestal tras un fallido aterrizaje con droga. Ambos terminaron condenados a siete años de prisión.
“Hay escuelas que funcionan como pantallas, no como centros de formación”, reconoció un exinstructor del aeropuerto El Trompillo. La afirmación coincide con lo que advirtió hace una década Carmen Masías, exdirectora de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú: muchas academias bolivianas tienen vínculos directos con el narcotráfico.
Instructores, complicidades y un cielo sin control
El piloto del Cessna caído en Horcones, Juan Pablo Quinteros Peredo (45 años), figura en registros de la DGAC como instructor de vuelo y consultor del Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) de Bolivia, el brazo académico oficial de formación de pilotos. Su nombre ilustra hasta qué punto las redes del narcotráfico se infiltran incluso en instituciones estatales.
El negocio también se alimenta de la falta de control en la provisión de combustible aeronáutico: entre 500.000 y 600.000 litros de av-gas se despachan cada mes en aeropuertos bolivianos sin trazabilidad. Ese mismo combustible alimenta vuelos civiles y narcoavionetas por igual.
En Bolivia desaparecen unas 100 avionetas al año, y al menos la mitad termina al servicio del narcotráfico. La combinación de aviones antiguos, pilotos novatos y la promesa de dinero rápido genera un cóctel letal que se repite en cada accidente del corredor aéreo que une Perú, Bolivia y el norte argentino.
Frontera vulnerable y falta de radarización
La falta de control aéreo en el norte argentino es un problema histórico. En 2020, la Justicia Federal logró que se instalara un radar en Tartagal, pero solo funcionó durante un tiempo. Aunque el Ministerio de Defensa prometió nuevos equipos en el marco del Operativo Roca y el Plan Güemes, no hay confirmaciones de que se hayan desplegado efectivamente.
“El radar te permite seguir el rastro, no evitar que descarguen la droga”, explicó un funcionario judicial. El gobernador Gustavo Sáenz pidió nuevamente una radarización efectiva y el debate de una ley de derribo, propuestas que dividen opiniones en el Congreso.
La ruta aérea de la cocaína tiene una geografía repetida: los valles cocaleros del Vraem (Perú), los laboratorios de cristalización en Santa Cruz y Beni, las pistas clandestinas en Anta y Rosario de la Frontera, y los centros de reenvío hacia Rosario y Buenos Aires.
Desde hace más de una década, jueces federales insisten en la necesidad de un acuerdo binacional con Bolivia para coordinar el combate aéreo al narcotráfico. El exministro boliviano Hugo Moldiz llegó a confirmar que Jesús Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, se formó como piloto en Santa Cruz, símbolo del poder corruptor de una industria criminal que, con total impunidad, sigue haciendo llover cocaína sobre el norte argentino.
