Por primera vez una médica tocoginecóloga de un hospital público irá a juicio por violar el secreto profesional y denunciar penalmente a una joven pobre que había llegado a la guardia con un aborto en curso. Como castigo, además, le hizo un legrado sin anestesia. El caso sucedió en enero de 2012 en Tucumán –siete años antes de la sanción de la Ley de IVE– y fue revelado . La justicia de la provincia nunca quiso investigarlo hasta que la causa, que lleva adelante la mujer con el patrocinio de la Fundación Mujeres x Mujeres, llegó a la Corte Suprema de la Nación. En 2020, el máximo tribunal del país anuló la orden de archivo del expediente –dictada por la corte de Tucumán– y ordenó la reapertura de la investigación. El juicio estaba previsto para el 11 y 12 de septiembre. Pero sorpresivamente un juez tucumano volvió a ponerle freno. Ahora está en manos de la corte provincial resolver si finalmente la mujer, conocida como María Magdalena, tendrá acceso a justicia.
Antes que a Belén –que fue condenada en 2016 a 8 años de cárcel por “haber matado a su bebé” luego de sufrir un aborto espontáneo–, la justicia en Tucumán quiso juzgar y encarcelar a María Magdalena, por un hecho similar. Belén estuvo presa casi 900 días.
La médica acusada se llama Claudia Callejas. Luego de ser denunciada en Tucumán se mudó a Santa Cruz y atiende en un centro de salud público de El Calafate. En 2018, en el marco del debate por la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo, el Frente de Mujeres Juana Azurduy, junto a otras organizaciones de esa localidad santacruceña, revelaron que la ginecóloga escribía en sus redes sociales cosas como “por favor a todos los que tuvieron la posibilidad de nacer y ahora apoyan al aborto, les pido que vayan a una plaza pública y se peguen un tiro”.
Cuando todo estaba previsto para que el próximo jueves finalmente se concrete el juicio por violación del secreto profesional contra Callejas, el juez Guillermo Puig, a cargo del Juzgado Correccional Conclusional del Centro Judicial Capital, de Tucumán, hizo lugar a un pedido de suspensión presentado por la acusada. La médica alegó la prescripción del delito por el paso del tiempo, una cuestión que ya la corte de Tucumán le rechazó el año pasado. La decisión fue apelada y ahora otra vez la corte provincial debe resolver si se hace el juicio.
¿Qué le pasó a María Magdalena?
La joven, de 26 años, condición humilde y madre de tres hijos, llegó a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital tucumana, con dolores abdominales. La acompañaban su madre y su pareja. Estaba con un aborto en curso. La médica Callejas, a cargo de la guardia, la acusó de haberlo autoprovocado, la legró sin anestesia y la denunció ante la policía. Además, permitió que ingresaran a la sala de parturientas los uniformados, que quisieron obligarla a declarar: ella estaba semidesnuda. Esto ocurrió en 2012.
“María Magdalena ni siquiera sabía que estaba embarazada”, señaló Deza a Página 12. María Magdalena es un nombre ficticio para proteger su identidad. La joven relató que retiraba pastillas anticonceptivas en un centro de salud y se había hecho una ecografía abdominal un mes antes y no le habían informado que podría estar embarazada.
Como consecuencia de la denuncia en su contra, la joven fue imputada de “aborto provocado”. Y como parte de su defensa denunció a la jefa de Guardia y a otra médica que también la atendió por violación de secreto profesional y violencia institucional obstétrica.
María Magdalena tuvo que enfrentar entonces una causa por el delito de aborto en la cual terminó sobreseída, tres años después, en 2015.
Al mismo tiempo, la justicia tucumana hizo todo lo posible por cerrar la causa contra la médica. A mediados de ese año 2012, poco después de presentada la denuncia, el fiscal Arnoldo Suasnábar se negó a investigar y la archivó. Esa orden de archivo fue confirmada por el juez de Garantías, la Cámara Penal de Apelaciones (tribunal que ya no existe) y la Corte Suprema de Tucumán. Para recurrir esa orden de archivo la abogada Deza llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, el máximo tribunal ordenó reabrir el caso. En 2022, el fiscal de Delitos Complejos Mariano Fernández acusó a Callejas y sobreseyó a la otra médica por ser residente y considerar que estaba a las órdenes de la jefa de guardia.
“Se trata de un caso emblemático porque puso en agenda que la atención cuando ocurre un aborto espontáneo está atravesada por los mismos deberes éticos legales que cualquier otra atención médica y además, puso en evidencia la violación de la confidencialidad, que deben respetar los equipos de salud y que ha sido vehículo histórico para criminalizar mujeres en emergencias obstétricas”, consideró Deza. ¿Tendrá en algún momento justicia María Magdalena?
