El Gobierno tiró la piedra y se guardó: creen que la medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei grabada en la Casa Rosada fue un éxito. No porque hayan podido frenar la distribución de tales publicaciones, sino porque, están convencidos, lograron el motivo por el que impulsaron la medida en primer lugar: distraer la atención pública del caso de los audios de Diego Spagnuolo que señalan coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre todo, con la connivencia de la cúpula libertaria.
“Estamos hablando de eso y no estamos hablando de lo otro, ¿no?“, dijeron cerca de los Milei con satisfacción. En el círculo presidencial, la inquietud por la centralidad que adquirió el caso de los supuestos sobornos en contrataciones y compra de medicamentos escaló a lo largo de los últimos 15 días, y pasó de preocupación al grado de desesperación a fines de la semana pasada. La aparición de nuevas grabaciones con la voz de la hermana del Presidente empeoró los ánimos, pero fue la puerta de entrada para generar un nuevo operativo de distracción.
Con la presión de correr el eje de la discusión autoimpuesta, en la Casa Rosada decidieron pasar del plan de “dejar que actúe la Justicia” -que marcó Guillermo Francos al inicio del escándalo- a amenazar con una acción legal contra Spagnuolo, que por ahora no se concretó; a avanzar contra la prensa con una denuncia ante la Justicia Federal donde, entre otras cosas, se pidió que se allanara el piso del canal de streaming Carnaval, que publicó las grabaciones.
Esta última acción, admiten, es por demás inservible en términos prácticos, porque las grabaciones circularán en redes sociales de todas formas. Al igual, por ejemplo, que los videos creados con Inteligencia Artificial por los libertarios para perjudicar a PRO, que fueron publicados en X e Instagram violando la veda electoral en la última elección porteña, sin que ello provocara ninguna represalia.
Y en Balcarce 50 admiten que nunca esperaron que la denuncia y la posterior decisión del juez civil Alejandro Patricio Maraniello tuvieran efecto en censurar con efectividad -lo cual no significa que no lo consideraran deseable. Más bien, buscaban correr el eje de la discusión en la previa de las elecciones bonaerenses.
Esto les valió un sinfín de críticas, pero preferían ser señalados por atacar la libertad de expresión que por corrupción. “No es óptimo, pero es lo que hay”, dijo un asesor del Gobierno. Están convencidos de que “a nadie le importa” que ataquen a la prensa. Con las dádivas es otra cosa.
La jugada implicó sacrificar, una vez más, la imagen de defensores de la libertad. Pero además dejó traslucir que el caso Spagnuolo, a pesar de los intentos de minimizarlo, generó ansiedad en el Gobierno.
La controversia por las maniobras a través de la droguería Suizo Argentina, insisten en el Gobierno, no llevará a un cambio significativo de voluntades entre sus votantes, porque del otro lado está el kirchnerismo. Sí temen que baje la participación, un escenario en el cual -están convencidos- saldrían más perjudicados que el oficialismo de Axel Kicillof. Es por eso que en los videos de campaña de los días previos al cierre de la carrera -hoy- los funcionarios nacionales más populares -Patricia Bullrich y Manuel Adorni- pidieron a la gente que vaya al cuarto oscuro, con la consigna “cada voto cuenta”.
Mañana apelarán a un tema similar para desviar el foco: la seguridad del Presidente en el acto de Moreno previsto para hoy. Anoche ya deslizaron que habían decidido cambiar el evento de lugar, de un club en Moreno, a un lugar más cerrado. La semana pasada habían visto lo efectiva que resultó, aunque sea por unas horas, la indignación por los piedrazos que recibió el Presidente en la caravana por el centro de Lomas de Zamora. Esa que el jefe de Estado decidió mantener en pie a pesar de las advertencias, inclusive opositoras, de que podrían pergeñarse situaciones de violencia política.
En algunos sectores libertarios se tomaban las grabaciones con cierto grado de humor. Sobre todo, los críticos de los Menem, principales señalados en el caso de las coimas. “No podemos decir mucho porque es un asunto sensible que puede afectar la seguridad nacional”, dijo, con ironía, un colaborador nacional.
Poco después, la oposición en la Comisión Investigadora del caso $LIBRA aprobaba un reglamento que habilita, mediante la intervención de un juez, a usar la fuerza pública cuando un funcionario se niegue a presentar a declarar. Y volvía a citar a Karina Milei, junto a Adorni y a Francos, por el caso $LIBRA.
