El presupuesto para atender a las personas viviendo con VIH seguirá desfinanciado en 2026. Con la prórroga de un presupuesto nacional que viene con motosierra desde que asumió el Gobierno libertario, en línea con su discurso de mantener un bajo déficit fiscal, el otro año la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis tendría un recorte de al menos el 40 % de los fondos, según denuncia el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH.
En Salud, el Gobierno Nacional proyecta un aumento del 17%, por encima de la inflación, para 2026, pero Claudio Mariani, del Frente Nacional, advierte que si se toma en cuenta la variable del cambio del dólar —moneda con la cual se compran los medicamentos y los insumos sanitarios—, los fondos seguirán siendo insuficientes para atender a las y los pacientes con VIH.
Para 2025, las organizaciones sociales advirtieron una reducción significativa del 76% de los fondos para la Dirección de VIH. Esto ha generado una crisis sanitaria que puede agudizarse, pues los recortes se traducen en la falta de reactivos para testeos virales, cambios de esquemas en medicación y reducción en la compra de los preservativos que se distribuyen en los centros de salud.
“El VIH es un virus muy inteligente: cortás el tratamiento y el mismo virus crea resistencia a la medicación que dejaste de tomar o que estás tomando pausadamente”, advierte Mariani, quien hace énfasis en los efectos secundarios que pueden tener los pacientes con VIH cuando cambian de esquemas médicos por la escasez de antirretrovirales.
Por ejemplo, personas adheridas al tratamiento que tomaban dos drogas han tenido que pasar a tomar tres, algo que también ocurrió durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, explica. Ante esta situación, agrega el activista, las provincias se están haciendo responsable de la compra de medicamentos e insumos, dentro de sus propias limitaciones presupuestarias.
En un comunicado, la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP) denunció estos recortes presupuestarios. “El Estado decide no prevenir, no diagnosticar, no tratar, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas,vulnerando sus derechos. Este proyecto de presupuesto agrava la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más necesitan del sistema”, publicó.
En cifras, según la fundación, aunque en 2024 se atendieron a 79,170 personas con VIH, con el presupuesto del próximo año se proyecta atender solo a 71,500. También miles de pacientes con tuberculosis quedarían fuera del sistema, ya que de los 15,853 casos atendidos en 2024, en 2026 solo se proyecta la atención de 12,450.
A esto se suma el recorte y la falta de distribución de 23 millones de preservativos, la eliminación de materiales educativos de distribución comunitaria, y la falta de la profilaxis preexposición (PrEP, un medicamento que reduce el riesgo de contagio de VIH) y profilaxis post exposición (PEP, consumido luego de una situación de riesgo o en casos de violencia sexual) para 11 mil personas, según la Fundación GEP .
La crisis también es económica
Alan Arce es un activista de la organización Positivos La Matanza, que desarrolla trabajo territorial en el partido homónimo, el más poblado de la Provincia de Buenos Aires, y que también enfrenta cotidianamente los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional.
Arce cuenta que hasta hace más de un año, las y los pacientes con VIH que la organización acompaña podían acceder a dos testeos de cargas virales por año, fundamentales para conocer la adhesión al tratamiento o si las personas han alcanzado la indetectabilidad y ya no pueden transmitir el virus, pero ahora estos testeos se han reducido a uno. Esto implica que, desde provincia, algunos pacientes tengan que pasar a atenderse en los hospitales de Capital Federal, y así la organización ya no puede dar seguimiento a sus casos.
En medio de esta crisis sanitaria también está la crisis económica. El último relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), de septiembre, reportó que aunque en el segundo trimestre del año hubo una leve disminución del 0.3 % de la desocupación respecto al primer trimestre, cuando fue de 7.9 %, el Gran Buenos Aires es el segundo conglomerado urbano donde hay más desempleo. El mismo informe indicó que para que una familia no fuese pobre necesitaba ingresos de por lo menos $1,176 millones, con una canasta básica rondando los $537,736.
El desempleo repercute en el sistema público de salud, de acuerdo con Mariani y Arce, ya que aquellas personas con VIH que en su momento tenían cobertura médica por una obra social y así accedían a su tratamiento, pero quedaron desempleadas, hoy acuden al sistema público de salud, que cada vez está más desabastecido. Y, con los despidos de finales o inicios de año, la cifra de pacientes en el sistema público podría incrementar.
“Son personas que ya pasaron al sistema público y el sistema público está muy demandado. Y ahí muestra, una vez más, que el presupuesto destinado para poder brindar una atención que cubra a todos los pacientes está totalmente limitado”, indica Arce, quien ejemplifica este desabastecimiento cuando se refiere a que en el hospital Simplemente Evita, en la localidad de González Catán, hay una infectóloga para atender a 80 pacientes. En contraste, dice, la Dirección Nacional de VIH de la Provincia de Buenos Aires reporta, en La Matanza, desde 2014 a la fecha, 1,493 casos de VIH.
Positivos La Matanza también acompaña a 180 pacientes con VIH que, por medio de la Ley 27,675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, aprobada en 2022, habían accedido a una pensiones por invalidez laboral, pero fueron dados de baja tras las auditorías realizadas por la Asociación Nacional de Discapacidad, instancia involucrada en el supuesto pago de coimas que salpican a la secretaria presidencial, Karina Milei, y su asesor, Eduardo “Lule” Menem. Ahora, a través de un amparo, la organización busca reanudar estas pensiones.
En este contexto de desocupación y recorte de las políticas sociales, tanto Mariani como Arce señalan que no basta con que las y los pacientes con VIH obtengan la medicación, sino que también puedan tener una alimentación balanceada que les permita fortalecer su sistema inmunológico.
“Cuando hablamos de salud no es solo la medicación, sino que también es comer. En La Matanza, la CABA, en otros lugares, hay personas que sí tienen la medicación, pero no tienen comida. Es un tema mucho más grave de lo que pensamos y, cuando el Gobierno habla de un recorte es porque para ellos evitar la prevención del VIH y las ITS es un ahorro”, apunta Mariani.
