Una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves la orden judicial que exigía el cierre del centro de detención migratoria conocido como “Alcatraz para Caimanes”, ubicado en el estado de Florida. En paralelo, el gobierno federal comenzó a trasladar personas migrantes a una prisión de máxima seguridad en Luisiana. Ambas medidas refuerzan un giro restrictivo en materia migratoria que recupera los lineamientos de la era Trump. El fallo original, emitido meses atrás por una jueza federal, disponía el cierre del centro antes de octubre, tras los reiterados cuestionamientos sobre las condiciones de detención. Sin embargo, la decisión de la Corte de Apelaciones deja esa orden en suspenso y permite mantener operativa la instalación, bautizada por como “Alcatraz para Caimanes” debido a su ubicación remota y las condiciones de aislamiento en las que permanecen los detenidos. En simultáneo, el gobierno estadounidense inició el traslado de personas migrantes hacia la prisión de máxima seguridad “Angola”, en el estado de Luisiana, la más grande del país. Se trata del penal más grande del país, con antecedentes históricos de abusos y violaciones a los derechos humanos. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el objetivo es ampliar la capacidad de alojamiento para migrantes considerados de “alto riesgo”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que ya se han trasladado 51 personas a la prisión y que se prevé aumentar la capacidad de alojamiento de 200 a 400 camas, con el apoyo del gobierno de Luisiana. “Tendremos las condiciones para tener acá a los migrantes y delincuentes del más alto riesgo”, afirmó la funcionaria durante una conferencia frente al centro de detención. El uso de prisiones estatales para alojar personas migrantes forma parte de los acuerdos firmados entre el gobierno federal y varios estados, entre ellos Florida, Luisiana e Indiana, y responde a una estrategia de fortalecimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Actualmente, Estados Unidos mantiene bajo custodia a más de 61.200 migrantes, según cifras recopiladas por el investigador Austin Kocher, de la Universidad de Syracuse. De ese total, el 45 por ciento no registra antecedentes penales.
