La semana próxima, en los tribunales de La Plata, la Justicia retomará el juicio por trata de personas y narcotráfico, delitos que se desprenden de la causa por el femicidio de Johana Ramallo. La última audiencia fue en julio, cuando declaró su primo, quien aseguró que la joven de 23 años le habría contado que había sido amenazada por una de las personas que llegó imputada a esta instancia.
En esa jornada, el testigo apuntó hacia una persona vinculada a la «Zona Roja» de La Plata, conocida como “El Cabezón”. Según su declaración, la víctima le había manifestado temor y mencionó que atravesaba “un momento difícil”.
Carlos Rodríguez, alias “Cabezón”, es uno de los ocho imputados junto a Hernán D’ Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia “La Negra” Benítez; Paola Erika Barraza, alias “Tormenta”; y Celia Giménez.
Se trata de uno de los imputados con varios delitos en el expediente, ya que enfrenta cargos por falso testimonio, encubrimiento agravado, promoción y facilitación de la prostitución, explotación sexual de varias mujeres y tráfico de drogas, según la información proporcionada por El Día.
Hasta el momento, el expediente judicial reconstruyó que el acusado mantenía una relación sentimental y de sexo con Ramallo y que utilizaba redes sociales para organizar reuniones.
Según la causa, su gestión en esa área se extendió desde junio de 2016 hasta julio de 2017. Los documentos, a los que tuvo acceso Infobae, lo señalaban como un proxeneta que comercializaba cocaína a los clientes y que utilizaba como intermediarias a las trabajadoras sexuales, entre las que se encontraba Ramallo. Además, indicaron que él mantenía contacto directo con ellas, les suministraba la droga y aseguraba que las “protegía”.
El próximo 26 de septiembre se realizará una nueva audiencia, en donde se esperan sumar nuevos testigos que brinden información sobre los negocios relacionados con la trata de personas y el narcotráfico, que dirigían los imputados por el crimen. Respecto al juicio por el femicidio de la joven, está estipulado que este sea realizado en otro proceso separado.
A su vez se conoció la palabra de un taxista que trasladó a la víctima el día de su desaparición. En su testimonio, describió el trayecto desde el Hospital San Martín junto a una amiga, hasta llegar primero al barrio El Palihue y, finalmente, a la esquina de 1 y 63, donde la joven fue vista por última vez.
Ante el tribunal, reconoció haber pensado que era un viaje habitual, pero que había intuido que las mujeres iban a comprar drogas. De la misma forma, el hombre relató que supo de la desaparición de Ramallo tiempo después al cruzarse con Javier Novarini, imputado en otra causa derivada del expediente.
Hasta ahora, no se pudo determinar quién fue el responsable del femicidio de Johana. La última vez que se la vio con vida fue el 26 de julio de 2017.
En el expediente también se incluyeron las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio que registraron a la mujer mientras caminaba por la esquina de 1 y 63. En el video se la vio entrar al baño del lugar, pero, aparentemente, nunca habría salido de allí.
Antes de ese momento, ella les había dicho a su madre y a su hija que volvería alrededor de las 20:30 horas, pero no regresó. Dos meses antes, se había separado del padre de la niña, había vuelto a su casa y, debido a dificultades económicas, comenzó a ejercer la prostitución.
Durante el proceso judicial, su mamá, Marta Ramallo, sostuvo su reclamo por justicia ante los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. “Busco limpiar la memoria de Johana. Quiero saber qué le hicieron y que me digan qué pasó con su cuerpo”, suplicó.
