El narcotráfico en Tucumán encontró en la vulnerabilidad social un nuevo aliado. Según el Ministerio Público Fiscal, hasta el lunes pasado se secuestraron 1.024 kilos de cocaína en la provincia —cinco veces más que en el mismo período de 2024— y más del 57% del total fue decomisado en la llamada “Ruta de los Valles”. Sin embargo, las cifras revelaron un dato inquietante: 260 kilos de esa droga fueron transportados por personas utilizadas como medio de traslado por las redes criminales, en un sistema que combina engaño, necesidad económica y explotación.
Las investigaciones determinaron que los narcotraficantes seleccionan a personas en situación de extrema vulnerabilidad —desocupadas, con urgencias económicas o familiares— para convertirlas en “mulas” o “capsuleras”. “En estos tiempos duros no les resulta difícil encontrar gente desesperada. Se dejan engañar y terminan lamentándolo porque no miden las consecuencias”, explicó Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.
Las “capsuleras” ingieren cápsulas de cocaína para transportarlas dentro del cuerpo. En lo que va del año, las fuerzas incautaron 19 kilos mediante este método. Las “mulas”, en cambio, son personas que llevan paquetes de droga adosados al cuerpo o en vehículos, incluso en viajes familiares para no despertar sospechas.
Bajo esta modalidad, se decomisaron 195 kilos. En algunos casos, los narcos incluso aprovecharon a obreros golondrinas: en un procedimiento reciente, se descubrieron 13 kilos escondidos dentro de matafuegos.
El sistema de pago demuestra la asimetría del negocio. Mientras un kilo de cocaína vale unos U$S3.500 en frontera y asciende a U$S5.500 en Tucumán, las “capsuleras” reciben apenas U$S 150 por kilo transportado. “Son el último eslabón de la cadena, ponen en riesgo su vida por necesidad”, explicó un funcionario judicial. En tanto, las “mulas” pueden cobrar cifras mayores: dos detenidos en la Ruta de los Valles, que trasladaban nueve kilos valuados en $ 76 millones, fueron contratados por apenas un millón de pesos.
Los narcos suelen prometerles asistencia legal y ayuda para sus familias si son detenidos, pero según fuentes judiciales, menos del 10% cumple. Por miedo a represalias, la mayoría guarda silencio. Las penas previstas por la ley van de cuatro a quince años de prisión. Además, en los últimos tiempos surgió una maniobra adicional: muchos de los reclutados son ciudadanos bolivianos que, al ser detenidos, solicitan su expulsión del país para eludir la condena.
“Estas personas son cuidadosamente elegidas por los narcos. Si les sale bien, repiten. Si son detenidas, quedan atrapadas en un círculo del que no pueden salir”, explicó el abogado penalista Aníbal Paz. Su colega Patricio Char consideró que “en realidad son víctimas de trata de personas, obligadas a realizar una actividad ilegal por una mísera paga, mientras los grandes narcos operan desde restaurantes de lujo”.
En la misma línea, la abogada Paula Morales Soria señaló que la utilización de “mulas” y “capsuleras” puede encuadrar como trata de personas cuando se verifica abuso de la situación de vulnerabilidad. “El foco debe estar en las organizaciones narcocriminales que se benefician del cuerpo ajeno, no en las víctimas”, enfatizó.
Mientras las cifras del narcotráfico crecen, el drama humano detrás de cada decomiso expone una realidad menos visible: la del reclutamiento sistemático de personas pobres y desesperadas, convertidas en piezas descartables de una maquinaria criminal que se nutre de la desigualdad y el abandono.
