Un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia determinó que el fentanilo contaminado fue el factor determinante en 38 muertes vinculadas a la aplicación de ese fármaco. El resultado, que se obtuvo tras el análisis de 40 casos incorporados a la investigación –que abarca 124 casos fatales–, ya se incluyó en la causa que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak.
Conforme al documento del organismo, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe dado a conocer por una junta médica sobre las muertes en la causa por el fentanilo adulterado. En esta ocasión se analizaron 20 casos más, lo que determinó un nuevo resultado alarmante.
De acuerdo a lo que se señala en el informe, en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”, mientras que sobre los dos casos restantes se indicó que no se pudo establecer un vínculo directo.
El estudio detalla que en los 38 casos se detectó una infección por “bacteriemia asociada a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica”, lo que “implicó un incremento del riesgo de muerte”.
Un dato que se manifiesta desde el comienzo de la investigación es que, pese a que la mayoría de los pacientes padecían enfermedades preexistentes, el opioide inyectado “aceleró o desencadenó el fallecimiento”.
Actualmente se investigan 124 fallecidos en el marco de la causa en la que se encuentra detenido y procesado Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo S.A., junto con otros directivos. En el dictamen de procesamiento, Kreplak consideró que el empresario “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en “la adulteración del lote 31202” perteneciente al opioide, que se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
Las 124 muertes que se investigan por el suministro de fentanilo contaminado corresponden a 54 pacientes fallecidos en Buenos Aires, uno en Capital Federal, 50 en la provincia de Santa Fe, siete en Córdoba y tres en Formosa.
Además del propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., fueron procesados con prisión provisoria Diego Hernán García (arresto domiciliario), Nilda Furfaro, Javier Martín Tchunkrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi (detención domiciliaria). Por otra parte, se dictaminaron los procesamientos sin prisión preventiva de Wilson Daniel Pons, Arzolidys Dayana Astuillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Eduardo Darchuk, María Victoria García, Edgardo Sclafani y Adriana Iúdica.
Al margen de la investigación judicial, en la Cámara de Diputados actúa una comisión investigadora que busca establecer “responsabilidades administrativas y políticas” sin interferir en la causa penal.
El cuerpo tiene plazo hasta el 9 de diciembre, es decir, un día antes del recambio legislativo, para la presentación del informe final con las conclusiones. En esas consideraciones finales, la comisión tiene la potestad de formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de drogas y medicamentos.
