Ernesto Cruz Cárdenas, el autoproclamado líder mapuche condenado por la toma de tierras ocurrida en 2020

El líder de la comunidad mapuche lof Pailako, Ernesto Cruz Cárdenas, y su pareja, Belén Salinas, fueron condenados a 3 años y 1 año y medio de prisión en suspenso, respectivamente, por la usurpación de tierras públicas en el Parque Nacional Los Alerces.

La Justicia Federal encontró responsables a ambos de la irrupción violenta en tierras públicas y la destrucción de infraestructura perteneciente al Estado nacional.

La defensa anticipó que apelará las condenas y solicitará la liberación de Cruz Cárdenas, quien permanece detenido tras entregarse a las autoridades luego de permanecer un tiempo en la clandestinidad. Salinas, por su parte, seguirá libre.

El caso llegó a la Justicia a partir de la denuncia que realizó la Administración de Parques Nacionales, que presentó pruebas para acreditar la irrupción violenta de los integrantes de esa comunidad.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, luego de la lectura del veredicto, aseguró que “si hay algo que queda claro a partir del fallo, es la subordinación de los jueces y fiscales al Poder político, a los poderosos, y en especial a los grandes latifundios”.

La causa comenzó en 2020 cuando los integrantes de la agrupación tomaron el control de la seccional de guardaparques El Maitenal y se adjudicaron a través de las redes sociales la supuesta “reivindicación territorial”.

Antes de reivindicar su origen mapuche, Cruz Cárdenas fue brigadista forestal

En lo sucesivo provocaron daños en instalaciones públicas y dañaron un puente. El juicio fue encabezado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto.

Durante el juicio, los imputados defendieron su arraigo ancestral y cuestionaron la metodología de Parques Nacionales. Hicieron foco en la preexistencia de sus familias en las tierras y criticaron la política de “hostigamiento” que impulsó Parques Nacionales desde su fundación.

La convicción mapuche de Cruz Cárdenas es reciente. Antes de acoplarse a una comunidad, se desempeñó como brigadista de incendios forestales, contratado por la misma administración a la que hoy cuestiona. Se alejó de la institución, dijo, por razones ideológicas.

La familia de Salinas reside en territorio público, aunque ella, como Cruz Cárdenas, avanzaron sobre una fracción mayor, en la que incluso tomaron el control de una seccional construida para Guardaparques.

La Fiscalía Federal, a cargo de Mariano Sánchez, hizo foco en cuatro hechos que la parte acusadora le endilga a Cruz Cárdenas, en dos de los cuales habría participado también su pareja Belén Salinas.

El primero de ellos es el despojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ocurrido el 22 de enero de 2020. La querella mencionó que para impedir el paso de los guardaparques, integrantes de la Lof Paillako – que luego se adjudicaron el caso- talaron árboles y con ellos bloquearon los caminos de acceso al lugar. Además, arrojaron piedras a los vehículos oficiales que se acercaban al retén improvisado.

El segundo hecho, atribuido únicamente a Cárdenas y a otros sujetos no identificados, es el intento de lesionar a una funcionaria de la misma jurisdicción y provocar daños en un vehículo perteneciente al organismo. Ocurrió, de acuerdo a la descripción del Ministerio Público, el 9 de septiembre del mismo año. En la lectura mencionó que los atacantes actuaron con los rostros cubiertos, arrojaron piedras y otros elementos contundentes, e impidieron la presencia en el lugar de los empleados estatales

El tercer episodio, en el que figura tanto Cruz Cárdenas como María Belén Salinas, ocurrió en junio de 2021 y fue el incendio de un puente de madera construido sobre el arroyo Cascada, provocando la inutilización del mismo durante varios meses.

Y el último hecho acusatorio ocurrió el mismo mes, cuando una guardaparque fue agredida por los encapuchados cuando se acercó al mismo puente, para constatar su estado. Los agresores intentaron lesionarla y ahora forma parte de la parte acusadora.

La defensa de ambos anticipó que gestionará la libertad de su defendido y apelará la sentencia. Mencionaron irregularidades durante el juicio, como el rechazo de las pruebas elevadas para su consideración.