Los dos pilotos de la avioneta procedente de Bolivia que fue abandonada en un campo de Santa Fe el pasado 3 de junio fueron condenados a 5 años de prisión por ingresar ilegalmente al país en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de moneda extranjera, ya que trasladaban 30.500 dólares.
Se trata de Mikjail Z. R. (30), de nacionalidad boliviana, y Milton Carlos A. E. (54), oriundo de Perú, quienes fueron aprehendidos tras el hecho a solo 700 metros del predio donde dejaron la avioneta, en la localidad santafesina de Estación Díaz.
El expediente se cerró en tres meses a través de un acuerdo pleno sobre los hechos, la calificación y la pena. Si bien la investigación indagó sobre la hipótesis del transporte de estupefacientes, no se hallaron pruebas en ese sentido.
Los acusados, por su parte, reconocieron su participación en los hechos y expresaron su conformidad con el acuerdo. En consecuencia, se les impuso la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir aeronaves durante 4 años a partir del cumplimiento de la pena de prisión.
En un juicio abreviado, fueron considerados coautores de los delitos de: contrabando de importación agravado; conducción de una aeronave que no contaba con habilitación y a sabiendas de la adulteración de su matrícula; y del cruce de la frontera nacional de manera clandestina y por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica, en concurso real.
Quiénes son los pilotos condenados
Tanto Mikjail Z. R. (30) como Milton Carlos A. E ya habían sido arrestados en 2020 y 2021 en operativos por tráfico aéreo de droga en Bolivia y México.
En la avioneta Cessna 182 Skylane abandonada, la Policía de Santa Fe incautó un GPS, un cargador con 14 cartuchos calibre 9 milímetros, una antena satelital Starlink, dos celulares, 30.500 dólares, 6.700 pesos argentinos, 450 pesos bolivianos y siete bidones de combustible.
Según pudo conocer Infobae, Mikjail Z. R. había sido detenido a comienzos de diciembre de 2021, cuando junto a otras dos personas se bajaron de una avioneta que aterrizó de manera forzada en una pista clandestina situada en la zona del municipio de Ixiamas, en el departamento de La Paz, y ardió en llamas. De ese avión, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia secuestró 480 kilos de droga, de acuerdo a publicaciones de medios de ese país.
En tanto, Milton Carlos A. E. fue uno de los cinco arrestados a finales de marzo de 2020 en la denominada “Zona Rosa” de la Ciudad de México como presunto integrante de una organización que se dedicaba a traficar droga hacia los Estados Unidos. Uno de sus compañeros estuvo sindicado, según el sitio web Excelsior, como el encargado de reclutar a los pilotos que hacían los vuelos con los bultos. Y otro de los arrestados, como quien mantenía contactos fluidos en Chicago, Ohio y Nueva York para llevar cocaína, marihuana y metanfetamina.
Según se determinó, el Cessna 182 investigado, antes de aterrizar, provenía de la zona de la localidad de Timbúes. Cerca de allí, en la comuna de Andino, el 30 de octubre del año pasado una avioneta con matrícula de Bolivia aterrizó con 480 kilos de cocaína que fue secuestrada en procedimiento de Gendarmería Nacional.
Ese avión había sido detectado por radares de la zona de la ciudad de Tostado, en el norte de Santa Fe, lo que motivó un monitoreo con “cazas interceptores” que lo hicieron bajar en el sur de la provincia. Una vez que la aeronave bajó, el piloto se dio a la fuga y agentes de la Sección de Investigaciones Antidroga de Gendarmería encontraron la droga. Una de las hipótesis es que detrás de ese vuelo estuvo una presunta banda narco de Rosario con mucha experiencia en este tipo de operaciones, y que tiene a sus principales cabecillas prófugos desde octubre de 2023.
El piloto resultó detenido al día siguiente por la Policía santafesina en inmediaciones del río Carcarañá. Se trata de Óscar Armando Caba Hurtado (57), un coronel retirado de la Fuerza Aérea boliviana que a finales de abril aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 7 años y 2 meses de prisión.
