Por estos días, el eje fluvial del país vuelve a colocarse en el centro de la discusión. No es novedad. El Canal Magdalena, proyecto estratégico postergado, resistido y vuelto a postergar, continúa siendo una deuda pendiente. Lo nuevo, sin embargo, es la forma.
La reciente convocatoria a una audiencia pública por parte del gobierno nacional reavivó el debate, aunque no por su potencial de consenso, sino por las críticas que ha despertado en diferentes sectores. Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde la Legislatura bonaerense a través del diputado provincial Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, quien manifestó su oposición frontal al proceso. “Sin consultar a las provincias y con estudios desactualizados Milei quiere entregar nuestra soberanía marítima“, apuntó.
La Audiencia Pública fue convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a través de la Resolución 48/2025, con fecha para el próximo lunes 3 de noviembre. El objetivo declarado es tratar modificaciones en la Vía Navegable Troncal. Pero según Pulti, el planteo no tiene sustento técnico y viola principios básicos de la legislación vigente.
“La audiencia convocada para el lunes carece de información técnica completa, presentan estudios desactualizados, de espaldas a las provincias y sin incluir en el debate el Canal Magdalena. Presentamos una iniciativa en la legislatura rechazando la entrega de la soberanía a la que nos somete Milei”, aseguró el marplatense.
La crítica apunta a una debilidad estructural centrada en que el Estudio de Impacto Ambiental no fue presentado en tiempo ni forma. La ley lo exige como paso obligatorio antes de cualquier intervención de esta magnitud, y sin ese insumo, la instancia de participación ciudadana se vacía de sentido.
“El país no puede avanzar con audiencias públicas que no cumplen con los estándares de rigurosidad que exige la ley. Una audiencia sin información suficiente termina siendo apenas un trámite, y la Argentina necesita debates estratégicos, no formalidades”, sostuvo el diputado.
El legislador presentó, en consecuencia, un proyecto de declaración en la cámara baja bonaerense. Allí se expone lo que a su juicio es un error central al omitir el Canal Magdalena de cualquier análisis de la Vía Navegable Troncal.
“Discutir modificaciones a la navegación del Río de la Plata sin integrar el Canal Magdalena constituye un error conceptual y estratégico”, sostiene el texto, argumentando que toda decisión en torno a profundidades, trazas y accesos marítimos impacta directamente en los puertos bonaerenses, la logística de exportación y miles de empleos.
El proyecto insiste en que cualquier discusión sobre infraestructura portuaria debe partir de información actualizada, estudios serios, evaluaciones de costo/beneficio y un análisis geopolítico más amplio del Atlántico Sur. No hacerlo, según Pulti, dejaría al país atado a decisiones ajenas y a intereses foráneos.
“El Canal Magdalena constituye una solución moderna, soberana y eficiente”, subrayó el diputado. “Argentina debe gobernar su acceso al mar. Y eso incluye garantizar una vía de entrada y salida que dependa de nuestras decisiones, no de la infraestructura de terceros países. No integrar el Canal Magdalena a este debate es desconocer la dimensión estratégica del problema”, agregó.
El reclamo no es nuevo. La historia reciente del Canal Magdalena es tan extensa como su lista de obstáculos. Tal como reconstruyeron Buenos Aires/12 y Página12, la iniciativa fue impulsada por primera vez en 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo puso sobre la mesa. En 2020, Axel Kicillof respaldó públicamente la obra.
Un año más tarde, Jorge Taiana, por entonces senador, presentó un proyecto que habilitó una audiencia pública. Hacia fines de 2024, luego de la prueba de un prototipo navegable, con el intendente platense Julio Alak a la cabeza, quedó conformada la comisión impulsora del proyecto de dragado del Canal Magdalena, en una decisión complementaria del Consorcio de la Región Capital conformada por los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio. Tiempo después, Kicillof volvió a respaldar el proyecto al pedir la transferencia de la jurisdicción al gobierno de Milei, y luego no hubo más noticias.
El problema de fondo es que Argentina lleva sus exportaciones por la ruta más larga, más costosa y más dependiente. La traza del Canal Punta Indio obliga a los barcos a utilizar el puerto de Montevideo para entrar o salir, encareciendo el comercio y cediendo soberanía logística. El Canal Magdalena, en cambio, permitiría unir el Paraná con el Atlántico en línea recta, con doble vía, menor costo de dragado y menor espera para los buques.
A este escenario se suman, según Pulti, problemas graves con los documentos oficiales que acompañan la convocatoria del gobierno nacional: “Algunos estudios tienen más de una década y no reflejan la realidad hidrológica, ambiental y climática actual, lo que expone al Estado a conflictos jurídicos y compromete la sustentabilidad del ecosistema del Río de la Plata”.
El legislador no duda en señalar que lo que está en juego excede lo técnico. La discusión es política, económica y geoestratégica. “La provincia de Buenos Aires tiene un rol central en la definición de la política portuaria nacional y no puede quedar al margen de decisiones que afectan directamente a su cadena agroexportadora, a su industria naval, a sus puertos y a miles de empleos”, afirmó.
El cierre de su posicionamiento dejó en claro que la pelea recién empieza. “Lo que la Argentina decida hoy marcará su competitividad durante las próximas décadas. Por eso presentamos nuestra iniciativa en la Legislatura: para que la provincia acompañe un reclamo que es técnico, económico y profundamente estratégico”, escribió.
