El mamarracho jurídico del decreto 681/2025, a través del cual el Gobierno le “devolvió” la ley de Emergencia en Discapacidad al Congreso, empieza a transformarse en una pesadilla para Guillermo Francos. El jefe de Gabinete está siendo por estas horas el blanco elegido por la oposición para contragolpear la decisión oficial de volver a vetar en los hechos la norma, que se proponía darle un alivio al sector y a las familias del colectivo. Este martes, los interbloques de Fuerza Patria en el Senado y Diputados se sumaron a los pedidos de interpelación del ministro coordinador –y autor del decreto en cuestión junto al Presidente– que incluyen una moción de censura por negarse a implementar la ley. También hay una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, presentada por el diputado Esteban Paulón, que ya tramita en Comodoro Py. En la Rosada, en tanto, dicen que si lo destituyen, vuelven a nombrarlo al día siguiente.
La arremetida puede derivar en lo que el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, definió el lunes como “consecuencias impredecibles”. Él bloque de Diputados que conduce el excandidato a vice de Macri en 2019 fue el primero en presentar la moción de censura, a la que se sumaron más tarde los libertarios díscolos del minibloque “Coherencia”. Así las cosas, las voluntades se van sumando y todo parece listo para, llegado el momento –y si el Ejecutivo sigue dándole la espalda al Congreso– se pueda avanzar en la destitución del jefe de Gabinete, algo que no tiene precedentes en la democracia reciente –tal como sucedió primero con el rechazo al veto de Milei a la ley de Discapacidad y luego con el “doble veto”–.
“El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos. Milei promulga la ley, pero no la aplica. Vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete”, comunicó este martes el bloque de Unión por la Patria de la Cámara Alta.
Según el proyecto de resolución de los senadores de UxP, con la firma del jefe del bloque, José Mayans, se dispone la interpelación de Francos a “efectos del tratamiento de una moción de censura o, en su defecto, de remoción por incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. Para los opositores, el jefe de gabinete incumplió sus “deberes de funcionario público” y avasalló al Poder Legislativo, “atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base” del sistema constitucional, dice el texto.
En el artículo 2 del proyecto, los senadores también dejan establecido que la moción de censura o la remoción sea resuelta “en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.
La iniciativa del peronismo senatorial va en línea con los reiterados intentos de pedidos de interpelación a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la causa Libra y, recientemente, por el caso Spagnuolo, que se acumulan también en la Cámara de Diputados.
De espaldas al Congreso
Este martes, Francos ensayó una defensa curiosa. Dijo que no se ausentará en el Congreso si lo llaman y se encogió de hombros cuando le preguntaron por qué le pidieron la interpelación y lo denunciaron penalmente junto a Milei. “Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la ley de discapacidad, que efectivamente sí la promulgamos”, sostuvo.
En efecto, promulgó la ley, salvo que sólo lo hizo en su aspecto formal, sin dotarla de fondos, por lo que la transformó el letra muerta. El argumento oficial para hacerlo es una curiosa interpretación de la ley 24.156 de administración financiera, que le da aire para decir que las partidas presupuestarias deben estar explícitas en la norma sancionada. Pero Francos omite que permanentemente está moviendo fondos y recursos de un área a otra. Lo hizo este mes con los fondos reservados para la SIDE e incluso lo hizo con el área de discapacidad misma, a la que le transfirió el lunes 121 mil millones de pesos, por fuera de la ley de emergencia.
En la Casa Rosada saben que la oposición puede llegar a tener los números suficientes en el Congreso para remover al jefe de gabinete por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. En esa línea, y en consonancia con el no respeto del gobierno por las decisiones que toma el Poder Legislativo, en Balcarce 40 aseguran que, si eso ocurre, “Guillermo puede volver a ser nombrado por el Presidente al día siguiente porque no hay nada que se lo impida”.
El propio Francos salió este martes a hablar de la moción de censura que impulsa la oposición en el Congreso de la Nación. “No estoy de acuerdo con la maniobra que están llevando adelante algunos diputados. Lo que les exigimos es algo simple. Y no lo pedimos nosotros, está expresado en la legislación vigente. Es lo que plantea Artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, también el Artículo 5 de la Ley 24.629, que es una norma complementaria para la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional: cuando se sanciona una Ley que autoriza o dispone un gasto, la misma debe decir de dónde sale ese dinero. Si no, queda suspendida su ejecución”, dijo en declaraciones radiales.
En ese sentido, el jefe de los ministros puntualizó que si lo convocan para una interpelación está dispuesto a ir. “Yo creo esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley”, indicó y añadió: “Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo creo que por error, porque entendieron que no estábamos promulgando la ley de discapacidad, que efectivamente sí promulgamos”.
Desde la Reforma de 1994, la moción de censura está contemplada en la Constitución y habilita al Congreso a interpelar y, si es necesario, también remover a un funcionario del Poder Ejecutivo. El proceso se debe realizar en dos etapas. En la primera los legisladores deben aprobar la interpelación con mayoría absoluta en cualquiera de las cámaras. En la segunda se necesita otra vez el voto de la mayoría absoluta para lograr la remoción del funcionario.
Contra el Estado de Derecho
En Diputados, a su vez, el bloque de Encuentro Federal encabezado por Oscar Agost Carreño presentó el lunes una moción de censura para remover de su cargo a Francos por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad.
Entre las causales, enumeraron el incumplimiento de la Ley sancionada dos veces por el Congreso, “la violación de la división de poderes del Estado”, el “incumplimiento en la asignación de partidas” y el incumplimiento de la propia Ley 24.156 de administración financiera.
El proyecto lleva las firmas de Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, tres exiliados del ecosistema PRO, hoy parados en la vereda de enfrente de Javier Milei. Pichetto se refirió en muy duros términos a la decisión de Francos. “Lo informado por el jefe de Gabinete es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso”, dijo. Y agregó: “El hecho tiene consecuencias impredecibles”. El bloque Coherencia, de libertarios díscolos, también se sumó al pedido de censura.
“La ley no es un consejo, es una obligación y en este caso no la está cumpliendo el Ejecutivo. Es grave lo que está pasando. Lo que está haciendo es absurdamente cruzando una línea, ya no logro entender porqué todo el tiempo busca lastimar a las personas con discapacidad y sus familias”, sostuvo por su parte Daniel Arroyo, de UXP, autor del proyecto de Emergencia.
