César Sena junto a su abogada, Gabriela Tomjlenovic (Edgardo Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). El Centro Convenciones del Hotel Gala está ubicado junto a la Ruta Nacional 11, a 3 kilómetros del aeropuerto internacional de Resistencia. A pesar de las fuertes lluvias, este martes 28 de octubre, registró movimiento desde temprano. Entre las 5.30 y las 6 llegaron los siete imputados —César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso— trasladados bajo custodia desde las unidades donde permanecen detenidos. Afuera, la presencia de 50 efectivos policiales y periodistas de distintos medios marcó el inicio de una jornada inédita para la provincia.

A las 7 también empezaron a llegar los posibles jurados, los 250 ciudadanos convocados para esta primera jornada. Para la segunda y la tercera, se citaron 100 por día. Según contaron fuentes judiciales a Infobae, la concurrencia fue alta: se presentaron 163 personas, el 65% del total citado. Todos ingresaron por una entrada exclusiva, distinta a la de los imputados, las partes y la prensa.

Con esa postal comenzó el proceso para elegir a los 12 ciudadanos que decidirán el destino del clan Sena. El mismo puede extenderse hasta el jueves 30 de octubre, ya que, en total, son 450 los chaqueños sorteados para ser posibles miembros del jurado en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. De ellos saldrán los 12 titulares (seis hombres y seis mujeres) y cuatro suplentes, que deberán decidir si los imputados son culpables o no.

“Los jurados deciden por unanimidad mediante una deliberación que es secreta. Deciden los hechos, no deciden la pena. Los 12 tienen que ponerse de acuerdo en una misma decisión”, explicaron fuentes del caso acerca de cómo funciona este tipo de debates en Chaco.

La audiencia de selección de jurados, si bien es “secreta”, se realiza en presencia de los siete imputados y sus defensas. Infobae, junto con otros medios, pudo acceder unos minutos al lugar y tomar algunas fotos, como la que encabeza esta nota. En la sala también están los representantes del Equipo Fiscal Especial, Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez; la querella familiar, a cargo de Gustavo Briend; y la querella del Estado, encabezada por Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela.

Fuentes judiciales explicaron que, aunque técnicamente se denominen “audiencias de selección”, en realidad, son audiencias de “des-selección” porque lo que se hace es descartar jurados a través de preguntas que permitan fundar recusaciones.

En un juicio ordinario este proceso puede durar una mañana. En este caso, y debido a la magnitud de la causa, se puso un plazo de tres días. Por tratarse de un sistema cronológico: los candidatos que no son recusados se consideran automáticamente seleccionados.

Varias fuentes vinculadas al caso reconocieron que el proceso no será sencillo. “Va a ser difícil armar un jurado completamente imparcial en el Chaco: todos conocieron el caso”, confiaron.

Y añadieron que, al ser un hecho de alto perfil, se pondrá especial atención en detectar posibles prejuicios o vínculos con las partes. “Se indagará en cuestiones íntimas de las personas, como por ejemplo, si tienen hijos, qué piensan de los movimientos sociales, si consumen medios de comunicación o redes sociales, si ellos o algún familiar atravesaron situaciones de violencia de género o si consideran que una persona acusada de un delito grave merece defensa. El objetivo será detectar posibles sesgos o convicciones que puedan afectar su objetividad”, explicaron.

César Sena está acusado de asesinar a Cecilia Strzyzowski, contando con la participación necesaria de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña (Foto/La Nueva Chaco)

Juicio por jurados en Chaco

Desde septiembre de 2015, en Chaco está vigente el juicio por jurados. Sin embargo, recién se implementó el 22 de agosto de 2019. Se trata de un procedimiento en el que 12 ciudadanos, como miembros de un jurado popular, deciden sobre la culpabilidad o inocencia de uno o varios acusados de cometer un delito grave, como los homicidios, las violaciones y los femicidios.

