Federico Susbielles recibió la carta documento en la intendencia de Bahía Blanca

Mientras la ciudad aún intenta volver a su plenitud tras el temporal que la inundó en marzo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, sumó un nuevo frente de preocupación. La empresa EDES S.A., proveedora del servicio de energía eléctrica, lo intimó por una deuda de $7.500 millones que el gobierno local mantiene por el consumo en barrios carenciados.

La intimación, escrita el 4 de noviembre y recibida en la intendencia al día siguiente, indica que en junio de 2024 la municipalidad dejó de pagar lo que le corresponde por un acuerdo que se firmó casi 20 años antes, en julio de 2004. En aquel momento, a raíz del crecimiento de los barrios carenciados en la ciudad, a través del Proyecto Municipal de Erradicación de Villas y Asentamientos Clandestinos, la compañía se comprometió a colocar en los mismos medidores comunitarios o totalizadores, y el gobierno bahiense a hacerse cargo del pago del consumo eléctrico.

Esa deuda acumulada en los últimos 17 meses, según EDES S.A., ya es de $7.489.275.928,74.

En el texto, la empresa intima a Susbielles a regularizar la deuda en 15 días. En caso de no cumplirse el requerimiento, la compañía eléctrica advirtió que procederá al retiro de los medidores y al corte del suministro en los barrios incluidos en el proyecto, con lo que se acrecentaría el nivel de vulnerabilidad de sus vecinos.

La carta documento hace referencia a una reunión que se sostuvo en febrero de este año, cuando la deuda era de casi $2.400 millones, con una propuesta de financiación incluida, de la que la empresa nunca tuvo respuestas.

Ahora, la distribuidora advierte que no puede seguir absorbiendo el costo y que la falta de pago pone en riesgo la sustentabilidad del servicio para gran parte de su área de concesión. Es que, entre otras cosas, EDES S.A. aduce que debe afrontar sus propias deudas, “principalmente con CAMMESA, y cuya regularización total insumirá varios años”.

“Además, la carencia de dichos recursos perjudica al universo de usuarios de EDES S.A., atento que la carencia de dichos millonarios recursos repercute directamente en la imposibilidad de llevar adelante las inversiones y/o mantenimientos necesarios para prestar el servicio con los parámetros de calidad exigidos por el marco regulatorio eléctrico y nuestro contrato de concesión provincial”, se esgrime en la carta documento.

El texto, continúa: “Resultando materialmente imposible postergar en el tiempo el cobro de nuestras acreencias por la facturación de los medidores comunitarios, que por su parte se siguen incrementando mes a mes, intimamos al Sr. Intendente que proceda a regularizar el pago de la deuda, que al 30/9/2025 asciende a la suma de $7.489.275.928,74, en el plazo perentorio de 15 días, a través de la suscripción de un convenio de refinanciación de deuda, con intereses legales, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes a fin de obtener el pago de los montos adeudados”.

El gobierno de Bahía Blanca mantiene una abultada deuda con la distribuidora de energía eléctrica

Y concluye con una advertencia: “Todo ello sin perjuicio de proceder al retiro de los medidores comunitarios instalados a la fecha, y que fueran debidamente identificados en el informe adjunto presentado en marzo del corriente año, atento que la falta de pago aludida pone en riesgo la sustentabilidad del servicio a los restantes usuarios de nuestra área de concesión”.

Susbielles, quien no se pronunció públicamente al respecto, este jueves presentó el proyecto de Presupuesto 2026 y la ordenanza fiscal impositiva para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

“La reconstrucción de Bahía Blanca solo será posible con el aporte de todos los sectores y un financiamiento acorde a las obras que la ciudad precisa con urgencia”, manifestó el intendente y ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol.

El proyecto incluye eliminación de varias tasas e impuestos, un presupuesto de $40.000 millones para infraestructura y un aumento “por única vez” de la alicuota que las grandes empresas químicas y petroquímicas abonan en materia de seguridad e higiene para financiar un plan de obras hidráulicas.