El gobierno de Estados Unidos informó este martes que sus fuerzas armadas llevaron a cabo tres nuevos ataques aéreos contra embarcaciones que acusó de traficar drogas en el océano Pacífico, frente a las costas de Colombia. Las operaciones, realizadas el lunes por orden directa del presidente Donald Trump, dejaron catorce muertos y un sobreviviente, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Los bombardeos forman parte de la campaña militar que Washington inició a comienzos de septiembre en el Caribe y extendió luego al Pacífico oriental. Con los ataques de esta semana, el saldo total de muertos asciende al menos a 57 personas, en una docena de operaciones contra pequeñas embarcaciones que la administración del republicano acusa de pertenecer a una red de “narcoterrorismo”. Hasta el momento, no han presentado pruebas que sustenten estas denuncias.
El gobierno mexicano rescató a un sobreviviente en aguas internacionales y pedirá explicaciones diplomáticas a Washington, mientras que Colombia y Venezuela denunciaron violaciones al derecho internacional. En el Congreso estadounidense, legisladores republicanos y demócratas pidieron que la Casa Blanca aclare bajo qué marco legal se realizan las operaciones.
“Defendemos nuestra patria”
En una publicación en la red social X, Hegseth justificó los ataques señalando que “los narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera” y aseguró que los cuatro botes habían sido identificados por la inteligencia de su país. “El Departamento ha pasado dos décadas defendiendo otras patrias. Ahora estamos defendiendo la nuestra”, añadió el funcionario, quien difundió además un video que muestra el impacto de misiles sobre dos lanchas.
El propio Trump defendió públicamente las operaciones. Durante una visita a tropas estadounidenses en Japón, ironizó sobre las críticas recibidas: “Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad?”. Y añadió: “Estamos librando una guerra contra los carteles como nunca antes, y ya la estamos ganando en el mar”.
Los bombardeos se suman a una serie de ataques aéreos y despliegues militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico que han generado fuertes tensiones con América Latina. Desde principios de septiembre, el Comando Sur ha destruido al menos catorce embarcaciones en lo que la Casa Blanca describe como una “guerra contra los carteles”, pero que en reiteradas ocasiones han sido señalados como civiles en misiones de pesca.
De acuerdo con el jefe del Pentágono, ocho personas murieron en el primer ataque, que alcanzó dos embarcaciones navegando lado a lado; cuatro en el segundo y tres en el tercero, aunque una de ellas habría sobrevivido. Se trata de la segunda persona que sobrevive a este tipo de ataques, y tuvo que ser rescatada del naufragio aún estando en aguas internacionales.
“Son asesinados”
El único sobreviviente fue rescatado por la Marina mexicana, que actuó “por razones humanitarias y en aguas internacionales”, según confirmó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. “Nos lo informó el secretario de Marina: una embarcación atacada en aguas internacionales tenía un sobreviviente. Por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, se procedió a rescatarlo”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina, al tiempo que subrayó que su gobierno “no está de acuerdo con los ataques” y pedirá explicaciones diplomáticas a Washington.
Sheinbaum señaló que instruyó a las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores para reunirse con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, a fin de abordar la situación y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales. Enfatizó que la acción de rescate no busca confrontar, sino salvaguardar la vida humana en el mar y preservar las obligaciones bilaterales existentes.
La respuesta más dura llegó desde Colombia, desde donde el presidente, Gustavo Petro, calificó los ataques de “asesinatos” y sostuvo que Estados Unidos está violando tratados internacionales. Desde Qatar, donde realiza una visita oficial, Petro insistió en que los bombardeos “no buscan incautar cocaína sino preparar una invasión”, en referencia a las crecientes tensiones entre Washington y Venezuela. “Son asesinados. Rompen los tratados del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza”, escribió Petro en X.
El mandatario colombiano, recientemente sancionado por el Tesoro estadounidense junto a su familia y parte de su gabinete, advirtió que la ofensiva “no tiene como objetivo combatir las drogas, sino dominar políticamente a la región” como parte del plan de Trump. “Tiene más que ver con el petróleo que con defender a la sociedad norteamericana”, sostuvo.
Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de “fabricar un conflicto para justificar una intervención”. Venezuela denunció que varios de los bombardeos se produjeron en zonas cercanas a su espacio marítimo y exigió que la ONU investigue posibles violaciones de soberanía y ejecuciones extrajudiciales.
Juristas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que los ataques contravienen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben el uso de fuerza letal contra personas no combatientes fuera de un conflicto armado.
La propia calificación de los atacados como “narcoterroristas” y “combatientes ilegales”, introducida por la administración Trump en septiembre, ha sido puesta en duda por especialistas. “El narcotráfico es un delito, no un acto de guerra”, dijo el jurista Matthew Waxman, del Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations), quien advirtió que el Congreso no ha autorizado el uso sostenido de la fuerza en el Caribe ni en el Pacífico.
El subsecretario general de la ONU para las Américas, Miroslav Jenca, recordó ante el Consejo de Seguridad del organismo que “todas las acciones contra el crimen organizado deben respetar el derecho internacional”, sin importar la supuesta urgencia de la batalla contra el narcotráfico. “No se puede combatir el narcotráfico con misiles”, expresó un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos consultado por la agencia Reuters.
Condena interna
En medio de la escalada, el Pentágono anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y un grupo de destructores al Caribe y al Pacífico sur, reforzando lo que constituye el despliegue más grande de la última década en aguas latinoamericanas. En paralelo, aviones B-1B y B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense realizaron vuelos de patrullaje sobre el Caribe frente a Venezuela, lo que fue interpretado por observadores como una demostración de fuerza en medio del creciente clima de confrontación.
El gobierno de Ecuador, aliado de Washington, incluso evalúa permitir la instalación de una base militar en las Islas Galápagos para operaciones “contra el narcotráfico y la pesca ilegal” en el Pacífico. “Podría ser utilizada por varios países, incluido Estados Unidos”, declaró el presidente Daniel Noboa, aunque sin ofrecer precisiones.
Dentro de Estados Unidos, crece el malestar en el Congreso ante la expansión de la campaña militar. El senador republicano Rand Paul calificó las operaciones como “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que el demócrata Mark Kelly declaró que la Casa Blanca “no pudo explicar en el Congreso cómo esto es legal” en referencia a la falta de un debido proceso previo a los ataques. “La administración presentó evidencias insuficientes que no justifican los bombardeos letales. Están intentando encajar los hechos en una narrativa política”, sostuvo Kelly en declaraciones a ABC News.
A pesar de las críticas, los intentos legislativos para frenar la ofensiva han fracasado. Un proyecto del congresista demócrata Jason Crow, que exigía autorización del Congreso para continuar los ataques, nunca fue debatido. Y una iniciativa similar en el Senado fue rechazada este mes. “Trump no tiene autoridad legal para lanzar ataques militares sin aprobación del Congreso”, sostuvo Crow. Pero el presidente fue categórico: “No vamos a pedir una declaración de guerra. Vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país”.
