En el año 2005, integrantes de la Fundación Red Yaguareté denunciaron la venta ilegal de una piel de este animal en el Puerto de Frutos, en Tigre. Ese fue apenas el inicio de un largo camino. Veinte años después, el 14 de agosto pasado, cuatro hombres fueron condenados a dos años de prisión por cazar y carnear a un yaguareté en la provincia de Formosa.
El caso marcó un hito a nivel nacional: es la primera vez que en la Argentina se dicta una pena de prisión efectiva por la muerte de un animal declarado Monumento Natural Nacional, una figura legal que lo protege especialmente, y en peligro crítico de extinción. Se estima que en todo el país hoy 250 ejemplares. Además, los condenados deberán realizar una capacitación sobre la convivencia con esta especie y pagar una suma total de 20 millones de pesos (cinco millones cada uno), que será otorgada al Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa para ser destinada exclusivamente a un “Programa de Conservación Nacional de Yaguareté”.
En los fundamentos, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Pablo Morán, aseguró: “La muerte del yaguareté no es un daño singular: es una lesión de patrimonio biocultural común y al derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano (…) Proteger al yaguareté no es un gesto aislado: es preservar el equilibrio del ecosistema, la salud de la tierra y el agua, y el legado que debemos entregar intacto a quienes nos sucedan. Su pérdida no sería solo un daño a la naturaleza, sino una amputación a la memoria colectiva de la belleza que da sentido a nuestra existencia como Nación”.
Desde la ONG —que fue querellante en la causa junto a la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa— celebraron la sentencia, aunque advirtieron que debe ser solo un punto de partida. “Queremos que este caso sea el piso, no el techo. En la localidad de Clorinda, en diciembre de 2022, ocurrió un episodio muy similar que todavía investiga el mismo juzgado: si no llega a juicio, bajamos la vara. Y si llega a juicio y no hay condena, también. Ahora seguimos en dos direcciones: la primera es cambiar la ley para que las penas sean más estrictas; la segunda es que se desarrolle un plan de convivencia entre el yaguareté y las personas, que es la gran carencia de todos los planes que hay en Argentina. Si no hay convivencia, el yaguareté se extingue”, planteó a Infobae el director de la Fundación, Nicolás Lodeiro Ocampo.
El fallo constituye un avance histórico en la judicialización de delitos contra la fauna silvestre en Argentina, pero ¿es suficiente? ¿En qué medida la Ley 22.421, sancionada en 1981, responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? ¿Qué factores explican que en más de 45 causas previas no hubiera condenas efectivas? ¿Qué cambió esta vez?
Algunos datos para contextualizar
En la Argentina, los delitos ambientales se investigan a través de distintas autoridades. A nivel federal, la principal es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), creada en 2007 y dependiente del Ministerio Público Fiscal. También está el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), que actúa en tareas de prevención, patrullaje y apoyo en causas judiciales. En CABA, operan la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y la División de Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad. El trabajo que realizan estas últimas quedó en evidencia la semana pasada, cuando allanaron un local de Villa Crespo e incautaron más de 120 prendas de animales en extinción.
A pedido de Infobae, la UFIMA envió un listado con las 45 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté que llevaron adelante entre 2010 y 2023. Son actuaciones que, tras la etapa inicial, se derivaron en denuncias formales ante los juzgados competentes. Desde la Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo asegura que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que hay muchos otros casos que nunca llegaron a judicializarse.
El panorama que surge del relevamiento de los datos aportados por la UFIMA es claro: la caza se concentra en el Norte —con Salta (6 casos), Formosa (3) y Misiones (2) a la cabeza—, mientras que la comercialización aparece con fuerza en la provincia de Buenos Aires (8) y en CABA (3), es decir, donde está el mercado. En el medio, la tenencia de cueros completa la cadena, con registros sobre todo en Salta (4), Jujuy (2), Buenos Aires (2) y CABA (2).
La evolución de las denuncias muestra una curva irregular: el mayor pico se dio en 2013 (8 casos), seguido por 2010, 2012 y 2016 (6 cada uno). A partir de 2018 las cifras cayeron de manera sostenida —apenas dos casos por año hasta 2020—, con un mínimo de una sola denuncia en 2022 y otra en 2023. La baja no significa necesariamente menos delitos, sino demoras y subregistro: la mediana de tiempo entre el hecho y la denuncia judicial es de 40 días, aunque en algunos casos se extendió casi un año.
En 2021, directamente, no hubo registros en la base. Esa merma no significó menos riesgo para la especie, sino todo lo contrario: dos años antes, en 2019, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) declaró al yaguareté en “Peligro Crítico de Extinción”, un escalón más grave que la categoría de “En Peligro” vigente desde 2004.
El caso de Ibarreta: ¿qué cambió esta vez?
De las decenas de denuncias por caza o comercialización de yaguareté que se acumularon en las últimas dos décadas, solo el caso de Ibarreta, en Formosa, llegó a juicio y terminó con condena. Tres de los imputados cumplen la pena en arresto domiciliario con salidas laborales autorizadas y uno recibió la misma condena, pero en suspenso.
Para el juez federal Pablo Morán, la diferencia entre este caso y los anteriores estuvo en la prueba: los cazadores publicaron en sus redes sociales las imágenes del animal carneado. Esa imprudencia permitió identificarlos con rapidez y marcó un quiebre respecto de otras causas que suelen naufragar por falta de evidencia. “Muchas veces las redes sociales son la trampa en la que la gente cae por ego. Después de todo esto tal vez dejen de sacarse fotos, aunque sigan matando yaguaretés. Esperemos que no, pero es un riesgo”, señaló a Infobae el magistrado.
