Además de no poder acercarse a la víctima, Zarantonelli deberá cumplir con régimen impuesto por la Justicia

Después de que accediera a ser sometido a un juicio abreviado, un funcionario municipal de Goya, provincia de Entre Ríos, fue condenado a tres años de prisión condicional por privar ilegítimamente de la libertad a su pareja. Tanto la pena, como la instancia oral, fueron consecuencia de que el acusado aceptara la responsabilidad por los cargos que enfrentaba.

El juez de Garantías Lucio López Lecube dictó la Sentencia 89, en la que se estableció la culpabilidad de Pedro Edgardo Zarantonelli, actual director de Servicio Municipal, por el delito de privación ilegítima de la libertad mediando violencia y amenazas en perjuicio de R. A. S. De esta manera, el hombre deberá cumplir la pena en libertad, bajo estrictas condiciones impuestas por la Justicia.

El fallo reconstruyó que los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2025, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando el acusado trasladó a su pareja hasta una vivienda situada en la intersección de las calles Baibiene y 9 de Julio de Goya.

En ese domicilio, se produjo una discusión motivada por celos y actitudes posesivas, según constó en la sentencia. Durante el altercado, el funcionario cerró la puerta con llave e impidió que la mujer abandonara el lugar, por lo que la mantuvo retenida en contra de su voluntad desde las 18 hasta las 21:30 horas. Además, se constató que ejerció violencia física y amenazó de muerte a la víctima.

Varias de las lesiones que sufrió la mujer durante el tiempo que estuvo retenida

Según la información publicada por El Litoral, el magistrado dispuso una serie de medidas preventivas orientadas a proteger a la víctima y evitar la reiteración de conductas similares. Entre las reglas de conducta impuestas, se ordenó que Zarantonelli fije domicilio y que no pueda modificarlo sin previo aviso a las autoridades.

De la misma forma, se estableció la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la mujer, de su domicilio y de los lugares que frecuenta. Asimismo, remarcaron que el condenado tampoco podrá contactarla ni intimidarla por ningún medio, ya sea telefónico o virtual.

Por último, como parte de las condiciones para la ejecución condicional de la pena, la Justicia dispuso que el funcionario municipal cumpla con un tratamiento terapéutico obligatorio destinado a erradicar patrones de violencia y abordar el posible consumo de sustancias.

Denunciaron a un funcionario municipal de Neuquén por violencia de género

La separación de Carlos Humberto Fuentes de su cargo como secretario de Gobierno, Turismo y Patrimonio del Municipio de Rincón de los Sauces se produjo tras la activación de un pedido de captura por parte de la Policía de Neuquén y la posterior notificación de medidas cautelares en el marco de una causa por violencia de género, iniciada a finales de julio de este año.

Fuentes fue separado de su cargo, luego de que activaran un pedido de captura en su contra

Luego de que se pidiera la detención del funcionario, la administración local comunicó que la decisión de apartarlo de sus funciones responde a la necesidad de preservar el funcionamiento institucional y garantizar la transparencia, sin que ello implique un pronunciamiento sobre los hechos denunciados.

La denuncia contra Fuentes derivó en la apertura de una causa penal por lesiones leves agravadas. La Fiscalía, bajo la dirección de Rocío Rivero, formalizó la notificación al ex funcionario sobre la investigación en curso y le requirió la designación de un abogado defensor.

De acuerdo con el Diario de Río Negro, el acusado se presentó de manera espontánea ante la Policía de Neuquén, por lo que fue informado de las medidas cautelares que deberá cumplir. Paralelamente, un juzgado de familia dictó restricciones específicas respecto de la denunciante.

Entre las disposiciones impuestas, le prohibieron acercarse a menos de 200 metros de la mujer, la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación y la restricción de acceso al domicilio familiar. Según explicaron las autoridades judiciales, estas medidas buscarían resguardar la seguridad de la víctima mientras avanza la investigación.