Tras la represión policial a trabajadores municipales que reclamaban mejoras salariales y condiciones laborales en la localidad de Hipólito Yrigoyen, y luego de que el viernes se firmara un acta acuerdo con el Ejecutivo local, ayer la secretaria general de la Seccional Orán de ATE, María Julia Pizola, y la secretaria de Género y Diversidad del Consejo Directivo Provincial, Florencia Pizola, informaron que tomaron conocimiento de manera informal de que existía un pedido de detención en su contra.
La información fue posteriormente confirmada por su abogado, quien constató que la fiscalía había solicitado la medida contra ambas dirigentes y otras personas que participaron del conflicto.
Sin embargo, hasta anoche no había una notificación formal. María Julia Pizola explicó a Salta/12 que una persona les avisó que había un pedido de detención. “Nuestro abogado fue a la Policía y confirmó que hay un pedido de detención para nosotras, pero ningún juez lo firmó”, indicó.
El abogado de la seccional sindical, Christian Villagrán, presentó una eximición de prisión. Según confirmó la dirigenta, otro de sus abogados está tramitando un recurso de amparo.
La fiscalía estaría acusando a las dirigentas y a una lista de trabajadores y trabajadoras municipales por “disturbios en poblado y resistencia a la autoridad”, pero ninguna fue imputada formalmente ni han tenido acceso directo al expediente. “No vimos la denuncia, no sabemos quién la presentó. Estimamos que proviene del municipio”, señaló María Julia. “Yo no la vi con mis propios ojos (…). El abogado nos plantea esto: que hay un pedido de detención y que es para once trabajadores en total, entre los que estamos nosotras“.
La preocupación se intensificó al constatar que la represión del jueves también se habría ejecutado sin orden judicial. “La Policía mostró solamente el pedido de una fiscal. Si reprimieron así, tranquilamente las detenciones se pueden llevar a cabo solamente con el pedido de la fiscal”, advirtió Pizola.
Desde distintos sectores gremiales se está organizando un repudio masivo. Gabriela Ochoa, referenta de la Agrupación Anusate, en diálogo con Salta/12 señaló: “Lo llamativo es que esta orden sale un día después de que la intendenta enviara a reprimir y que por ello tuvo que sentarse a dialogar con las dirigentas. Hoy sale con esto de la orden de detención a la secretaria de la Seccional ATE Orán y a la secretaria de Género de ATE) de la provincia. Para nosotros, esto es una clara política de acallar las voces de las mujeres que luchan”.
Durante la represión, tres trabajadores resultaron gravemente heridos por la Policía. Marcelo Azalle perdió el globo ocular y permanece internado con riesgo de meningitis.
María Julia Pizola indicó que el trabajador municipal Carlos Medina fue dado de alta pero continúa en tratamiento, mientras que un vecino de apellido Valdivieso, quien presenta desprendimiento parcial de retina, sigue bajo control médico.
“Nosotros estábamos esperando juntarnos, con todos los certificados de los compañeros y habíamos estipulado el martes para ir a Salta y presentar en todos los comités las denuncias pertinentes”, informó Pizola. También confirmaron contacto con integrantes del Comité contra la Tortura, que ya recibieron fotos y testimonios.
El conflicto en Irigoyen se originó por reclamos de recategorización, pase a planta y condiciones laborales dignas. “La recategorización, el pase a planta, la ropa, son todos pedidos que venimos rastreando desde hace mucho tiempo. Esto ya había calado en los otros municipios cercanos. Íbamos a empezar con las mismas luchas”, relató Pizola. “Hay trabajadoras que cobran entre 70 y 90 mil pesos por mes. Acá hay un contexto de pobreza estructural muy fuerte“, denunció.
La sindicalista también cuestionó el rol de la fiscalía en la represión: “La Policía reprime cuando hay una orden. Y la orden o viene de fiscalía o viene directamente del juzgado. Si fue la fiscal solamente, tranquilamente puede ordenar que nos detengan. Eso nos preocupa. Activamos todas las herramientas de difusión y los abogados, las acciones legales”, dijo la secretaria general de la seccional de Orán. Aunque sin la autorización de un juez, no habría legalidad para que se concreten las detenciones.
El viernes último, tras varios días de lucha, los trabajadores y las trabajadoras municipales habían logrado un acuerdo con la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera. El acta fue firmada en la Secretaría de Trabajo.
La secretaría general dijo que incluía el compromiso de no avanzar en medidas represivas ni de persecución. Por ello se sorprendieron, este sábado, ante la novedad de los pedidos de detención de la fiscalía. “Yo creo que el fin es amedrentar, disciplinar, judicializar, criminalizar la protesta de los trabajadores”, dijo María Julia.
Además, dijo que referentes nacionales de ATE están viajando a Orán para acompañarles. “Es realmente un gran alivio para nosotros, porque vamos a poder compartir este momento con ellos y sumar a su visión y su fuerza también”, concluyó.
