La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes, al mediodía, una audiencia para definir dónde se llevará adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. En la disputa por la competencia también se definirá dónde se investigarán las responsabilidades políticas del caso, que alcanzan al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Marina Marcelo Srur.
La audiencia estará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Desde las 12, los camaristas escucharán a las partes exponer sus argumentos.
El eje de la discusión es dónde se realizará el juicio oral que involucra a integrantes de la Armada. Los acusados son Luis Enrique López Mazzeo (comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada), Claudio Javier Villamide (comandante de la Fuerza de Submarinos), Héctor Aníbal Alonso (jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos) y Hugo Miguel Correa (jefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos).
La causa tramita en la justicia federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Meses atrás, el abogado querellante Luis Tagliapietra pidió que el juicio se celebre en los tribunales federales de Mar del Plata porque desde allí zarpó el submarino el 25 de octubre de 2017 con destino a la base naval de Ushuaia. Uno de los 44 submarinistas era su hijo, Alejandro Tagliapietra.
Al planteo adhirieron el fiscal Julio Zárate y las defensas de López Mazzeo y Villamide. López Mazzeo está representado por los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, integrantes de la asociación Justicia y Concordia, que nuclea a defensores de acusados por crímenes de lesa humanidad. Ambos también formaban parte del grupo que se reunía con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y con el cura Javier Olivera Ravasi para discutir alternativas que permitieran la liberación de represores.
La defensa de Villamide, ejercida por el abogado Juan Pablo Vigliero, sostuvo que la causa debía tramitar en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires, ya que allí está la sede de la Armada Argentina. Esto implicaría que el expediente se traslade a los tribunales de Comodoro Py.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz rechazó esas presentaciones y sostuvo que la causa debía continuar en su jurisdicción, ya que fue la primera que intervino en el caso. En instrucción queda la investigación que compromete, entre otros, a Macri y Aguad.
A principios de mes, la Sala IV de la Casación –con los votos de Borinsky y Carbajo– entendió que el TOF había rechazado indebidamente los recursos y fijó la audiencia para este lunes. Allí expondrán querellas, defensas y fiscalía, o presentarán breves escritos.
La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, se opone a que el expediente salga de Santa Cruz. “Exigimos que el debate oral avance en Río Gallegos, honrando la memoria de los héroes del ARA San Juan y garantizando un acceso equitativo a la justicia. Tenemos plena confianza en el tribunal oral federal de Santa Cruz. En la Patagonia, prevalece la igualdad ante la ley, sin distinciones por apellidos o contactos políticos”, señala Carreras.
Según la abogada, su postura se fundamenta en las “dolorosas experiencias padecidas” en los tribunales de Retiro. Se refiere a la causa en la que se investigó el espionaje desplegado entre 2017 y 2018 por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las familias de los submarinistas que reclamaban al gobierno de Macri explicaciones sobre lo ocurrido con el buque.
La denuncia por espionaje, presentada en 2020 por la entonces interventora en la AFI Cristina Caamaño, inicialmente tramitó en la justicia federal de Mar del Plata, que luego la envió al juzgado federal de Dolores. Allí, el juez Martín Bava llegó a procesar a Macri por la vigilancia ilegal sobre las familias. Sin embargo, a los pocos días, la Cámara de Casación le quitó todos los expedientes de espionaje que tramitaban en ese juzgado.
La Cámara Federal porteña terminó dictando el sobreseimiento del expresidente. La decisión fue convalidada por la Cámara de Casación con argumentos exóticos: no negaron la existencia de la vigilancia ilegal sobre las familias; por el contrario, la justificaron diciendo que estaba en riesgo la seguridad del entonces mandatario. El tema ahora está a estudio de la Corte Suprema, que no le imprime la misma celeridad que tuvo al confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
“Estas decisiones no sólo legalizaron prácticas de vigilancia indebida –incluyendo interceptaciones durante misas y protestas–, sino que etiquetaron a las víctimas como ‘de riesgo’, profundizando su sufrimiento. Los jueces capitalinos involucrados, conocidos por su afinidad con los poderosos, han demostrado una parcialidad alarmante. Borinsky y Hornos mantenían visitas frecuentes a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, donde jugaban al pádel antes de fallar en causas importantes”, denuncia Carreras.
