Nicolás Alejandro Toloza, un preso que estaba cumpliendo una pena de 16 años por el asesinato de un adolescente, volvió a ser condenado por orquestar el crimen de Alejo “Pipi” Bravo. No solo eso, sino que vio todo a través de una videollamada, donde el autor material sostenía el teléfono en una mano y el arma en la otra. La jueza María Trinidad Chiabrera homologó el acuerdo de juicio abreviado y su condena fue unificada en 24 años de prisión.
El crimen de Bravo ocurrió el 5 de abril de 2021. Su cuerpo, con tres disparos en el rostro, fue hallado en un descampado de Uriburu y Las Palmeras, un sector que en los últimos años se consolidó como escenario de ejecuciones y quema de vehículos, según informó el medio local Rosario3. La brutalidad del hecho y el contexto territorial reforzaron la hipótesis de un ajuste de cuentas mafioso.
Bravo, vecino de Empalme Graneros y con antecedentes por robo, fue interceptado por Julián Aguirre, el autor material del homicidio, tras salir de su domicilio en Pasaje Jacques al 900 bis. La Fiscalía reconstruyó que este hombre de 26 años lo llevó hasta el descampado y lo ejecutó, transmitiendo la secuencia por videollamada a Toloza, quien coordinaba la acción desde el pabellón 9 del penal de Piñero.
El acceso a teléfonos celulares dentro de la cárcel fue un elemento central en la causa, aunque la investigación no logró determinar cómo Toloza obtuvo el dispositivo ni si existió complicidad penitenciaria.
La evidencia principal incluyó el testimonio de un testigo reservado, quien aportó detalles sobre la mecánica del homicidio.
“Aguirre apuntó con el arma a Alejo y le efectuó dos disparos en la nuca, provocándole la muerte por destrucción cráneo-encefálica causada por proyectil de arma de fuego”, indica la acusación.
Toloza, también oriundo de Empalme Graneros, estaba detenido desde septiembre de 2020 y cumplía una condena de 16 años por el intento de asesinato de un adolescente, Rodrigo “Tin” V., y otros delitos. Con la nueva sentencia, la pena fue unificada en 24 años de prisión.
Su entorno familiar está marcado por la violencia: es hermano de Brian “Gordo” González, quien purga una condena de 16 años como partícipe del crimen de Analía “Any” Rivero, la promotora de 18 años asesinada en la puerta del boliche Stone de Capitán Bermúdez en 2014.
La investigación logró identificar a Julián Aguirre como el ejecutor del crimen. Este hombre, de 26 años y oriundo de barrio Ludueña, fue detenido semanas después del asesinato por portación de arma de fuego.
Su condena también fue alcanzada tras un juicio abreviado, pero quedó pendiente por cuestiones administrativas, pero su trayectoria delictiva dentro y fuera de la cárcel lo convirtió en un caso paradigmático.
Tras ingresar al penal de Piñero a mediados de 2021, menos de un año después fue imputado como uno de los líderes de una banda que cometió una serie de delitos violentos en la zona noroeste de Rosario. Entre los hechos atribuidos a este grupo figuran extorsiones, balaceras, homicidios y el control de búnkeres, todos instigados desde el ámbito penitenciario.
El caso de Aguirre se agravó con el tiempo. En junio de 2021, fue condenado en juicio abreviado a 3 años y 8 meses por portación de arma de fuego. Sin embargo, el uso de celulares desde prisión lo vinculó a nuevas investigaciones.
Un año después, el fiscal Pablo Socca lo imputó como uno de los cuatro jefes de una banda apadrinada por un integrante de Los Monos, junto con Andy Benítez, Mauro Gerez y Jonatan Almada.
Esta organización desplegó una ola de extorsiones y homicidios en Ludueña, en el marco de un enfrentamiento con otro grupo narco.
En noviembre del año pasado, Aguirre aceptó una pena de 20 años de prisión por coliderar la asociación ilícita, aunque aún enfrenta causas abiertas por delitos que podrían derivar en prisión perpetua.