“Hasta el momento, se llevaron a cabo 85 juicios bajo esta modalidad en la provincia. El del femicidio de Cecilia Strzyzowski es el número 86″, especificó otra fuente.

La selección de los jurados se realiza una vez al año en un sorteo público basado en el padrón electoral que realiza Lotería Chaqueña. Luego, el Poder Ejecutivo comunica a los potenciales jurados que fueron seleccionados. Esto significa que un ciudadano no puede anotarse para ser jurado, lo que garantiza la transparencia del proceso.

Algunos requisitos para ser jurados son:

  • Tener entre 18 y 75 años.
  • Vivir en la provincia de Chaco.
  • No tener un cargo político, un puesto en el Poder Judicial, ser escribano o fuerza de seguridad en actividad.

Para cada juicio por jurados, la Oficina Judicial Central realiza un sorteo sobre la base de ese listado y convoca entre 40 y 60 personas al azar. “Fueron muy pocos los juicios que superaron esa cifra. En el juicio número 14 se sortearon 70; y en el número 33 —por un caso de violencia institucional— se sortearon 90. En este caso, por la cantidad de imputados y de partes involucradas, el número ascendió a 450”, le contó a este medio una fuente.

Entre ellos se lleva a cabo un proceso de selección para elegir a 12 titulares (seis hombres y seis mujeres) y a cuatro suplentes, que reemplazan a cualquiera de los miembros si ocurre una eventualidad.

Para definir si alguien será recusado, las partes realizan preguntas orientadas a detectar posibles prejuicios, vínculos o conocimientos previos del caso.

Según explicaron las fuentes, los candidatos deberán completar primero un formulario de 20 preguntas de opción múltiple en formato digital. A partir de esas respuestas, se van filtrando los perfiles: quienes respondan afirmativamente a ciertos ítems pueden ser apartados de la sala, mientras que quienes no lo hicieron permanecen. En algunos casos, incluso puede quedar una sola persona para la entrevista final.

Luego comienza la instancia formal de audiencias de recusación, que pueden ser con causa o sin causa. Las primeras son ilimitadas; para las segundas, el máximo habitual es de cuatro por parte, aunque en este juicio se amplió ese número por la complejidad del proceso.

La jueza Dolly Fernández

Una vez que designan a los miembros del jurado, la jueza Dolly Fernández los instruye sobre cómo es la valoración de la prueba y qué deben analizar y qué no. “Van a tener que compartimentar el cerebro y abstraerse: tienen que dejarse guiar por lo que ven y escuchan. Es difícil, pero no imposible”, apunta otra de las voces consultadas.

En función de eso se llega al veredicto. “Muchas veces les da miedo, pero se involucran. No hace falta ser abogado para tomar una decisión”, explicaron.

Para preservar la identidad del jurado, los litigantes no saben ni los nombres, bi apellidos ni los domicilios. Los únicos que tienen esa información son la oficina de Juicio por Jurados. Cada jurado se identifica con su número de “Voir dire”, un término jurídico francés que significa “decir la verdad”. “Hay medidas de seguridad que, justamente por seguridad, no se van a ventilar. Para cada juicio se arma un dispositivo”, indican las fuentes.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez (Foto/Edgar Aguirre)

Debate y veredicto

Una vez que comience el debate oral, los jurados deberán prestar juramento y la jueza dará las instrucciones del proceso. Ese es el momento en que la fiscalía, las querellas y las defensas podrán presentar sus teorías del caso. Las partes presentan las pruebas, acercan testigos, convocan peritos, muestran fotos y videos, y documentos para fundamentar sus teorías. Luego desarrollan sus alegatos y le piden al jurado el veredicto.

Para realizar el debate, los jurados eligen un vocero. Si tienen dudas deben consultar con el juez. No hay un tiempo determinado para deliberar, se termina cuando se llega a un veredicto unánime de culpabilidad o no culpabilidad. Una vez logrado, el vocero del jurado lee el veredicto ante el tribunal. En caso de que el acusado sea culpable, el juez profesional impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.