La Gremial de Abogados y la organización ALFA realizaron una decena de nuevas denuncias por hechos de violencia policial y detenciones ilegales en la ciudad de Salta. Las organizaciones indicaron que continúan recibiendo casos que evidencian prácticas sistemáticas de apremios ilegales, discrecionalidad en los procedimientos y condiciones de detención que vulneran derechos básicos.
A pesar de que ambas organizaciones promovieron un habeas corpus colectivo, denunciando las detenciones ilegales, la violencia y las graves condiciones de detención en el Centro de Contraventores de Salta, se realizaron diez nuevas denuncias por jóvenes en situación de calle que, durante septiembre y octubre, fueron detenidos sin motivo y sin ninguna de las salvaguardas que establece la ley.
El abogado Álvaro Arias, responsable del Centro Comunitario ALFA e integrante de la Gremial de Abogados, dijo a Salta/12 que asumieron la querella en representación de un joven que fue filmado cuando ingresaba a la Comisaría de San Agustín en buen estado y más tarde saliendo de ahí con la cara llena de hematomas y heridas, por golpes propinados por efectivos policiales que fueron reconocidos por su madre.
Sobre este caso, Arias dijo que ya se analizaron todas las fotos y los vudeos donde se observa a los policías y “ahí quedó clarito la diferencia entre cómo entra y cómo sale” el joven. “Ahora hemos pedido que se oficie a la Policía para que mande los nombres de los policías que han sido identificados por foto a fin de que se proceda con la imputación”, sostuvo.
Patrón de impunidad
Con respecto a las otras denuncias, las víctimas no pudieron identificar a los agresores, porque no contaban con filmaciones ni fotografías y además los policías actuaron sin identificación. Arias consideró que esto “muestra un patrón de impunidad muy grande”.
Algunos relatos dan cuenta de cómo se realizan estos procedimientos.”Me dijeron ‘vamos’ y me esposaron al subirme al móvil. Y de ahí dijeron que ‘les faltaban tres para completar’ y siguieron con el móvil buscando gente por aproximadamente una hora, hasta que vieron a tres albañiles sobre calle Alvear y Leguizamón y también los subieron al móvil sin mediar palabra”, relató uno de los jóvenes.
“Nos dijeron directamente: ‘suban'”, relató otro joven. Al cuestionar ¿por qué?, un policía le contestó “porque no me caés bien”. Al interrogar de nuevo, “Me tiraron en el piso de la caja de la camioneta y me pusieron la rodilla sobre el cuello”, contó el joven.
“Me dijeron ‘callate’ y me dieron con el palo de goma en la cara. De ahí me llevaron a dar vueltas y seguían cargando gente. Decían: ‘faltan dos más’ y siguieron deteniendo gente hasta que llenaron el móvil. Y nos llevaron directamente hasta el Centro de Contraventores donde me tuvieron detenido más de ocho horas, ya que me llevaron a las 8 am y me soltaron cera de las 19″, relató otro.
El centro Alfa y La Gremial señalaron que una constante en todos los casos fueron los hechos de violencia física, la detención e incomunicación sin informar los motivos ni la Fiscalía interviniente. En algunos casos fueron mujeres las violentadas y también personas con discapacidad. En todos los casos, los efectivos no estaban identificados.
Discrecionalidad policial
Las organizaciones también dialogaron con otros jóvenes que fueron sometidos a los mismos vejámenes en estos días, pero que no quieren denunciar por temor a represalias.
“Sigue habiendo un amplio margen de discrecionalidad policial y están dadas todas las condiciones para que estas prácticas se hagan habituales con total impunidad, motivo por el cual un altísimo porcentaje de las denuncias por violencia policial que ingresan a la Fiscalía de Derechos Humanos terminan archivadas. Pero seguiremos denunciando y visibilizando, hasta que el Estado asuma su responsabilidad por tanta discriminación y violencia selectiva e injustificada”, concluye el comunicado.
El habeas corpus presentado en junio por las organizaciones sigue en trámite. Ya se presentó “la Fiscalía de Estado con la Policía, obviamente negando y minimizando todo”, contó Arias. El expediente está en la Corte de Justicia de Salta y hay intenciones de vincular este recurso con otro similar presentado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura sobre el hacinamiento en comisarías de la provincia.
“Si bien son cuestiones distintas geográficamente y también los pedidos son distintos, aparentemente la Corte los quiere vincular. Estamos esperando a ver que se resuelva esa cuestión. Por eso, a los fines de visibilizar el hecho, estamos pidiendo a organismos de derechos humanos y otros actores que puedan acompañar a través de amicus curiae. Y obviamente, a todas estas cuestiones que están pasando, también las sumamos al habeas corpus, justamente para que se visibilice el hecho de que no están cumpliendo debidamente con lo que se ha denunciado”.
