Tanto el INTA, el INTI, como el Conicet y todo el sistema científico-tecnológico nacional están siendo conmovidos por un supuesto proceso de concentración ministerial, en aras de mejorar y racionalizar su funcionamiento, dispuesto por el Poder Ejecutivo.
Sin duda, uno de los fundamentos de esta decisión radica en la debacle ocurrida a lo largo de muchas décadas – en particular en las tres últimas – donde las políticas asistenciales y laborales del país concertaron un dispendioso y arbitrario proceso de “asistencia social” con incremento de personal burocrático – a menudo de baja calidad y dudosa calificación – en las instituciones del Estado, incluidas las correspondientes al sistema científico-tecnológico y aún la mayoría de las universidades argentinas.
Las misiones y funciones específicas de cada organismo resultaron distorsionadas, de modo que estas erradas políticas afectaron los presupuestos financieros y redujeron la eficiencia de la producción científico-tecnológica, la trasferencia de conocimientos y por extensión, la eficacia de los sistemas educativos. De tal suerte, el empobrecimiento de nuestro país no sólo fue económico, sino también cultural y político.
Tradicionalmente, la dinámica de evaluación institucional se centró en la calidad y cantidad de las producciones científico-tecnológicas, juzgada a través de respectivos especialistas de máxima jerarquía en cada disciplina. En los hechos, esta tesitura también resultó avasallada por criterios político-partidarios o directamente prostituida por estafas, negociados y toda clase de corruptelas que a muchos investigadores y especialistas que se atrevieron a denunciarlas, se los castigó con la destitución, el éxodo y hasta el exilio fuera del país. Un ejemplo tan atroz como paradigmático fue la desesperación que llevó al Doctor René Favaloro al suicidio.
Ahora bien, la corrección de estos acontecimientos que afectaron a todo el sistema científico-tecnológico argentino, no debería realizarse con el mero cierre o desguace de las instituciones, o peor aún, con subsumirlas en ministerios o secretarías de Estado en un inapropiado rejunte de mayor envergadura burocrática. A nuestro modesto entender, aún cabe la posibilidad de que en cada una de estas instituciones se convoque a especialistas del tema – internos, exilados o aún del exterior – que procedieran a una evaluación exhaustiva de cada una. Siempre ha sido un axioma válido que los juicios de valor sean emitidos por “pares” de la más alta calificación científica posible, esto es investigadores y científicos intachables.
Sería equivocado que, desde la conducción política del Estado, aún por parte de representantes del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, se tomaran decisiones de fondo, cuando es evidente que su representación y legitimidad corre por perfiles de desempeño muy distintos a los quehaceres, avances y evaluaciones idóneas, respecto a las instituciones científico-tecnológicas. La motosierra es una herramienta muy útil en diversas oportunidades. Pero si algo caracteriza a la verdadera ciencia y tecnología, es la evaluación serena, la ponderación equilibrada y el juicio justo. El gaucho argentino sabe que cualquier caballo, por arisco que parezca, siempre tiene un freno y tratamiento apropiado. Los golpes, espuelas e insultos no caben para el caso.
