Luego de que el Gobierno nacional vetara el aumento de jubilaciones y expresara su rechazo a la restitución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó una alternativa para redistribuir los fondos asignados a la provincia: suspender el pago de planes sociales a los extranjeros que no residen en el país.
“Vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”, denunció el mandatario sobre una situación que, según su punto de vista, sería frecuente en las provincias fronterizas.
Por este motivo, el gobernador consideró que sería necesario revisar el otorgamiento de asignaciones en regiones limítrofes. Por esto, sugirió la suspensión de todos los planes sociales en las zonas de frontera que fueran otorgados a extranjeros. Asimismo, indicó que los beneficiarios deberían acreditar una residencia real en la provincia y en el país.
De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Sáenz argumentó que esta medida permitiría “beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad”, ya que se evitaría “la cantidad de fondos que se regalan a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.
El planteo surgió a raíz de la reciente suspensión de beneficios para personas con discapacidad, que habría tenido un fuerte impacto para la población salteña. Por este motivo, el mandatario aseguró que la medida, implementada desde la Capital Federal, desconocería las particularidades de las provincias y provoca consecuencias graves para los sectores más vulnerables.
En palabras del gobernador, la decisión de interrumpir de manera indiscriminada tanto las pensiones como la cobertura médica y los insumos esenciales generó “una angustia muy grande” en los sectores afectados y representaría “una torpeza” administrativa.
En línea con esto, Sáenz subrayó que la geografía de Salta, caracterizada por extensos territorios y parajes alejados, dificultaría la notificación y el acceso a los trámites requeridos para mantener los beneficios. “No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente, que en la geografía de Salta, que tiene una geografía muy grande, donde hay parajes muy alejados”, explicó.
Por otro lado, el jefe de Estado provincial también defendió la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, tras justificar que la medida buscaba frenar la proliferación de “tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales”.
Incluso, sostuvo que este sistema debería implementarse en todos los hospitales públicos del país, ya que “en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden”. No obstante, aclaró que en situaciones de riesgo de vida, “por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender”.
De hecho, Salta fue la primera provincia del país en implementar un sistema de cobros para los extranjeros que buscaran acceder al sistema de salud nacional. La medida fue implementada a partir de febrero de 2024, varios meses antes de que la Nación replicara la medida en el resto del país.
Desde la implementación de este esquema, que contempla cobros sustanciales por internación y tratamientos especializados, la provincia experimentó una caída pronunciada en los llamados “tours sanitarios”, fenómeno que solía saturar los hospitales públicos.
El Ministerio de Salud de Salta reportó que, tras la entrada en vigor de la medida y su posterior ajuste del 20% en septiembre, la disminución de atenciones a extranjeros fue notoria en varios centros clave. E indicaron que en los dos primeros meses el hospital Tartagal registró una baja del 42,86%, el Materno Infantil del 55,26%, el Profesor Salvador Mazza del 95,45% y el hospital de San Ramón de la Nueva Orán casi el 90%.
Antes de la medida, los hospitales de la provincia atendían mensualmente a unos 3.300 extranjeros, lo que equivalía a más de 100 pacientes diarios, según explicó ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, tras apuntar que esto repercutía en que los residentes locales enfrentaran largas esperas para acceder a turnos médicos.
El ahorro fiscal derivado de esta reducción también fue subrayado por el jefe de la cartera sanitaria provincial, debido a que la menor demanda permitió al Estado provincial ahorrar alrededor de $60 millones solo en un hospital, cifra que representa casi el 50% del presupuesto total que recibe, por ejemplo, el hospital de Santa Victoria Este.
Además, detalló que “un día cama nos representa 65 mil pesos, un día común, y un día de terapia, 250 mil pesos”, tras señalar que “si uno hace el traslado y ve cuánto nos representaba un paciente extranjero, es importante. Lo mismo con los tratamientos odontológicos, que son tratamientos sumamente caros, sobre todo por los insumos”.
En cuanto a la política de cobro, Mangione precisó que “el que está radicado en Salta y paga los impuestos, es un salteño más y no se le cobra nada”. Asimismo, aclaró que el sistema estaría pensado para “el que viene de tránsito, que es muchísima gente, como tenemos el sistema automatizado con las historias clínicas, sabemos perfectamente quiénes son”. No obstante, concluyó que “las urgencias no se negocian, si está en riesgo de vida el paciente se lo atiende, y después vemos cómo lo cobramos”.
