Pasan los días y el Gobierno todavía no promulga ni reglamenta la ley de Emergencia en Discapacidad. El presidente Javier Milei había vetado la normativa aludiendo a su costo fiscal y el Congreso lo rechazó por claro margen.
Cabe destacar que el Ejecutivo piensa judicializar la sanción, hacerle modificaciones al reglamento de la ley e incluso demorar su implementación para luego dar un debate en los tribunales ante el reclamo opositor.
Esos supuestos cambios en el contenido de lo votado por ambas cámaras se realizarían “para solo darle cumplimiento a lo que se pueda afrontar presupuestariamente”. Se trata de un tema que viene analizando la Procuración del Tesoro (abogados del Estado), a cargo de Santiago Castro Videla, y el resto de los funcionarios que responden al asesor Santiago Caputo. El artículo 19° de la ley de Discapacidad marca que la reglamentación debería realizarse “dentro de los treinta días de su sanción”.
Uno de las principales quejas del Gobierno están relacionados al otorgamiento de las pensiones no contributivas a todas las personas que tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD), actualmente contabilizadas en 1.900.000 personas. Se trata del pago de un monto equivalente al 70% de una jubilación mínima más un bono de $70.000.
En el marco de estos días de indefinición, la oposición muestra su alarma. El diputado peronista Daniel Arroyo, autor del proyecto, aseguró que para el Gobierno “no es opcional” el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, y que la tiene que “poner en marcha” a partir de la siguiente semana.
“El lunes, el Senado lo envió al Poder Ejecutivo y ya es ley. Una ley no es un consejo, es una obligación. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene la obligación de poner en marcha la ley, no es opcional la ley”, señaló.
“El Gobierno dijo primero que lo iba a judicializar. Me parece que está yendo para atrás con eso. Es absurdo, no hay manera de judicializar. Es una ley que cumplió todos los procedimientos”, agregó en declaraciones a Radio Splendid.
La oposición advierte interpelar y hasta echar a Guillermo Francos
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, criticó la falta de vigencia de la ley y apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable administrativo de esta demora.
“Tras haber vetado la ley de emergencia de discapacidad, el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, logró insistir con la ley, es decir, consiguió los dos tercios para que rija y sea ley. Lo que sigue es que el jefe de Gabinete de ministros, el señor Francos, cumpla. Tiene la obligación de cumplir con esa ley y entre lo que tiene que cumplir está la reasignación de partidas conforme a la ley, ya que él es el administrador general de las finanzas de la Nación”, señaló el legislador, en diálogo con MDZ.
“Él, si no hace eso, si no cumple con esa ley, el Congreso lo que puede hacer es llamarlo a una interpelación, es decir, a dar explicaciones y a responder preguntas de por qué no lo hizo”, señaló el cordobés y advirtió: “O incluso puede aplicar la moción de censura que establece el artículo 101 de la Constitución, que es, ni más ni menos, que un procedimiento para sacarlo del cargo habida cuenta que su figura”.
FUENTE: Mdzol