¿Por qué tres de los acusados terminaron presos, si la ley argentina permite que las penas menores a tres años se dejen en suspenso? “Porque estuvieron prófugos durante un mes y, a pesar de los allanamientos realizados, nunca aparecieron ni el arma ni el cuero del yaguareté. Es decir, había riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio”, indica Morán.
Desde 2019, Morán lleva adelante el Juzgado Federal N°1 en una provincia atravesada por causas de contrabando, narcotráfico y tráfico de armas. En ese contexto, reconoce que los delitos ambientales suelen quedar relegados: “La Justicia, como está tan abrumada, no les da la importancia que merecen y suele llegar tarde. En este caso, no puedo revivir al yaguareté, pero por lo menos se ha castigado a los culpables con una condena ejemplar”, reflexionó. Y sumó un matiz personal: “Yo soy de Lomas de Zamora. Cuando llegué a Formosa decidí que, cada vez que hubiera causas medioambientales, las iba a tomar y trabajar especialmente. Es un tema que me interesa, me apasiona y hasta se lo transmití a mis hijas. Me gusta trabajar para concientizar. Por otro lado, son delitos muy graves. El tráfico de fauna mueve muchísimo dinero y el tráfico de troncos o especies arbóreas, también”.
“Para hacer cumplir la ley hay que endurecer las penas”
Matar yaguaretés es ilegal en todo el país y se castiga con cárcel. El Artículo 25 de la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna, sancionada hace ya 45 años, establece entre cuatro meses y tres años de prisión para quien cace animales prohibidos, además de la inhabilitación para el uso de armas de cinco a diez años. En los hechos, eso se traduce en penas leves que, en la mayoría de los casos, terminan en suspenso.
Si bien hubo varios intentos por actualizar la normativa, ninguno prosperó. Tras la mediatización del caso de Ibarreta, el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, presentó un proyecto que no reforma la ley en su conjunto, pero sí busca agravar las penas: propone llevarlas a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo en todos los casos.
“Después de involucrarme con la Ley Conan me fui acercando al mundo de la fauna y descubrí la existencia de ciertas especies protegidas, los Monumentos Naturales (NdR.: el yaguareté, la Ballena Franca Austral, el Huemul y la Taruca), cuya conservación nos afecta a todos. El yaguareté es particularmente conmovedor: verlo provoca una reacción emocional inmediata y, cuando alguien lo mata para adquirir un trofeo, hay un consenso social claro de indignación”, explicó Arabia a Infobae.
Aunque podría redactar una nueva propuesta, el diputado sostiene que modificar solo las penas para endurecer las sanciones es la mejor estrategia: “Como dice el refrán: ‘El que mucho abarca, poco aprieta’. Si vamos a algo puntual es probable que se genere mayor consenso, tanto político como social”.
Respecto al debate parlamentario, el legislador reconoce que el Congreso Nacional está “atomizado” y apuesta a que el recambio legislativo de diciembre haga avanzar la iniciativa. “La única manera de hacer cumplir la ley es que las penas sean duras y ejemplares. No confío demasiado en cursos o capacitaciones: los jueces aplican las leyes que existen, y por eso es crucial modificar la legislación”, agregó.
Desde la Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo coincide en que el cambio de penas es una prioridad. “Lo que más nos importa es cambiar las penas. Después vemos todo lo demás. Apoyamos este proyecto no porque sea perfecto, sino porque es la oportunidad. Y ya hemos visto pasar varias oportunidades… El tiempo sigue transcurriendo y la especie se extingue. Cambiemos esto y después vemos cómo mejoramos el resto”, sostuvo.
Lo que viene
Además de endurecer las penas, el debate sobre el futuro del yaguareté en la Argentina se cruza con la necesidad de políticas públicas. En el fallo, se estableció que los condenados abonarán una suma de 20 millones de pesos que serán otorgados “al Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa, para ser destinados exclusivamente al Programa de Conservación del Yaguareté”.
Consultado al respecto, Morán indicó: “Es un proyecto que vamos a desarrollar con la Secretaría de Recursos Naturales de Formosa. Ellos ya tienen una base y la están trabajando”.
Desde Red Yaguareté piden más claridad. “Nos gustaría saber cómo se va a aprovechar ese dinero y cuáles son los resultados. La compra de cámaras trampa, algo en lo que se suele invertir, sirve para investigar, pero no para conservar. Necesitamos acciones que impacten en la supervivencia de la especie”, dijo Lodeiro Ocampo.
Mientras tanto, la Justicia formoseña sigue investigando el caso de Clorinda, ocurrido en diciembre de 2022. Al igual que en Ibarreta, el cazador registró la matanza del animal, pero no se filmó el rostro. Para quedar en libertad, hasta tanto se resuelva su situación procesal, debió abonar una caución de 3.770.000 de pesos. “No se logró encontrar el cuero del yaguareté, pero se están haciendo pericias para determinar si los videos publicados en redes corresponden al imputado”, detalló Morán.
El fallo de Ibarreta también incorporó una novedad: los cuatro condenados deberán asistir a una capacitación sobre convivencia entre personas y especies protegidas, abierta a la comunidad. Para Lodeiro Ocampo, ahí está la clave: “La gran carencia de todos los planes es la convivencia. Si no logramos que la gente aprenda a convivir con el yaguareté, el yaguareté se extingue. Lo que hace falta es un programa real, escrito, y del que puedan participar especialistas que tenemos experiencia en el tema. Con un plan de convivencia, ganamos todos”.
