Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha endurecido su política migratoria con nuevas órdenes para aumentar las detenciones diarias de migrantes y acelerar las deportaciones. Sin embargo, a medida que avanza en ese camino, crecen las denuncias de migrantes y organizaciones civiles y de derechos humanos sobre condiciones inhumanas en los centros de detención y casos de maltrato.
En sus primeros seis meses de gestión, la Administración trumpista ha aumentado los fondos destinados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para multiplicar las redadas. En Los Ángeles, esta suba provocó masivas protestas que desencadenaron el envío de la Guardia Nacional y miles de marines contra la voluntad de las autoridades locales. El mandatario ha eliminado el Estatus de Protección Temporal a migrantes oriundos de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y Afganistán, dejando a cientos de miles en riesgo de perder su estatus legal. También ha autorizado deportaciones a terceros países y el envío de decenas de personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —una cárcel de máxima seguridad en El Salvador—, a centros de detención en la base naval de Guantánamo (Cuba), y al llamado “Alcatraz Caimán”, en Florida.
Gonzalo Fiore Viani, Doctor en Relaciones Internacionales (CONICET), indicó que el balance de estos seis meses de gobierno es negativo, tanto desde el punto de vista humanitario como institucional. “Trump ha profundizado su enfoque punitivo y xenófobo, llevando la política migratoria a un extremo sin precedentes. Ya no se trata solamente de reforzar fronteras o endurecer trámites: ahora se busca criminalizar la migración como fenómeno en sí mismo, y convertir al migrante en chivo expiatorio de todos los males nacionales”, explicó. “Lo más preocupante es que todo esto se hace con apoyo popular en parte del electorado y con una retórica que deshumaniza y banaliza el sufrimiento”, remarcó.
Hacinamiento y abusos
A principios de esta semana, Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones civiles presentaron un informe en el que denuncian que los migrantes trasladados a los centros de detención de Florida se encuentran bajo condiciones de hacinamiento y abusos, incluso llevando a la muerte. El documento incluye entrevistas a 17 migrantes detenidos allí desde el 20 de enero, día en el que Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos.
Según el informe, en el Centro Federal de Detención de Miami los detenidos fueron obligados a comer esposados, sin poder usar las manos. Un ciudadano británico, Harpinder Chauhan, detenido en una redada de forma arbitraria, denunció a HRW: “Tuvimos que inclinarnos y comer con la boca, como perros”. Entre los casos documentados, se informa que los detenidos en el Centro de Detención Krome fueron mantenidos en celdas heladas y superpobladas, sin ropa de cama ni higiene básica, y fueron sometidos a encadenamientos prolongados durante los traslados.
Grupos civiles denunciaron el 18 de julio la insalubridad del centro de detención migratorio “Alligator Alcatraz” y afirmaron que al menos seis personas fueron hospitalizadas a causa de ello. “Los detenidos reportan dormir en espacios hacinados, beber agua de salidas conectadas a los inodoros, exposición constante a la luz, y negación de atención médica. Además, se han registrado desbordes de aguas cloacales que inundan las jaulas con heces”, detallaron en un comunicado las organizaciones, entre las que se encuentra la Coalición de Inmigrantes de Florida.
El centro fue construido de forma récord en apenas unos días sobre una pista aérea remota y abandonada en medio del humedal de los Everglades, refugio de caimanes, pitones y también de varias especies de fauna y flora protegidas. “Al encarcelar a personas inocentes en carpas rodeadas de alambrados con púas, sin saneamiento adecuado, esto no es otra cosa que un campo de concentración. Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro propio patio trasero”, expresó en la nota el doctor Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Response. “La exposición prolongada al calor no solo facilita la propagación de gérmenes y virus, sino que puede causar problemas graves de salud, incluso paro cardíaco”, agregó el comunicado.
“Miedo para disuadir”
Para Fiore Viani, la situación que denuncian las ONG y los migrantes no se trata de fallas accidentales ni de un sistema colapsado: es una estrategia deliberada. “Trump necesita generar miedo para disuadir, y para eso se vale del castigo ejemplificador. Las condiciones inhumanas en centros de detención no son una anomalía: son el mensaje. El traslado de migrantes a prisiones no es casualidad, sino un gesto político que apunta a disuadir futuros flujos migratorios a través del terror”, señaló el Doctor en Relaciones Internacionales.
“La administración busca mostrar fuerza y control, aún a costa de vulnerar derechos humanos básicos. El sufrimiento se convierte en escenografía. Es una lógica disciplinaria más cercana al autoritarismo tecnocrático que a una democracia liberal”, subrayó el analista. “Por supuesto que el sistema migratorio estadounidense ya tenía problemas antes, pero lo que vemos ahora es una utilización intencional de esas fallas para construir poder político”, aclaró.
Según Fiore Viani, a nivel internacional se empieza a percibir a Estados Unidos ya no como un país de acogida o de libertades, sino como una potencia que castiga y expulsa. “A nivel global, la imagen estadounidense como defensor de los derechos humanos ha quedado seriamente erosionada”, sostuvo. “La política migratoria trumpista alimenta la narrativa de que EE.UU. actúa con doble moral: exige respeto a los derechos en otros países mientras los vulnera sistemáticamente en su propio territorio”, afirmó.
Maltratos en El Salvador
Los migrantes también han denunciado las condiciones de detención en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Unos 252 venezolanos terminaron en ese país el 16 de marzo, luego de que Trump aceptara pagar seis millones de dólares a su par salvadoreño, Nayib Bukele, para albergarlos en el CECOT, acusándolos sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. La semana pasada el gobierno de Venezuela pudo repatriarlos a todos, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses presos en su territorio.
Rafael Martínez, uno de los repatriados, señaló a la cadena de noticias CNN: “Nunca supimos por qué estábamos ahí. No éramos salvadoreños. Nos estaban juzgando como terroristas sin haber pisado El Salvador. Éramos inmigrantes”. José Mora, otro de los detenidos contó a ese medio que dormían en camas sin colchón y que las autoridades del lugar buscaban que se enfermaran por el frío. “Solo permitían bañarse a las 4 de la mañana. Después de esa hora, si te veían bañándote, te castigaban. Te quitaban el jabón, te quitaban la comida. El desayuno eran frijoles con tortillas. Si no te lo comías, te daban golpes”, detalló.
Carlos Uzcátegui, un migrante que se fundió en un abrazo con su esposa y su hijastra apenas pisó suelo venezolano después de haber pasado cuatro meses preso en El Salvador, indicó que extrañaba mucho a su familia. “Todos los días le pedía a Dios la bendición de liberarnos de ahí para estar con mis seres queridos. Todos los días me despertaba viendo las rejas deseando no estar ahí”, dijo el hombre de 33 años, en declaraciones recogidas por The Independent. “Nos golpeaban, nos daban patadas. Incluso tengo bastantes golpes en la panza”, comentó y posteriormente mostró el lado izquierdo del abdomen para dar cuenta que tenía algunos moretones.
