Al menos 17 personas fueron detenidas durante un operativo policial que buscó desalojar una protesta mapuche frente a la Gobernación de Neuquén que piden personería jurídica para cuatro de sus comunidades, varias de las cuales están en la zona de Vaca Muerta.
“No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”, comunicó la Confederación Mapuche de Neuquén en comunicado tras los incidentes. El mensaje, dirigido al gobernador Rolando Figueroa, resume la tensión que se vivió este domingo en la capital provincial y expone el trasfondo de un conflicto que involucra derechos, identidad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
La intervención policial se produjo tras una orden firmada por el fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, quien otorgó a los manifestantes un plazo de dos horas para retirarse voluntariamente. Al no acatar la intimación, la policía procedió al desalojo, que incluyó la participación de 120 agentes, la Policía Metropolitana, la policía motorizada, bomberos y ambulancias, y el establecimiento de un perímetro de 200 metros para bloquear el tránsito.
El operativo, que se desarrolló cerca del mediodía, estuvo marcado por momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad, los manifestantes y quienes se acercaron a respaldar el reclamo.
Según la información oficial difundida por el gobierno a diario Río Negro, 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría 2° y seis mujeres, a la Comisaría 17°. Sin embargo, la Confederación Mapuche y organizaciones acompañantes sostienen que el número de detenidos asciende a 22.
Además, el gobierno reportó que un policía, el comisario inspector Marcos Mazzone, resultó herido tras ser mordido por una persona que se resistía, mientras que los manifestantes denunciaron que un niño debió recibir atención médica en el hospital Castro Rendón.
El trasfondo del conflicto radica en la demanda de reconocimiento legal de las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). Actualmente, estas comunidades carecen de los documentos que las reconozcan oficialmente, lo que las excluye de los relevamientos territoriales y les impide exigir la aplicación de la consulta previa, libre e informada.
En un comunicado difundido el jueves, los referentes mapuches señalaron que el gobernador “dice que si entrega las personerías pierde autoridad y poder político. Que 290 días de espera paciente es poco». El gobierno se había comprometido a tramitar los reconocimientos en un acta firmada por el ministro Jorge Tobares en septiembre del año pasado.
El sábado, la administración provincial anticipó que denunciaría penalmente a los grupos involucrados por “alterar la paz social” mediante el bloqueo de accesos y la ocupación de una oficina pública. Argumentó que las comunidades no cumplieron con los requisitos legales para el trámite y que, por esa razón, serían llevadas ante la Justicia.
El domingo, la policía ejecutó la orden de desalojo, y tras cumplirse el plazo de dos horas a las 11.35, regresó para insistir en el retiro voluntario. Ante la negativa, se inició el desalojo forzoso.
Desde la Confederación Mapuche, la respuesta fue directa: “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos». Además, convocaron a la sociedad a solidarizarse con las comunidades y a exigir al gobernador el cumplimiento de la ley.
El gobierno aseguró a Río Negro que “se intentó en todo momento generar una mesa de diálogo”. Incluso, el sábado se solicitó la mediación del obispo Fernando Croxatto, pero el intento fracasó. Según la versión oficial, “no hubo posibilidad por la posición intransigente de las comunidades”.
La protesta, que comenzó el martes, se centró en la esquina de Roca y Rioja, en pleno centro de Neuquén capital. El reclamo por las personerías jurídicas no solo implica el reconocimiento formal de las comunidades, sino también su inclusión en políticas públicas y la garantía de derechos colectivos. La falta de documentación oficial las deja fuera de los procesos de relevamiento territorial y limita su capacidad de exigir la consulta previa sobre proyectos que afectan sus territorios.
El conflicto, que escaló hasta el desalojo forzoso y la detención de manifestantes, expone la distancia entre las demandas de los pueblos originarios y la respuesta estatal. La Confederación Mapuche insiste en que la ley debe ser un instrumento de justicia y no de represión, mientras el gobierno provincial sostiene que agotó las instancias de diálogo y actuó en defensa de la paz social.
