El titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, comenzó este jueves por la mañana la indagatoria a los diez detenidos por la causa del fentanilo contaminado y pondrá el foco de la investigación, además, en las “omisiones y/o connivencias” de los órganos de control del Gobierno Nacional, según informaron fuentes judiciales . Ante este escenario, Kreplak ordenó la revocación del rol de la cartera sanitaria nacional como querellante en la causa.
Luego de una noche de allanamientos y detenciones, el juez comenzó la etapa de indagatorias de los directivos y directores técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que continuará este viernes y la semana próxima. Una vez concluidas las indagatorias, el juzgado tendrá diez días hábiles para determinar la situación procesal de los acusados y definir cuáles son los delitos. Serán indagadas las diez personas detenidas –Ariel Fernando García Furfaro, dueño de ambos laboratorios; sus hermanos DIego y Damián García, quienes llevan junto a Ariel el control de las actividades de los laboratorios; su madre, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano, los dos primeros directores técnicos de Laboratorios Ramallo y el último de HLB Pharma; y los accionistas y autoridades de Laboratorios Ramallo Horacio Tallarico –presidente–, y Rodolfo Labrusciano –director suplente–, y otras siete personas que fueron citadas por el juez.
Según fuentes judiciales, la fiscal María Laura Roteta pidió penas de entre diez y 25 años de cárcel para los imputados, encuadradas dentro del artículo 201 bis del Código Penal, que contempla muertes provocadas como consecuencia de envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Carlos Nayi, uno de los abogados de la querella, sostuvo este jueves que la causa “tiene piso pero no tiene techo”, dijo que estaba “muy conforme” y que “seguiremos trabajando porque llegó el momento de la justicia”.
En paralelo a las indagatorias sobre los responsables vinculados a los laboratorios, el juez Kreplak apuntó a investigar los órganos de control del Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el magistrado hizo lugar al pedido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del control de los laboratorios. Tal como informó el dictamen de la fiscalía, la PIA analizó 273 expedientes administrativos, cuyo dictamen permitió impulsar la acción penal para analizar la actuación del organismo regulador.
Kreplak advirtió que la primera etapa del proceso “permitió reunir los elementos de convicción suficientes para avanzar en la convocatoria en los términos del art. 294, CPPN, respecto de una cantidad considerable de individuos vinculados directamente con los laboratorios que produjeron la sustancia cuya adulteración se investiga en autos”. Luego agregó que la información reunida “ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.
Dada esta vertiente de la investigación, el magistrado sostuvo que “habrá de revocarse el rol de parte querellante que fuera concedido al Ministerio de Salud de la Nación”. “Resulta evidente con el devenir del proceso que el genérico interés por la salud pública que las autoridades sanitarias han alegado para ejercer el rol de acusador particular no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter”, dice el documento.
El otro eje de la investigación tiene que ver con la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y con posibles desvíos de fentanilo al mercado ilegal. Por tal motivo interviene también en la causa la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por Diego Iglesias. Fuentes vinculadas al universo de los laboratorios dijeron a este diario que dentro del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y de la Anmat quedan pocos inspectores idóneos y de alto nivel profesional para realizar tareas de control como en el presente caso, dado el proceso de desregulación y ajuste que sufrieron estos organismos. También indicaron que hay sospechas de corrupción y de funcionarios que piden coimas. Cabe recordar que la Anmat puso en marcha una inspección de los lotes contaminados en noviembre de 2024 y ordenó la inhibición del producto el 10 de febrero, pero los lotes ya se habían distribuído en enero.
Kreplak tomó la decisión de avanzar con los allanamientos y las detenciones luego de recibir un informe del instituto Anlis Malbrán. En ese documento se afirma que “el análisis de los registros de fabricación de los lotes de Fentanilo HLB 31202 y 31244 evidenció riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Estos riesgos fueron asociados por el Malbrán a tres órdenes: el proceso de producción, los tiempos de permanencia del personal y el control de calidad.
El dictamen fiscal hizo hincapié en las “falencias estructurales que se verificaron” durante los tres meses de investigación en los procesos de producción del fentanilo . Estas falencias fueron, según esta investigación, determinantes para que los lotes de fentanilo salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, lo cual expuso a miles de pacientes a un “riesgo sanitario concreto”.
